Frente a la sentencia del Tribunal Supremo que justifica un aborto por "estado de necesidad", los autores del artículo defienden una regulación que asegure el derecho de la mujer a la libre elección. Es decir, la promulgación de una ley de plazos, accesible a todos los ciudadanos respetando la objeción de conciencia.
La celebración en Pamplona, a partir de hoy, de un juicio por un supuesto delito de aborto ilegal, en el que están encausados tres ginecólogos de la sanidad pública, pone en evidencia una vez más, según los autores del artículo, la necesidad de una regulación en esta materia más acorde con nuestra realidad social que asegure el derecho a la libre decisión de las mujeres.
CONSUELO RUIZ-JARABO QUEMADAPasado ya un año de la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, ésta, en opinión de la autora, ha demostrado tal cúmulo de insuficiencias que se hace precisa una profunda reforma de la misma que adopte el sistema de plazos y a la vez regule la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios para evitar una situación que califica de caótica y discriminadora.