Las diferencias para liquidar el Cupo se elevan a 83 millones

El consejero vasco de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, cifró ayer en 83 millones de euros las diferencias con el Estado en las liquidaciones del Cupo, tras mantener “una primera toma de contacto” de dos horas con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, sobre este asunto. Según admitió Aguirre al término del encuentro “la sensación es que el talante es abierto y que por ahora pensamos que todo está abierto”.

 Aguirre y Beteta abrieron oficialmente así las negociaciones sobre la actualización de la Ley de Concierto y el Cupo, la cantidad que Euskadi paga al Estado como compensación por las transferencias que no ha asumido. Una negociación que se prolongará varias semanas debido a las discrepancias entre ambas administraciónes para así ir limitando las cantidades que por ahora alejan el acuerdo..

En declaraciones realizadas en Madrid, tras reunirse con Beteta, el consejero ha explicado que ambas administraciones están “en un momento inicial” después del cambio de Gobierno, por lo que tienen que “volver a estudiar y renegociar las discrepancias en torno al Cupo”. La ley que lo regula finalizó el pasado 31 de diciembre por ser quinquenal, pero actualmente se encuentra prorrogada.

“Es una Administración nueva y por tanto tienen que releer las discrepacias que hay para ver cuál es su posición para tomar o no acuerdos o decisiones. Vamos a ver si a lo largo de este primer mes podemos ir solucionando las cosas más sencillas, probablemente las tributarias, y las posterores iríamos viendo cuáles son las posiciones y los grupos de trabajo que se pueden establecer”, ha explicado.

Largas discrepancias

Las discrepancias en la liquidación del cupo vienen desde 2007, y se deben a dos materias transferidas a las autonomías en las que el Gobierno central aportó dinero “extra” a las comunidades: el pago de las prestaciones de la ley de dependencia y el plan estatal Escuela 2.0 para escolarizar a los niños menores de tres años.

Según Aguirre, “una de las discrepancias está en torno a los 83 millones de euros” en lo que se refiere a la “interpretación final” de algunos aspectos como pueden ser los traspasos de políticas activas de empleo. El consejero vasco es moderadamente optimista porque, dice, “el talante es abierto” pero que “por ahora todo está en una fase muy incipiente”.