Gilberto Villarreal, el fiscal que lleva la contraria hasta sentar a Álvaro Uribe en el banquillo de los acusados

El pasado 9 de abril fue el día elegido por la Fiscalía General de la Nación para hacer un anuncio histórico: la institución llevaría a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el líder más carismático de las últimas décadas y quien gobernó el país entre 2002 y 2010, lo que se concreta en una audiencia prevista para iniciar este viernes 17 de mayo. La noticia añadía un simbolismo adicional a la fecha, que de por sí ya cuenta con una carga importante. También el 9 de abril, pero en 1948, murió asesinado en el centro de Bogotá el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, lo que desató enfrentamientos sangrientos entre manifestantes y la fuerza pública —aunque no existe una cifra oficial, se calcula que más de 2.500 personas fallecieron— y recrudeció la violencia ya existente entre liberales y conservadores. Ese episodio hace parte de la memoria colectiva de los colombianos, que lo recuerdan como Bogotazo y es enseñado a las nuevas generaciones desde la primaria. La determinación de juzgar a Uribe posiblemente sea incluida y recordada en esas lecciones, luego de que el fiscal Gilberto Villarreal le llevara la contraria a sus colegas y antiguo jefe.

Villarreal aterrizó en el foco mediático sin planearlo. Los líos judiciales de Uribe iniciaron formalmente en 2020 y desde entonces cuatro colegas suyos han conocido del proceso. Víctor Salcedo, su antecesor inmediato, duró menos de una semana a cargo del caso y no concretó ninguna actuación. Fue designado el 9 de enero y a los pocos días se declaró impedido a raíz de una columna de opinión que publicó cuatro años antes en el medio digital Corrillos, en la que cuestionaba la falta de garantías procesales del expresidente en medio de la investigación que se adelantaba. En ese momento, cuando culminaba el período como fiscal general de Francisco Barbosa, apareció su sustituto. Gilberto Villarreal es un abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, con especializaciones en derecho penal y cerca de 30 años de experiencia en la institución.

Llegó en junio de 1994, cuando ganó un concurso de méritos. El penalista ha desempeñado casi toda su carrera en el departamento de Santander, de donde es oriundo. Comenzó como jefe de secretaría de la Unidad Local de Barrancabermeja, para luego ser fiscal en propiedad en Medellín, la capital de Antioquia. Regresó a Santander como fiscal ante los jueces del circuito, un peldaño más arriba en el escalafón, en Barbosa, Puente Nacional, Cimitarra y Vélez, todos en el sur del departamento, y luego fue director seccional de San Gil, que tiene bajo su control a otros 52 municipios de esa misma zona. Después fue fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, asesor en la Dirección Seccional de Cali y, finalmente, fiscal delegado ante la Corte Suprema, uno de las posiciones más relevantes que puede ocupar un fiscal. Y es en este cargo en el que ahora tiene en sus manos un expediente de honda carga política.

La ley estipula que una vez un proceso es asignado a un fiscal, este cuenta con 90 días para tomar una decisión al respecto. Villarreal se tomó 83. Podía pedir a un juez que acusara o cerrara (precluyera, en terminología jurídica) el caso, la postura que tuvo la Fiscalía en los años anteriores bajo el liderazgo de Barbosa, quien llegó al cargo tras ser nominado por su amigo de años universitarios, el entonces presidente Iván Duque, copartidario y pupilo de Álvaro Uribe. Aunque el proceso en contra del expresidente inició en la Corte Suprema, pasó a manos de la Fiscalía en 2020, pues Uribe renunció a su condición de senador para ser juzgado por la justicia ordinaria. Se esperaba que el trato de la Fiscalía le fuera favorable. Y lo fue.

Barbosa asignó el expediente primero a Gabriel Ramón Jaimes y luego a Javier Cárdenas. Ambos fracasaron en lograr la preclusión. Dos juezas del circuito y el Tribunal Superior de Bogotá desestimaron sus argumentos —los fiscales aseguraban que la conducta de Uribe no encajaba en ningún tipo penal y, en consecuencia, no se le podía endilgar ningún crimen— y señalaron que la solidez del material probatorio impedía admitir el cierre del proceso. El turno le correspondió entonces al fiscal Andrés Palencia, quien renunció a su trabajo aduciendo motivos personales, y al impedido Víctor Salcedo. La llegada del caso al escritorio de Villarreal coincidió con el proceso de elección de una reemplazante para Francisco Barbosa, que en febrero estaba a punto de cumplir su periodo constitucional de cuatro años.

Los magistrados de la Corte Suprema, el 12 de marzo, comunicaron que Luz Adriana Camargo era la nueva fiscal general. Camargo fue postulada tardíamente por el presidente Gustavo Petro en una terna con otras dos mujeres y al principio parecía que no tenía chances. Su impecable currículo como magistrada auxiliar de la Corte e investigadora de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG) no lograba sobreponer los avances de una de sus rivales, Amelia Pérez, quien obtenía mayorías y la superaba con holgura en las votaciones iniciales. Pero una polémica alrededor de las publicaciones en redes sociales del esposo de Pérez, pronunciándose de forma desobligante hacia periodistas y políticos de la oposición, hundió su candidatura y abrió las puertas del triunfo para Camargo. Con el apoyo de 18 de los 26 jueces del tribunal, se convirtió en la jefa máxima de la Fiscalía General de la Nación.

Cambio reveló que en el proceso de empalme entre Barbosa y Camargo, una de las primeras noticias que recibió la nueva fiscal fue la determinación de Gilberto Villarreal de proceder con la acusación a Álvaro Uribe. El funcionario aparentemente esperó la salida de su anterior jefe para presentar el escrito de acusación, que será el primero que hace la Fiscalía en contra de un exmandatario en Colombia.

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