El metro de Bogotá regresa a la batalla política por los túneles

El presidente, Gustavo Petro, tiene una puerta abierta para ganar, o por lo menos tomar la iniciativa, en su pelea contra el metro elevado que contrató el exalcalde bogotano Enrique Peñalosa. El resultado comenzará a vislumbrarse cuando se reúna este miércoles con la alcaldesa, Claudia López. Discutirán las cinco alternativas que presentaron los contratistas chinos de la primera línea del metro para soterrar por lo menos un tramo, según informó en la mañana del lunes el periódico El Tiempo. Petro ha batallado desde que fue alcalde para que el metro sea subterráneo. No parece fácil que l...

El presidente, Gustavo Petro, tiene una puerta abierta para ganar, o por lo menos tomar la iniciativa, en su pelea contra el metro elevado que contrató el exalcalde bogotano Enrique Peñalosa. El resultado comenzará a vislumbrarse cuando se reúna este miércoles con la alcaldesa, Claudia López. Discutirán las cinco alternativas que presentaron los contratistas chinos de la primera línea del metro para soterrar por lo menos un tramo, según informó en la mañana del lunes el periódico El Tiempo. Petro ha batallado desde que fue alcalde para que el metro sea subterráneo. No parece fácil que logre convencer a López, que quiere avanzar lo más rápido posible en concretar la obra que los bogotanos anhelan desde hace casi un siglo. Esto con el trasfondo de las elecciones locales de octubre, cuando posiblemente se enfrenten un candidato petrista, uno cercano a la alcaldesa y otros más de derecha, por el segundo cargo electo más poderoso de Colombia.

Como alcalde, entre 2012 y 2015, Petro avanzó en años de estudios y acordó con el entonces presidente Juan Manuel Santos la cofinanciación de un proyecto de metro subterráneo que quedó casi listo. Pero no alcanzó a licitarlo. El alcalde que lo sucedió, Enrique Peñalosa, modificó el tipo de obra y licitó una línea con un trazado muy similar pero elevado, con el objetivo de ahorrar costos. Avanzó con la alternativa actual: 23,9 kilómetros, inicialmente a nivel desde el Portal de las Américas en el suroccidente hasta el centro de la ciudad, y luego elevado por el borde oriental, la zona más densa de la ciudad, hasta la calle 78, con una parte significativa por la Avenida Caracas.

López manifestó su preferencia por un metro subterráneo en la campaña que ganó en 2019, pero cuando se posesionó en enero de 2020 ya Peñalosa había licitado la obra y había un acuerdo firmado con el consorcio chino APCA Transmimetro. Quedaban pocas alternativas si quería cumplir el objetivo de que Bogotá inaugure el anhelado metro en 2028, cuando ella ya no sea la alcaldesa. “La primera línea no es un sueño, no es un proyecto, es un contrato que va al 18%. El metro va y va ya”, aseguró hace unos meses. Dar marcha atrás es difícil: avanza en estos momentos la construcción de un patio taller en el suroriente y de un intercambiador en la calle 72. Además, la Empresa Metro ha comprado decenas de predios y demolido construcciones en varios puntos del trazado.

Hace unas semanas, el presidente se reunió con la alcaldesa para reflotar su aspiración de hacer subterránea al menos una parte de la primera línea, y de ser posible llevarla más al norte, hasta la calle 100. La alcaldesa no se cerró a la posibilidad, aunque aseguró que el Gobierno nacional deberá encargarse de conseguir los recursos adicionales que hagan falta. El consorcio chino avanzó con un estudio sobre las alternativas y sus sobrecostes y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) contrató la semana pasada al exconsejero de Estado y abogado Enrique Gil Botero para evaluar la viabilidad jurídica de modificar el contrato de concesión.

La espera por las opciones ha llegado a su final. Según El Tiempo, APCA ha sugerido cinco opciones, que retrasarían la puesta en funcionamiento de la primera línea. La más económica ronda los 8,2 billones de pesos (alrededor de 1.800 millones de dólares) y contempla un tramo subterráneo entre la calle 1A Sur y la 72, sin extender la línea al norte. En el otro extremo, la más costosa extiende el trayecto por debajo de la tierra hasta la calle 100 y eleva el presupuesto adicional a 17 billones de pesos (unos 3.700 millones de dólares).

