Gimeno dice que pactó con Emarsa crear una empresa para contratarla

Juan Carlos Gimeno, que fue concejal en los Ayuntamientos de Valencia y Paterna y portavoz del PP en la Diputación de Valencia en los años ochenta y noventa, declaró ayer como imputado que en 2004, cuando aún era empleado de Emarsa, pactó con sus dirigentes su despido y la creación de una empresa que sería a su vez contratada por la sociedad pública. Gimeno fue despedido en 2004 con una indemnización de 71.000 euros. Inmediatamente constituyó la empresa IEM creada “ex profeso para Emarsa”. En el pacto habrían participado, según Gimeno, el exgerente de la sociedad y exdirigente local del PP en la ciudad de Valencia Esteban Cuesta, y el entonces presidente de Emarsa, Enrique Crespo, recientemente dimitido de la alcaldía de Manises y la vicepresidencia de la Diputación de Valencia con el mismo partido.

El contrato firmado recogía una sorprendente duración de 12 años. El exedil ofreció una explicación que sería igual de llamativa si no se tratara de Emarsa: “Se acordó así porque yo en ese momento tenía 49 años y pactamos unas cláusulas de duración que me permitieran acercarme a la jubilación”.

El juez cree que Gimeno, como el resto de proveedores imputados en la causa, se dedicó a facturar a Emarsa por conceptos falsos o por importes muy superiores a los servicios prestados. El fraude global se habría elevado, al menos, a 25 millones de euros, según el juez instructor Vicente Ríos. El hecho de que Gimeno afirmara ayer que la idea de crear la empresa partió de Cuesta y Crespo reforzaría la tesis del instructor de que los responsables de la sociedad diseñaron un sistema con apariencia de legalidad para vaciar de fondos la sociedad pública.

El exedil admite que él

Gimeno explicó ayer que tras abandonar la Diputación entró a trabajar en Fervasa, la sociedad pública encargada del tratamiento de basuras de Valencia. “En Fervasa hubo mil irregularidades que ya denuncié. Y me atrevo a decir que fue muy parecido el pufo de Fervasa con el de Emarsa”.

El exconcejal afirmó hace unas semanas ante la prensa que Emarsa debía ser investigada desde 1991, el año en que Rita Barberá se convirtió en alcaldesa de Valencia, y no desde 2004 como se está haciendo en este momento, porque de lo contrario quedarían ocultos “pufos importantes”. Gimeno agregó que cada año salían de la sociedad pública de depuración “tres millones de euros para mantener estómagos agradecidos del PP”. También afirmó que Emarsa pagaba “bolsos y carteras que todos sabían que recibía un cargo público”, aunque no quiso dar su nombre.

Ayer Gimeno llegó a declarar con dos maletas, lo que despertó la especulación de que hubiera acudido a tirar de la manta apoyándose en documentos. Su declaración fue, sin embargo, corta: había anunciado que solo respondería a las preguntas del juez, la fiscal y su letrado, pero el interrogatorio se interrumpió sin que la fiscalía ni su abogado hubieran hecho ninguna pregunta. Fuentes del caso señalaron que el motivo fue el tratamiento médico que Gimeno está recibiendo. Su declaración proseguirá en los próximos días.

De lo que explicó ayer resulta que mientras aún trabajaba en Emarsa como director de Calidad, el exconcejal empezó a facturarle con otra empresa, CRM Adecua. La firma ofrecía cursos de formación. Gimeno admitió que en algunos casos los únicos alumnos de los cursos que cobraba su empresa habrían sido él mismo y otro empleado de la planta. Los cursos tenían nombres como: Control de no conformidades y acciones correctivas (1.020 euros) o Gestión operativa de la satisfacción de clientes (1.740 euros). El exconcejal facturó con dicha empresa 119.608 euros a Emarsa por supuestos cursos de formación entre 2004 y 2010.

Gimeno no supo nombrar ayer prácticamente a ningún trabajador de Emarsa que asistiera a los cursos; ni pudo recordar el apellido de algunos de los profesores, ni aclaró por qué, en algún caso, el curso figura en la factura como impartido en Madrid y en realidad habría tenido lugar en Valencia.

El exedil insistió en que solo firmó un contrato con Emarsa, en 2004, y que no conocía los otro cuatro contratos que constan en la causa en los que su firma habría sido falsificada. Gimeno aceptó la propuesta del juez de someterse a una prueba caligráfica.