Una decisión histórica: el Ministerio de Salud declara de interés público un medicamento para el VIH

El Ministerio de Salud declaró este lunes la patente de un medicamento como “de interés público”, el paso previo a quitarle los derechos exclusivos a la empresa que lo vende y otorgar una licencia obligatoria. Si lo logra, sería la primera licencia de este tipo en el país. Se trata de dolutegravir, un fármaco que se usa en pacientes con VIH y cuya patente en Colombia pertenece a la farmacéutica británica ViiV Healthcare, especializada en medicamentos para el VIH y tratamientos para el SIDA.

El Ministerio argumenta, en un comunicado oficial, que la declaratoria se debe a la necesidad de cuidar a la población general, ya que existe una “alta prevalencia de VIH” en la población migrante. Casi 3 millones de extranjeros, la gran mayoría venezolanos, viven en Colombia. ViiV Healthcare, que tiene la licencia del medicamento hasta 2026, tiene diez días para interponer un recurso de reposición. La definirá el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien tomó la decisión de la declaratoria de interés público. El laboratorio no se ha pronunciado sobre el anuncio.

El objetivo del Gobierno es bajar el precio del medicamento y evitar “una situación de falta de acceso” a los tratamientos para el VIH. Al momento de publicar este artículo, el precio comercial regulado por un frasco de 30 tabletas del dolutegravir de 50 mg es de $401.574 COP (unos 95 dólares), de acuerdo con datos de la Comisión nacional de precios de medicamentos y dispositivos médicos.

Abrir la patente le permitiría al Gobierno ofrecer una versión genérica de la droga a un precio más económico, mientras ViiV Healthcare podría seguir con la venta al costo actual. El 8% de los pacientes de VIH en Colombia usa este antiviral, según La cuenta de alto costo, un organismo técnico del sistema de salud que funciona como un fondo para hacer pagos de las enfermedades más costosas.

La declaratoria es el resultado de un proceso que inició el Ministerio en junio para evaluar la posibilidad de someter las patentes de dolutegravir a licencia obligatoria. Desde entonces, se han opuesto ViiV Healthcare y su principal accionista, la multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline, así como varios gremios del sector. Por ejemplo, la Asociación colombiana de propiedad intelectual o el gremio de laboratorios Afidro. Algunos pidieron negociar con ViiV que le venda el Estado a un precio más bajo, y otros se mostraron de acuerdo con la propuesta del Gobierno.

El Ministerio siguió adelante y conformó un comité técnico interinstitucional con delegados de los ministerios de Salud y Comercio, y el Departamento de Planeación Nacional. El comité sesionó a principios de agosto y recomendó declarar las patentes como de interés público para luego someterlas a una licencia obligatoria. El Ministerio explica que toma la decisión de hacer ese cambio porque tiene el “deber de garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”, de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución.

Aunque ViiV Healthcare no se ha pronunciado sobre la declaratoria de este lunes, sí respondió a las conclusiones del comité en agosto. Dijo que no estaba de acuerdo con la decisión y argumentó que existía una “falta de claridad sobre el origen de la información incluida en el informe”, según informa el Comunicado del MinSalud.

Carolina Gómez, abogada experta en temas de patentes y salud, explica por telemática que el proceso de pasar de una declaratoria de interés público a una licencia obligatoria es una incógnita. “Nadie sabe bien porque nunca se ha hecho”, sostiene. “Es un proceso que debe hacer la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay una reglamentación general en la circular única de esa entidad, pero está sin estrenar”, agrega.

Hasta este lunes, la única vez que el país había declarado de interés público un medicamento, lo había hecho el Gobierno de Juan Manuel Santos, en 2016, con el imatinib, un tratamiento para algunos tipos de cáncer. En esa ocasión, frente a presiones internas y externas, el Estado finalmente negoció un menor precio de compra tras varios meses de diálogo con la farmacéutica Novartis, pero no llegó a la licencia obligatoria.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.