El atentado contra la voluntad popular y la democracia en Venezuela

La reciente proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela ha sumido al país en una crisis política y electoral sin precedentes. La falta de transparencia en el proceso de escrutinio por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) descalifica la legitimidad de los resultados oficiales, generando un clima de profunda desconfianza e incertidumbre.

Como presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio (JNE) de Panamá en 2019 y 2024, he tenido la responsabilidad de liderar procesos electorales en situaciones de estrecho margen (2% de diferencia en 2019) y de gran controversia (2024). Esta experiencia me permite afirmar con convicción que la esencia de un proceso electoral íntegro radica en la custodia fiel de la voluntad popular.

En Panamá, nuestro sistema electoral se distingue por el papel protagónico de la sociedad civil en el escrutinio y la proclamación de los ganadores. Este modelo, que pone el poder directamente en manos de los ciudadanos, contrasta marcadamente con lo ocurrido en Venezuela. En nuestro país, el escrutinio es un proceso público y transparente, donde cada acta determina el resultado de cada mesa, sin margen para interpretaciones arbitrarias de funcionarios. Los resultados son compartidos abiertamente entre todos los interesados: miembros de mesa, representantes de los candidatos y votantes.

La situación en Venezuela es alarmante. Jennie Lincoln, jefe de la misión electoral del Centro Carter, ha presentado evidencia contundente que cuestiona la victoria proclamada de Maduro. Su análisis de 24.533 actas (81.7% del total) sugiere una victoria aplastante de Edmundo González Urrutia, con casi el 70% de los votos, una proporción de 2 a 1 frente a Maduro. Naciones Unidas ha ratificado el megafraude perpetrado en Venezuela ante los ojos del mundo.

Los puntos clave de esta controversia son profundamente preocupantes:

1. La transmisión de resultados aparentemente se realizó sin interrupciones, contradiciendo las acusaciones de interferencia e intentos de hackeo.

2. Las declaraciones del presidente del CNE son inconsistentes con los datos verificados independientemente.

3. El CNE ha incumplido su promesa de publicar los resultados detallados y entregar copias digitales a los partidos.

4. La integridad de las actas es fundamental, y su alteración masiva sería un proceso extremadamente complejo y detectable.

5. Paradójicamente, el sistema electoral venezolano es tecnológicamente avanzado, lo que hace aún más sospechosa la falta de transparencia.

Pero lo ocurrido en Venezuela no es simplemente un fraude electoral. Es una afrenta directa al pueblo venezolano y a los principios fundamentales de la democracia. Ningún funcionario tiene el derecho de subvertir la voluntad popular. Esto no es una mera interpretación de la ley, sino su flagrante violación

Es imperativo tomar medidas inmediatas que incluyen: la publicación íntegra y sin demora de todas las actas de votación; la realización de una auditoría independiente y transparente del proceso electoral; la apertura de un diálogo genuino entre todas las partes para encontrar una solución que respete la voluntad del pueblo.

La comunidad internacional debe asumir un papel activo, utilizando todas las herramientas a su alcance a fin de que las autoridades venezolanas actúen con transparencia, ofreciendo mediación para resolver esta crisis.

Lo ocurrido trasciende las fronteras de Venezuela y plantea un desafío para la integridad democrática de toda la región. Solo mediante un proceso electoral transparente y verificable, en el que la sociedad civil sea la gran protagonista, -y es lo que ha ocurrido de hecho en Venezuela pues es justo la sociedad la que custodió la voluntad popular vertida en las actas-, es que se podrá restaurar la confianza en las instituciones democráticas venezolanas.

La resolución de esta crisis es fundamental no solo para Venezuela, sino para la salud democrática de América Latina. No podemos permitir que este atropello a la voluntad popular quede sin consecuencias. Es un tema que exige la atención y acción continua de la comunidad internacional y de todos los defensores de la democracia.

Ya se ha demostrado que cuando la sociedad civil asume grandes responsabilidades en el proceso electoral, se fortalece la confianza y la legitimidad de los resultados. Es este modelo de transparencia y participación ciudadana el que debería servir de ejemplo para resolver la crisis venezolana y fortalecer los procesos democráticos en toda la región. La voluntad de Maduro no puede imponerse sobre la voluntad popular y hay que levantarse a defender la democracia venezolana.

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