La justicia argentina reabre una causa contra el jefe montonero Mario Firmenich por el atentado más letal del grupo

Un fallo de la Cámara de Apelaciones marcó un giro histórico este jueves en las causas por crímenes protagonizados por grupos guerrilleros en los años setenta, que hasta ahora se consideraban prescritas por tratarse de delitos comunes. El tribunal ordenó reabrir la investigación penal por el atentado contra un comedor de la policía federal perpetrado el 2 de julio de 1976 que mató a 24 personas y causó heridas en unas 60. La decisión de los magistrados coincide con la posición planteada por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que exige justicia para las víctimas de esos ataques como parte de lo que denomina “memoria completa”. Los jueces ordenaron citar a declaración indagatoria a Mario Firmenich, el exlíder de Montoneros, el brazo armado del peronismo que se atribuyó el ataque.

Los magistrados revocaron el sobreseimiento dispuesto por un tribunal de primera instancia. En su fallo argumentaron que el ataque con bomba constituyó “una grave violación a los derechos humanos” porque la Justicia no investigó los hechos durante la dictadura militar ni esclareció lo ocurrido a las familias de los fallecidos. Al considerarlo un crimen imprescriptible, la Cámara de Apelaciones anuló el sobreseimiento de Firmenich, radicado en España desde finales de los noventa, y de los demás dirigentes de la agrupación.

Los camaristas ordenaron a la jueza María Servini de Cubría que reabra la causa y reúna todas las medidas de prueba necesarias para determinar qué ocurrió y quienes fueron los responsables directos e indirectos del ataque. También pidieron la citación de testigos para aportar información sobre la causa.

“El suceso criminal ocurrido el día 2 de julio de 1976 no debería quedar signado en la historia judicial argentina como un hecho más de impunidad, en el que el paso del tiempo cerró el proceso y confinó en el olvido y en una misma y triste condición a las víctimas, sus derechos y los valores esenciales de justicia de una sociedad democrática. La gravedad del hecho está marcada por su trágico resultado de muertes y lesiones gravísimas (y graves), además de los daños, que lo convierten dentro de los mayores de la historia de la República. No hubo ni siquiera indiferencia en el resultado”, concluyó la Sala I de la Cámara Federal de Justicia.

La explosión se produjo a la hora del almuerzo en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal Argentina, en el centro de Buenos Aires. La policía tenía allí su área de inteligencia y funcionaba también un centro clandestino de detención desde antes del golpe militar por el que pasaron decenas de secuestrados y desaparecidos. Montoneros reivindicó públicamente el ataque, el más letal de esta organización guerrillera. El autor material del atentado, José Salgado, fue secuestrado, torturado y asesinado por la dictadura militar en 1977.

Tras el regreso de Argentina a la democracia en 1983, Firmenich y otros líderes que sobrevivieron fueron detenidos, juzgados y condenados, pero años después se beneficiaron de los indultos concedidos por el Gobierno de Carlos Menem en la década de los noventa.

En 2003, el Congreso anuló las leyes de punto y final y obediencia debida que impedían juzgar a los responsables de los crímenes perpetrados durante la última dictadura. La Justicia reanudó los juicios por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado -como secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, desapariciones y robos de bebés-, pero se opuso a la apertura de juicios por los ataques guerrilleros. El primer intento para sentar en el banquillo a la cúpula de Montoneros por el atentado contra la Superintendencia de Seguridad se estrelló contra la negativa de la jueza María Servini de Cubría, que declaró prescripto el delito. En 2012, la Corte Suprema dio la razón a la magistrada.

En 2021, una organización solicitó la reapertura de la causa y un tribunal de primera instancia se lo denegó. El caso se consideró cerrado hasta este jueves, cuando la Cámara de Apelaciones pidió que sea juzgado y sentó las bases para un cambio en la jurisprudencia sobre la violencia política de los años setenta en el país latinoamericano.

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