Daniel Ortega confisca la casa de verano de Violeta Chamorro e inaugura un hotel-escuela del sandinismo

Las autoridades del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) de Nicaragua inauguraron el viernes 24 de mayo un hotel-escuela en una propiedad que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó ilegalmente en febrero pasado: el complejo vacacional de la familia de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, quien se encuentra delicada de salud dada su avanzada edad en Costa Rica, y donde sus hijos desterrados le brindan cuidado especializado.

La propaganda oficialista promovió con bombos y platillos la inauguración del inmueble compuesto por cuatro apartamentos y una casa de servicio llamado Farallones de Sotavento, una propiedad valorada en 2,2 millones de dólares, de acuerdo con un avalúo bancario en poder de EL PAÍS. Sotavento se ubica sobre una loma de la bahía de San Juan del Sur, uno de los principales destinos turísticos de Nicaragua.

El terreno donde la propiedad se erige fue adquirido por el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Mártir de las Libertades Públicas y Héroe Nacional, a finales de los años sesenta, antes de que fuera asesinado por la dictadura somocista. Luego, la expresidenta construyó en el terreno una casa veraniega para su familia, conformada por sus cuatro hijos: Pedro Joaquín, Claudia, Cristiana y Carlos Fernando Chamorro Barrios.

Durante los años noventa, después de que “doña Violeta” –como se le conoce popularmente en Nicaragua– derrotara en las urnas a Ortega, Sotavento fue usado como casa de descanso de la presidenta, “sin usar protocolos, ni recursos del Estado”, relata una fuente ligada a la familia Chamorro Barrios.

Registro de la Propiedad no admite asentamiento

Hasta 2006, es decir por más de 20 años, el inmueble fue un lugar de encuentro familiar. En el mismo año de 2006, la expresidenta Chamorro Barrios decide crear una sociedad de cinco partes, en la que ella, al igual que su hijos, poseen una participación accionaria del 20%.

La vieja casa vacacional fue demolida y se construyeron cuatro apartamentos, más la casa de servicio hoy confiscada. La sociedad Farallones de Sotavento fue legalmente constituida y registrada en el departamento Rivas, al sur de Nicaragua, en 2006, según el acta de constitución en poder de EL PAÍS.

Casi una década después, en 2017, Pedro Joaquín y Carlos Fernando Chamorro Barrios deciden vender sus apartamentos a dos personas que no están acusadas por el régimen de “traición a la patria” como ellos. Para materializar esas ventas, la expresidenta Chamorro Barrios decide que todas las acciones pasen a nombre de sus cuatro hijos. Es decir, ellos heredan totalmente la participación accionaria de la matriarca. La familia realiza una nueva escritura de compra-venta para registrar este traspaso de acciones, y luego, la transacción entre vendedores y compradores.

Sin embargo, la nueva escritura y los traspasos no se pudieron registrar en las fechas de la venta porque el Registro de la Propiedad no lo permitió, a pesar de varios intentos de los nuevos propietarios. “Como el Estado no permitió el asentamiento, lo que quedó registrado en Rivas es siempre la escritura original, en la que Doña Violeta y sus hijos siguen apareciendo como propietarios. De modo que el régimen hoy también confiscó a la expresidenta que trajo la paz a Nicaragua”, narra la fuente.

A excepción de Claudia, los tres hermanos Chamorro Barrios (todos periodistas) fueron despojados de su nacionalidad por el régimen Ortega-Murillo. La condena política incluyó la confiscación de sus bienes y congelación de cuentas bancarias. Cristiana –quien fue la precandidata presidencial con más apoyo popular según las encuestas– y Pedro Joaquín Chamorro fueron presos políticos, mientras que Carlos Fernando huyó por segunda ocasión al exilio en 2021 para evitar la prisión.

Más de 250 millones de dólares en confiscaciones

La confiscación de bienes es una de las políticas represivas que más ha usado el régimen Ortega-Murillo en contra de sus críticos. Nadie que adverse o critique al oficialismo ha quedado indemne: han confiscado propiedades de opositores en sus condiciones de ciudadanos, grandes empresarios, gremios del sector privado, pequeñas y medianas empresas; organismos no gubernamentales, medios de comunicación, universidades, Iglesia católica y hasta sedes diplomáticas.

Aunque los Ortega-Murillo ya ejecutaban las confiscaciones de facto después de 2018, fue en febrero de 2023 cuando el Parlamento sandinista aprobó una reforma al artículo 20 de la Carta Magna, la cual estableció que todo nicaragüense declarado como “traidor a la patria se le despojará de su nacionalidad” y sus “bienes pasarán a nombre del Estado”. Hasta la fecha, 317 ciudadanos han sido desnacionalizados y víctimas de confiscaciones, pero el régimen ha ido paulatinamente consumando la toma ilegal de propiedades. Han empezado por los inmuebles de mayor valor y los ubicados en zonas de alta plusvalía.

Según una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), de la organización Hagamos Democracia, hasta la fecha el oficialismo ha confiscado 135 propiedades por un valor que asciende a los 250 millones de dólares. No obstante, esta estimación “es la punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo”, subraya el organismo.

“Afán de perseguir a la familia Chamorro”

El régimen bautizó el hotel-escuela en la propiedad confiscada como “Cacique Nicarao”. “Esta nueva escuela, dedicada a la formación de profesionales del sector turístico y hotelero, atenderá a más de 600 protagonistas en dos instalaciones físicas, completamente equipadas con todas las herramientas para el desarrollo de una amplia oferta formativa”, publicó el Inatec en sus redes sociales. Supuestamente invirtieron diez millones de córdobas (unos 270.000 dólares) en “rehabilitarlos”.

“Para confiscar dicha propiedad y convertirla en una escuela del Inatec, el Gobierno tuvo que revisar el registro en Rivas y conocer de sus propietarios, y doña Violeta sigue siendo una de ellas… Lo que se puede interpretar es que Ortega y Murillo tienen no sólo un afán de perseguir a la familia Chamorro Barrios, sino que quisieron de esta manera cometer un acto de venganza política por la victoria de doña Violeta a Daniel Ortega en elecciones libres en 1990″, insiste la fuente ligada a la familia confiscada.

La familia Chamorro Barrios es considerada una de las de mayor influencia política en Nicaragua, sobre todo por su compromiso con las libertades públicas desde que su padre se inició como director del diario La Prensa.

En el mismo San Juan del Sur, el régimen confiscó una propiedad de Rafaela Cerda, mamá del exmagistrado sandinista Rafael Solís Cerda, quien se encuentra exiliado en Costa Rica. El doctor Solís rechazó la confiscación públicamente. En una entrevista con el diario La Prensa dijo que ahora los Ortega-Murillo “quieren parecer inaugurando un hotel y una escuela de hotelería como si fueran obras realizadas por ellos con bombos y platillos, cuando la realidad lo que hicieron fue medio pintarlas y remodelarlas. Aún así fueron confiscadas”.

A través de la Procuraduría General de la República (PGR), el régimen intentó justificar las confiscaciones masivas en Nicaragua, alegando que han “recuperado para el pueblo”, centenares de propiedades “relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero” que “han sido usufructuadas indebidamente” por particulares.

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