Botella limita el “apoyo” de voluntarios tras recibir una catarata de críticas

Los políticos son esclavos de sus palabras, sobre todo si quedan registradas, pero siempre pueden matizarlas o cambiarlas por otras si lo desean. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, lo hizo ayer, contrariada porque su propuesta del día anterior sobre voluntariado hubiera sido, en su opinión, malinterpretada. Partidos, sindicatos, asociaciones de vecinos y organizaciones sociales de todo ámbito coincidieron de forma unánime en entender que quería sustituir puestos de funcionario que el Ayuntamiento no tiene presupuesto para crear con el trabajo gratuito de voluntarios. El Gobierno local volvió a negarlo ayer, como había hecho el día anterior.

 Fundamentalmente porque, más allá del acierto o desacierto de la propuesta, es contraria a la ley. La norma aprobada por el Parlamento en 1996 define el voluntariado como “el conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los siguientes requisitos: que tengan carácter altruista y solidario; que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal o deber jurídico; que se lleven a cabo sin contraprestación económica (…); y que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo a programas o proyectos concretos”. La ley excluye actuaciones aisladas, esporádicas o realizadas para ayudar a un amigo, un familiar o un vecino; y estipula que “no podrá en ningún caso sustituir al trabajo retribuido”.

¿Qué dijo exactamente la alcaldesa? Botella pidió “la implicación y colaboración” de los madrileños para, ante “la situación excepcional que vivimos”, en referencia a la recesión económica y las estrecheces presupuestarias del Ayuntamiento, “sacar adelante” una serie “infinita” de “espacios públicos”. Se refería, según precisaron fuentes municipales, a centros culturales y sociales. No a servicios esenciales y especializados. Y sin sustituir nunca a empleados públicos. Pero de las palabras de la alcaldesa se deducía lo contrario: “Hemos tenido la suerte de, con los recursos de los madrileños, tener una serie de infraestructuras; ahora tenemos que ser capaces de que tengan una utilidad. Me niego a pensar a que no se puede abrir porque no haya personas voluntarias a ayudar a ponerlas en marcha”.

Algo similar había propuesto el miércoles el delegado de La Artes, Fernando Villalonga, ceñido en ese caso a tres bibliotecas ya construidas, con libros y material, pero sin personal para poder ser abiertas. Villalonga se tragó ayer el sapo de acotar el vuelo de la iniciativa: “En ningún caso se planteó la sustitución del personal bibliotecario profesional por personas que ejercieran esas mismas tareas sin remuneración. (…) La tutela, así como los criterios técnicos y de gestión de las bibliotecas, correrán a cargo de personal municipal y la participación ciudadana apoyará y complementará los trabajos del personal bibliotecario, colaborando algunas horas a la semana”. Añadió que así se hace ya en otras ciudades