El juez exime a las pacientes de Morín de inculparse por aborto ilegal

La pesadilla no ha acabado aún para un centenar de mujeres que, tras interrumpir su embarazo en las clínicas del doctor Carlos Morín en Barcelona, se vieron inmersas en un proceso judicial. Esas mujeres declararán como testigos en el juicio contra Morín y otras 11 personas por practicar, presuntamente, abortos ilegales. Las testigos explicarán, entre otras cosas, si las visitó un psiquiatra antes de la intervención. Pero haciéndolo, pueden acabar inculpándose a sí mismas. Por eso, el tribunal de la Audiencia de Barcelona que juzga el caso les ha eximido de contestar a preguntas que puedan incriminarlas.

Los testigos, como regla general, deben contestar a todas las preguntas y decir la verdad. Pero estas son “muy especiales”, dijo ayer el presidente del tribunal, Eduardo Navarro, quien recordó que corren el riesgo de volver a ser imputadas por aborto ilegal, como ya lo fueron en 2007, tras la operación que acabó con la detención de Morín. La decisión causó la indignación de numerosos colectivos, ya que sus identidades e historias personales quedaron incorporadas a la causa.

Al final, las mujeres fueron exculpadas mientras se seguía la causa contra Morín, que afronta una petición de más de 300 años de cárcel por un centenar de abortos ilegales. Pero la juez de instrucción dictó un archivo provisional y no definitivo, y el caso no está cerrado. En función de lo que declaren —si admiten que sabían que iban a someterse a un aborto ilegal—, podrían ser imputadas de nuevo. La decisión del tribunal, en todo caso, da aire a las defensas, ya que limita los testigos de cargo.

En la segunda jornada del juicio se pudo escuchar también la versión del principal acusado. Morín, que podría ser condenado a un máximo de 12 años, defendió su inocencia. Ni se falsearon historiales, dijo, ni se practicaron abortos fuera de los plazos legales. El médico argumentó que la actividad de sus clínicas en Barcelona estaba sujeta a un estricto control de la Administración. El Departamento de Salud, dijo, realizó numerosas inspecciones en la clínica Ginemedex. Algunas, sin previo aviso. Además, tenía pleno acceso a los expedientes y todos los abortos se comunicaban puntualmente al Instituto Catalán de la Salud. La Administración pública, añadió, financió algunas intervenciones.

Morín respondió a las preguntas de su abogado, pero se negó a hacerlo a las de las acusaciones: fiscalía, E-Cristians, Alternativa Española, Fundación Tomás Moro y Colegio de Médicos de Barcelona. El doctor se presentó como un “pionero” que, a través de la fundación que lleva su nombre, ayudaba a mujeres sin recursos en Sudamérica. Frente a la fiscalía, que le acusa de actuar con “afán desmedido de lucro”, Morín defendió que cobraba, como máximo, 2.200 euros por intervención. “El aborto es un incidente, no la vida de una señora”, dijo.

Uno de los episodios más llamativos del caso es el de la trituradora que la Guardia Civil halló en una de las clínicas y que, según la acusación, sirvió para deshacerse de restos humanos. Morín defendió, en cambio, que la usaba para eliminar restos de pollos y cerdos que utilizaba para unas prácticas de veterinaria que él organizaba en la clínica mediante convenios con universidades.

Sus trabajadores, dijo Morín, preguntaban con insistencia a las pacientes si estaban seguras de que querían abortar. Las intervenciones “no eran un aquí te pillo, aquí te mato”, abundó su mujer, María Luisa Durán, también acusada. Durán era la responsable de enfermería. Como tal, se encargaba de pedir el consentimiento por escrito. La mujer negó haber rellenado ella misma los cuestionarios psiquiátricos, aunque admitió haber ayudado a algunas mujeres analfabetas. También justificó que algunos pagos se hicieran en efectivo por la situación delicada de las pacientes.