Dolor a las puertas de la morgue colapsada de cadáveres en Guayaquil: “Solo quiero que me entreguen a mi hijo”

El olor a putrefacción se mezcla la tarde de este jueves con la humedad del ambiente en los alrededores de la morgue de Guayaquil. El calor ha evaporado los líquidos de los más de 200 cuerpos en descomposición que los funcionarios de Medicina Legal retiraron el miércoles de un contenedor colapsado y que han distribuido en un depósito refrigerado recién reparado. Estos días la institución presentaba un cuadro de espanto: cuerpos desmembrados, sangre y un hedor penetrante en todas las instalaciones. El caos se ha producido por la gran cantidad de autopsias que tienen que realizar solo cuatro médicos, que ante la alta demanda solo pueden dedicarle 30 minutos a cada cadáver, cuando lo ideal sería entre cuatro y seis horas. Esto deriva en que se pierdan pruebas y se extravíen identidades.

Las horas pasan y, en los exteriores de la morgue de la ciudad más violenta de Ecuador, los familiares siguen esperando noticias de los cuerpos. A algunos les han permitido ingresar para reconocer el cadáver y hacer los trámites para que puedan retirarlos. Entre ello, el hijo de 16 años de María, quien fue secuestrado cuando salía del colegio y después asesinado. “Solo quiero que me entreguen a mi hijo, porque no comprenden el dolor que esto es para nosotros”, dice la madre desconsolada, llorando en los brazos de su hermana. Los familiares van preparados con mascarillas y un ungüento mentolado para la nariz. Todos están pendientes de que algún funcionario se acerque para darles información. “¿Van a entregar los cuerpos o no?”, se preguntan entre ellos. Les han dicho que sí, y guardan la esperanza de que al final del día puedan hacer el ritual de velar el cuerpo de su familiar para ayudar a su alma a desprenderse de la tierra.

El hijo de Antonio Mayorga recibió tres disparos cuando intentaron robarle hace tres días el taxi. Las balas fueron directas al riñón, el pulmón y a una arteria del corazón. El cuerpo de su hijo lleva desde entonces en la morgue. “Nos dijeron que hay problemas en los contenedores, que los cadáveres están en estado de putrefacción, pero que hoy lo van a entregar”, dice esperanzado Antonio. Otros familiares que llevan meses escuchando lo mismo han pedido desesperadamente entrar a los contenedores para buscar los cuerpos ellos mismos, pero no se lo han permitido.

El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses inició la tarde del miércoles el traslado de por lo menos 100 cadáveres al contenedor recién reparado. Los cuerpos estaban uno encima de otro sin mayor cuidado, en bolsas plásticas negras. Algunas de ellas estaban rotas y dejaban ver una parte del cuerpo enfundado. Según el organismo, debido al incremento de la violencia criminal en el país, ha aumentado el número de cadáveres sin identificar en el centro forense y otros cuerpos que no han sido retirados por ningún familiar. De acuerdo con fuentes consultadas por EL PAÍS, los perfiles de los cadáveres abandonados suelen ser de indigentes o personas vinculadas a las bandas criminales, a quienes sus allegados prefieren olvidar.

El proceso de inhumación de esos cadáveres debe cumplir un protocolo con el objetivo de demostrar que se agotaron todos los exámenes posibles para conseguir identificarlos. Los cuerpos tienen que pasar por una prueba de necrodactilias, antropología, odontología forense, además de la toma de ADN para solicitar un certificado al Ministerio de Salud Pública y una autorización a la Fiscalía para inhumar el cuerpo. Después de que se logre cumplir con ese procedimiento, un cementerio debe donar el espacio para enterrar el cuerpo individualmente, con un código que se escribe en la lápida para usar en caso de que la Fiscalía, a raíz de nuevas investigaciones, requiera realizar una nueva pericia y los restos tengan que ser exhumados.

Pero ese proceso tampoco se ha llevado a cabo. La crisis en la morgue de Guayaquil arrastra varios meses, desde que se conoció la falta de personal para atender el incremento de los cadáveres que deben ser sometidos a una autopsia. Ha ocurrido, de hecho, todo lo contrario: el número de muertos ha aumentado y los cuerpos se deben repartir entre los únicos cuatro médicos legistas que están certificados para realizar ese trabajo.

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