El juicio al doctor Morín recrudece la batalla sobre el aborto

El doctor Carlos Morín afronta, a partir de hoy y durante dos meses, un juicio complejo que va a poner a prueba su precaria salud y va a reabrir el debate sobre el aborto. Han pasado casi cinco años desde que la Guardia Civil irrumpió en las clínicas abortistas que regentaba en Barcelona, que desde entonces permanecen cerradas. Morín, que se ha retirado a vivir a Menorca, se ha convertido en un símbolo ambivalente. Para unos, es el hombre que permitió abortar a miles de mujeres en dificultades. Para otros, los que le han empujado al banquillo de los acusados, es la representación del mal.

Morín afronta una petición de 309 años de cárcel por practicar un centenar de abortos ilegales hasta 2007. Según la fiscalía, las interrupciones voluntarias de embarazo se hicieron “sin límite temporal alguno” y con un “afán desmedido de lucro”. A sus clínicas —Ginemedex, TCB y CBM— acudían cada año cientos de mujeres de toda España y del resto de Europa, que en muchos casos se acogían a uno de los tres supuestos que recogía la extinta ley de 1983, que despenalizó el aborto: el riesgo para la salud física o mental de la madre. En la mayoría ocasiones, dice el fiscal, no se cumplió el requisito legal de que la mujer fuera visitada por un psiquiatra.

Aunque hacía tiempo que grupos católicos intentaban torpedear las clínicas del doctor Morín, el punto de partida del caso lo marcó un reportaje emitido por la televisión pública danesa. Una periodista embarazada fingió interés en abortar y mantuvo conversaciones reveladoras con Morín. Con ese material, el movimiento ultraconservador E-Cristians interpuso una querella que la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, admitió a trámite a pesar de que antes había dado carpetazo a denuncias similares. Al caso se sumaron después otras acusaciones, como Alternativa Española, la Fundación Tomás Moro y el Colegio de Médicos de Barcelona.

Los magistrados que van a juzgar a Morín han dicho que ese reportaje no va a poder aportarse como prueba porque fue grabado con cámara oculta y, por tanto, es ilícito. Tampoco podrán declarar como testigos los tres periodistas.

Los investigadores pincharon los teléfonos de Morín y sus colaboradores —incluida su esposa, María Luisa Durán— y registraron los centros. De allí se llevaron miles de historias clínicas. Las defensas de los acusados, un total de 12, van a intentar que se declaren nulas esas diligencias para evitar que se celebre el juicio. La investigación que se siguió con la filial de Ginemedex en Madrid quedó archivada; el juez consideró que existieron irregularidades administrativas, pero no delitos.

El caso Morín influyó decisivamente en los cambios legales sobre el aborto —la ley de plazos del Gobierno Zapatero— y supone un reto para los grupos antiabortistas. El presidente de E-Cristians, Josep Miró Ardèvol, subrayó ayer que el juicio “tiene una importancia decisiva para España” y reprochó que las clínicas privadas se “aprovechen” del aborto, que supone “un grave riesgo para la mujer”. Algunas de las mujeres que abortaron declararon como imputadas ante la juez, aunque después fueron exculpadas y hablarán como testigos en el juicio. Para Miró, el aborto se presenta como “un pretendido acto de liberación” pero, en realidad, “consiste en matar”.