La batalla por los sexenios

La investigación en la Universidad no solo se está viendo afectada por los recortes, sino también por un sistema de evaluación que muchos consideran arbitrario e injusto, aunque pocos se atreven a decirlo públicamente. Los profesores que quieren ver reconocidos oficialmente sus trabajos de investigación deben someterlos al examen de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), un organismo del Ministerio de Educación que los aprueba (si le dan una puntuación mínima de 6 sobre 10) o suspende. Los profesores tienen que presentar los trabajos realizados en los últimos seis años y, en caso de ser aprobados, obtienen lo que se llama un sexenio de investigación, que les aporta un complemento en el salario y una especie de pedigrí para promocionarse en el mundo universitario. A más sexenios, más sueldo y facilidad para dirigir tesis doctorales, ocupar cátedras, decanatos o cualquier otro puesto de responsabilidad.

Pero las evaluaciones de la CNEAI, que se convocan anualmente, suscitan críticas. Antonio Romero, profesor de Psicología Social en la Universidad de Granada, de 48 años, presentó sus trabajos a este organismo por primera vez en 2003. “La CNEAI escribió a mano en un espacio en blanco la puntuación, 4,8, sin más explicaciones. Presenté un recurso, que fue desestimado, y mi sexenio fue denegado”, cuenta Romero, quien publicó sus trabajos “en las mejores revistas españolas de sociología y compartiendo publicación con sociólogos como Alain Tourane”. En 2007, logró obtener el único sexenio de investigación con el que cuenta. Tres años después, sus trabajos fueron suspendidos de nuevo y la CNEAI se limitó a justificarlo, según Romero, con la frase “medio de repercusión insuficiente”, pese a que sus investigaciones aparecieron en revistas “de las más prestigiosas del mundo”. “Fui citado por numerosos científicos”, afirma.

Antonio Oña, responsable de UGT en la Universidad de Granada y profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte, asegura que las quejas de Romero son muy comunes entre el profesorado universitario y se centran en dos aspectos: La CNEAI “no argumenta ni motiva” los suspensos, lo que deja al investigador “en indefensión”. Y el organismo “ha limitado la investigación digna de ser evaluada positivamente a la publicada en revistas anglosajonas, las incluidas en la base de datos ISI (siglas en inglés de Instituto para la Información Científica), alejadas del sistema productivo y la innovación española”, explica, lo que perjudica especialmente a la investigación en ciencias sociales y humanísticas. La CNEAI, añade Oña, “no tiene en cuenta factores tan importantes en la investigación como la productividad del trabajo o la transferencia a la sociedad”. Es decir, si el trabajo no se publica en una revista incluida en el ISI, es como si no existiera para la CNEAI, coinciden Oña y Romero. Este periódico ha solicitado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte su versión, pero no ha obtenido respuesta.

Los investigadores que no estén de acuerdo con la evaluación de la CNEAI pueden presentar un recurso contencioso-administrativo. “Los tribunales fallan en un 80% a favor de los demandantes, pero los jueces suelen decir que no están capacitados para evaluar las investigaciones. Como mucho, dictan que se repita la evaluación, y la CNEAI la vuelve a rechazar. Y mientras, el investigador ha perdido los más de 3.000 euros que cuesta el contencioso y se le quitan las ganas de volver a denunciar”, dice Antonio Romero.

Las dificultades para que la CNEAI apruebe las investigaciones universitarias han hecho que, actualmente, según el dirigente de UGT, “más de la mitad, el 57,6%, de los profesores universitarios que son funcionarios en España tiene solo un sexenio de investigación reconocido o ninguno”. Para Oña, el sexenio se ha convertido “en la piedra angular del sistema universitario, se ha sacralizado” y, además, con la normativa aprobada a finales de 2012 ha pasado de ser un incentivo a la investigación a usarse como “castigo”. A los profesores con más sexenios se les rebaja su carga docente hasta los 16 créditos, mientras que a los que no tienen tramos de investigación reconocidos les adjudican el máximo de créditos, 32. Los profesores que no logran que se les reconozcan sus investigaciones se ven obligados a emplear la mayor parte de su jornada en dar clases, con lo que no les queda tiempo para investigar. “Es un círculo vicioso perverso”, define Oña.

“Los sindicatos hemos planteado al ministerio, en la mesa de negociación de universidades, quejas sobre la CNEAI y hemos pedido una revisión completa del sistema de evaluación y acreditación de la investigación, para que sea más transparente y objetivo, pero no ha servido de nada”, dice el responsable de UGT. “El gobierno del PP está cómodo con el sistema actual”, opina Oña.

Sin embargo, pese al descontento que existe en buena parte del profesorado universitario, pocos alzan su voz. “La mayoría se callan, en la Universidad nos hemos acostumbrado a guardar silencio”, admite Oña, que tiene tres sexenios reconocidos. “No estoy afectado por esta situación, pero muchos tienen miedo a protestar por si obtienen un castigo”, bien sea de algún superior jerárquico, del director de su departamento, del decano o de cualquiera de quien dependa su carrera académica e investigadora.