Las opciones intermedias reducen en diferentes partes el tramo subterráneo de la propuesta más ambiciosa. Una alternativa de 12 billones de pesos comienza la parte soterrada en la calle 45 y la termina en la calle 100. Otra, por 11 billones, establece un comienzo en la avenida Primero de Mayo y un final en la calle 72. Finalmente, una última propuesta es quizá la menos radical: mantener la obra como está y construir por 10 billones de pesos un tramo subterráneo adicional entre las calles 71 y 100. Esta última podría permitir que el tramo ya licitado comience a funcionar en 2028.

Peñalosa, contra el “capricho frívolo” de Petro

El exalcalde Peñalosa no tardó en reaccionar a las cinco propuestas que se conocieron el lunes. Estaba furioso, según evidenció en una catarata de mensajes en Twitter. “Los colombianos juzgarán si les parece correcto pagar más de 15 billones y demorar varios años el proyecto por el capricho frívolo de Petro”, declaró antes de remarcar que él fue el único alcalde que logró la firma de un contrato. Para Peñalosa, los ciudadanos más pobres del país expresarían su enojo si entendiesen las implicaciones de los costos: “Marcharían para oponerse y lograr que más bien se invierta en sus departamentos”.

El exsenador Gustavo Bolívar, uno de los posibles candidatos petristas a la Alcaldía, fue uno de los que salió en defensa del presidente. Llamó “cínico” a Peñalosa y afirmó en Twitter que Petro busca salvar a la Avenida Caracas de “la tugurización, el ensombrecimiento y los malos olores” que presuntamente provocará el metro elevado. La alcaldesa, por su parte, reiteró que 4.000 trabajadores avanzan con las obras y que este año espera licitar la segunda línea, que unirá en un trayecto subterráneo el occidente de la ciudad con el céntrico barrio de Chapinero, donde se conectará con la primera línea.

Otros políticos distritales consultados por este periódico han sido enfáticos en criticar el metro elevado de Peñalosa, mientras sostienen que ya no hay alternativa. El rival de López en las últimas elecciones, Carlos Fernando Galán, comenta por teléfono que jurídicamente es “riesgoso” replantear radicalmente un proyecto cuando ya hubo una licitación y un contrato. Además, señala que es “obvio” que el consorcio chino ofrecerá alternativas si es el único que puede hacerlo y no tiene necesidad de competir. “Lo que más me preocupa es que abramos una discusión que aplace el proyecto, con un costo inviable para Bogotá y la Nación”, remarca.

Todos hacen un análisis de costos y beneficios. El exsenador Rodrigo Lara Restrepo critica el proyecto actual desde varios frentes: considera que es “un desastre urbanístico” para los vecinos, que tiene estaciones demasiado espaciadas y que se hizo en altura solo para armar centros comerciales en las estaciones. Según él, un metro elevado solo tiene sentido en ciudades con baja densidad demográfica y en las periferias. No obstante, argumenta que no se puede dar marcha atrás porque el costo es demasiado elevado. “Con ese dinero haría una tercera línea e intentaría mitigar el desastre urbanístico de la primera”, enfatiza por teléfono.

Cerca de Claudia López la prioridad es poder avanzar porque los bogotanos “quieren metro y lo quieren ya”, según comenta por teléfono Luis Ernesto Gómez, su exsecretario de Gobierno y posible candidato a la Alcaldía. Le preocupa, sobre todo, la posibilidad de tener que hacer una nueva licitación por un monto adicional tan alto (la ley colombiana solo permite hacer adiciones hasta por el 50% del valor original de un proyecto). Sin embargo, Gómez no ve con malos ojos la opción de extender la línea con un tramo subterráneo hasta la calle 100. “Es un gana-gana. No tiene por qué cambiar el cronograma actual y permite que los recursos nuevos sean para obtener más metro”, señala.

Petro se enfrentará a varios dilemas en la reunión del miércoles, a su regreso de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Buenos Aires. Para Lara, el presidente debe meditar cómo evitar “un limbo” y evaluar “el costo político” de ser visto como responsable de un aplazo que puede demorar la inauguración hasta 2035. Por otro lado, tendrá sobre la mesa la posibilidad de recuperar parte de uno de sus proyectos insignia como alcalde. Gómez reconoce como válido el apego emocional que tendrá que enfrentar su jefa política: “Él sabe que la opción subterránea era la mejor opción, él la diseñó, y es razonable que ahora que es presidente pidiese al consorcio analizar los costos de las alternativas. Pero ahora, que hay un análisis con propuestas, hay que tomar una decisión”.

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