Amnistía discutida

Por imprevista, la amnistía fiscal propuesta por el Ejecutivo del PP se ha convertido en seria candidata a condicionar la discusión presupuestaria. La rotundidad del formato elegido en un asunto tan sensible trasluce cierta improvisación que, de no remediarse en el trámite parlamentario, abrirá una enorme brecha en el prestigio del Gobierno. Los presupuestos evitaron inicialmente la convergencia de protestas de sectores como los funcionarios (no se les rebaja el sueldo), pensionistas (que pierden capacidad adquisitiva, pero por la vía indirecta del alza del IRPF), pacientes (al excluirse el copago) y parados acogidos al seguro de desempleo (al menos por el momento). Las provincias forales de Euskadi y de Navarra, que tienen la competencia fiscal para ello, rechazan la decisión del Gobierno. El trazo grueso de la amnistía amenaza con convertirse en el sustitutivo de malestares postergados y arrastrados desde el comienzo de la crisis.

Ante el grave deterioro de las finanzas públicas y la concentración del interés mundial sobre el déficit presupuestario español, sería infantil descartar de entrada recurso fiscal alguno, por discutible que sea, como lo es el que puede generar esta medida. Pero a condición de aplicarla con mucha seriedad, bastante equilibrio y un mínimo de equidad: huelga la ya consabida cantinela populista de “no nos gusta, pero nos vemos obligados”. Significa que un perdón fiscal solo debe utilizarse como último recurso, no como mera alternativa a un alza del IVA —inconveniente en etapa recesiva—, pues existen otros nichos de renta o patrimonio susceptibles de fiscalizar. Equilibrio implica que el diseño de la amnistía la haga atractiva al mismo tiempo para los evasores arrepentidos y para el Tesoro público. El tipo liberatorio decidido, del 10%, aparenta ser goloso para los primeros, aunque quizá algunos de los patrimonios extraterrados hayan sufrido pérdidas y les pueda interesar más una regularización individual de las habituales.

Pero es menos productiva para Hacienda: los mejores precedentes, tanto en España como en Alemania u otros países, contemplaban tipos más altos (en torno al 25%) o contrapartidas más severas (compra de deuda pública a bajo interés y a largo plazo). Y, sobre todo, la repatriación de los capitales como fórmula adicional de dinamizar la economía.

Una operación así no puede, por esencia, entrañar la máxima equidad, siempre deseable. Precisamente el desequilibrio de su formato contrariará a la mayoría de los ciudadanos fiscalmente responsables, a quienes simultáneamente se les aumentan los impuestos (IRPF). Es un incentivo a la desafección fiscal, porque premia en exceso el retorno (limitado) del hijo pródigo a costa del cumplidor. Y puede deteriorar la eficiencia de la medida, contra el aumento de recaudación pretendido. Hará bien el Gobierno en reconsiderar los detalles de la medida. En los detalles está el diablo.