De Evo Morales a Luis Arce: las conspiraciones de los militares bolivianos contra el Movimiento al Socialismo

El presidente de Bolivia, Luis Arce, intentó llamar a los jefes de las tres Fuerzas Armadas para preguntar qué significaban los movimientos irregulares de tropas que anunciaban el intento de golpe de Estado del 26 de junio, pero ninguno le contestó las llamadas. En noviembre de 2019, los comandantes militares también dejaron de responderle al teléfono al entonces presidente, Evo Morales. Poco después, aparecieron en televisión pidiendo su renuncia, lo que dio pie a su derrocamiento.

En cinco años, el mando militar boliviano se ha insubordinado dos veces ante presidentes del Movimiento al Socialismo (MAS). “La explicación estructural es que los militares son conservadores y rechazan cualquier modificación del orden liberal, en especial la inclusión indígena”, cree Reymi Ferreira, exministro de Defensa de Morales y profesor universitario. “Los textos militares, su formación, su convicción, los hace verse como agentes conservadores del orden existente”, añade.

Para Ferreira, no es extraño que en estas dos rebeliones “quienes actuaron, Williams Kalimán, en 2019, y Juan José Zúñiga, ahora, fueron militares amigos del Gobierno; ellos adoptaron una retórica radical, que les servía políticamente, pero en el momento del conflicto volvieron a lo que realmente pensaban”.

Los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) tomaron varias medidas, mayormente simbólicas, para cambiar la mentalidad militar, pero su efecto fue efímero o contraproducente. En 2009, las Fuerzas Armadas adoptaron la wiphala, la bandera indígena, y la incorporaron a sus uniformes. En 2010, cambiaron su tradicional lema de “Subordinación y constancia. ¡Viva Bolivia!” por el castrista “Patria o muerte. ¡Venceremos!”. En 2016, por los acuerdos del Gobierno con la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), crearon una escuela “antiimperialista” que todos los militares del país debían cursar obligatoriamente para ascender al grado de capitán. Morales se consideraba el “primer presidente soldado raso”, se reunía todos los lunes con el mando militar y subió su presupuesto, que era de 114 millones de dólares en 2001, a 483 millones en 2018, cuatro veces más. Fue el único del periodo democrático que pudo comprar cantidades importantes de armamento y equipo para las Fuerzas Armadas.

Al mismo tiempo, se ganó rechazos castrenses al mandar a retiro a los comandantes “neoliberales” y al hacer procesar a los jefes que en 2005 entregaron a Estados Unidos 28 misiles que Bolivia había recibido de China. También logró encarcelar a los oficiales que condujeron la represión de octubre de 2003 en El Alto, durante la que murieron 67 manifestantes. Arce, por su parte, procedió a la detención y procesamiento de gran parte de la jerarquía militar que había trabajado con su predecesora, Jeanine Añez, acusada de las masacres de Sacaba y Senkata, en las que murieron 31 personas. Zúñiga fijó la liberación de estos militares y de políticos civiles como el objetivo de su levantamiento.

“Existe un espíritu de cuerpo en las Fuerzas Armadas, como en otras corporaciones, religiosas o de otro tipo; los militares sienten que el poder civil les ordena actuar y luego los procesa”, explica Ferreira. “Si Zúñiga habló de ello para lograr apoyo a su movimiento es porque está ahí, en el sentimiento militar”, afirma.

La reciente detención de más de veinte militares acusados de participar en el intento de golpe del 26 de junio, entre ellos cinco comandantes, dos de fuerza y tres de regimiento, se suma ahora a la lista de decisiones políticas que los militares consideran agravios. Según el exministro Ferreira, “el Gobierno de Arce está entre la espada y la pared. Si no exige que la justicia aplique la ley, sienta un precedente terrible: las consecuencias de actos gravísimos son mínimas; pero si aplica rigurosamente la ley, como está haciendo, van a generarse bastante anticuerpos en las Fuerzas Armadas, donde hay facciones pero también espíritu de cuerpo”. Agrava la ofensa el que los oficiales arrestados sean presentados a la prensa por la Policía, con la que los militares tienen una rivalidad histórica, que alguna vez ha llegado al enfrentamiento armado.

El analista Armando Ortuño resume así el impacto castrense de los gobiernos del MAS: “Las Fuerzas Armadas sufrieron varias purgas y se ha recurrido a mandos con cada vez menor capacidad y formación. El Ejército se involucró en actividades económicas como el control del contrabando y la minería del oro en el norte del país, lo que generó a un Zúñiga, que tenía un grupo de inteligencia propio y se volvió muy poderoso”. Su retórica amigable le daba ese poder. Esto cambió cuando apareció en televisión y amenazó al expresidente Morales, que inicialmente había sido su aliado, pero se tornó su adversario cuando se inclinó por Arce. Pese a ello, este lo destituyó. Ortuño sugiere que el deseo de no perder el poder económico acumulado pudo haber sido el móvil de la asonada.

Ferreira descarta que, en este tiempo, las Fuerzas Armadas como tales pretendan cerrar el ciclo democrático. Más bien, los comandos aprovechan los momentos de debilidad de los Gobiernos del MAS para tratar de sustituirlos por otros partidos civiles y obtener alguna ventaja política. En el caso de Morales, este momento fue la inestabilidad que causaron las protestas contra un supuesto fraude electoral. En el caso de Arce, la crisis económica que sufre el país. “Si el presidente es fuerte, no hay sublevación”, subraya. Ferreira no cree que lo sucedido pueda considerarse un “autogolpe”, como plantea la mayor parte de la oposición boliviana. “Con esto no ha ganado Arce. Más bien, el frente militar del Gobierno se ha resquebrajado, lo que aumentará su vulnerabilidad ante los movimientos y conflictos sociales que vendrán”, razona. Ni han ganado Zúñiga y los demás generales involucrados, que hoy enfrentan cargos de terrorismo y levantamiento armado, con la posibilidad de cumplir 20 años de prisión.

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