La justicia reitera que la Fiscalía no puede archivar el caso penal contra Uribe
Aunque la Fiscalía pidió por segunda vez la preclusión del caso contra el expresidente por soborno y fraude procesal, una juez decidió en contra porque hay dudas suficientes sobre su actuar
La justicia ha dicho, por segunda vez, que no es posible archivar el caso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos. Los delitos puntuales por los que ha sido acusado el exmandatario son fraude procesal y soborno, en un caso legal que lleva más de una década en los tribunales, pero que se ha convertido en un verdadero laberinto.
La decisión judicial de este martes estuvo en manos de la jueza 41 penal del circuito de Bogotá, Laura Barrera, quien analizó los argumentos de la Fiscalía, institución que ha argumentado a favor de archivar la investigac...
La justicia ha dicho, por segunda vez, que no es posible archivar el caso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos. Los delitos puntuales por los que ha sido acusado el exmandatario son fraude procesal y soborno, en un caso legal que lleva más de una década en los tribunales, pero que se ha convertido en un verdadero laberinto.
La decisión judicial de este martes estuvo en manos de la jueza 41 penal del circuito de Bogotá, Laura Barrera, quien analizó los argumentos de la Fiscalía, institución que ha argumentado a favor de archivar la investigación contra Uribe. Es la segunda vez que la Fiscalía hace este pedido, y la segunda vez que es rechazado por la justicia: en abril del 2022 otra jueza, Carmen Ortiz, falló a favor de las víctimas del caso, diciendo que la investigación no podía cerrarse y que la Fiscalía había desestimado las pruebas en contra del expresidente. La nueva jueza dijo algo parecido: que hay suficiente evidencia para que la Fiscalía siga investigando a Uribe o lo lleve a un juicio penal. Explicó que solo se debe precluir en caso de que las pruebas no dejen absolutamente ninguna duda sobre la inocencia del expresidente. Y las dudas se mantienen, así que el caso debe mantenerse también.
“Existen elementos probatorios que permiten afirmar con probabilidad de verdad que el delito de soborno sí existió y que no está desvirtuado que Álvaro Uribe Vélez participó”, dijo Barrera.
El caso contra Álvaro Uribe arrancó en 2018, cuando él era senador, y la Corte Suprema le dio un giro a una demanda penal que él había interpuesto contra el senador de izquierda Iván Cepeda por manipulación de testigos —este último había insistido que el expresidente tenía nexos con los exparamilitares, o AUC, en particular con el Bloque Metro, y tenía varios testimonios para demostrarlo―. La Corte, al investigar el caso, consideró que quien podía estar falseando información era el expresidente: encontró evidencia que apuntaba a la manipulación de testigos por parte de Uribe para enlodar a Cepeda. En agosto del 2020 la Corte incluso consideró que había que detener al expresidente mientras avanzaba la investigación, pero Uribe, entonces senador, renunció al Legislativo para que la investigación no estuviera en manos del alto tribunal sino que pasara a la Fiscalía —tenía un fiscal general aliado, y quizás mejor clima para que se archivara su caso―.
El testigo estrella en este caso ha sido Juan Monsalve, un exparamilitar del Bloque Metro. Monsalve fue visitado en la cárcel por uno de los abogados del expresidente, Diego Cadena, también investigado por la Fiscalía por el mismo caso. Monsalve ha dicho que recibió presión de este último y de otro exparamilitar, conocido por su alias Caliche, para que cambiara su testimonio sobre la cercanía del expresidente con los grupos paramilitares. Esas presiones, obviamente, son ilícitas.
Monsalve, sin embargo, no es el único testigo contra Uribe. Otro exparamilitar, Carlos Enrique Vélez o alias Víctor, también ha dicho que Cadena le ofreció millones de pesos a cambio de dar un testimonio en contra del senador Cepeda. La Fiscalía ha intentado de distintas formas desvirtuar estos testimonios, ya sea diciendo que no se recogieron de forma adecuada o que se contradicen, pero la justicia considera que siguen siendo creíbles y válidos, y será un proceso judicial el que los evalúe a fondo para determinar si el expresidente es culpable o no.
“Esperamos que esta decisión contribuya a la verdad, a la justicia y a la reconciliación entre los colombianos”, dijo el senador Iván Cepeda al conocer la decisión. El expresidente Uribe, en cambio, no se ha pronunciado sobre la decisión. Sus seguidores, sin embargo, sí manifestaron inmediatamente su inconformidad. “Todo un proceso digno de la nóvela de Kafka. Ignominioso lo que pasa con el presidente Uribe, ejemplo de lucha por su inocencia en un país sin justicia”, dijo en redes la senadora María Fernanda Cabal, del partido uribista Centro Democrático.
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