La Intervención achaca a Griñán que no frenara el pago de los ERE

La Intervención General del Estado achaca al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra socialista Magdalena Álvarez que permitieran como consejeros de Hacienda el fondo de los ERE, dotado con 850 millones entre 2000 y 2010. Después de casi dos años de trabajo, cuatro interventores del Ministerio de Hacienda han entregado a la juez del caso, Mercedes Alaya, su voluminoso informe (8.245 folios con anexos), muy crítico con la gestión y vigilancia del fondo por parte del Ejecutivo autónomo.

La importancia de la memoria radica en que es el instrumento técnico esencial sobre el que Alaya apoyará sus tesis incriminatorias contra la cúpula del Gobierno andaluz antes de que en los próximos meses envíe el caso al Tribunal Supremo por la supuesta responsabilidad de siete cargos aforados. Y las tesis de fondo de los interventores del Gobierno central, avanzadas ayer por Diario de Sevilla, coinciden en gran medida con las vertidas por Alaya al imputar a 20 altos cargos del Ejecutivo y señalar a esos siete aforados, entre ellos el exvicepresidente Manuel Chaves del Gobierno central. De este modo se cierra un poco más la rama política del caso por la financiación de los ERE, a la espera del informe de la Dirección General de Seguros (Ministerio de Economía) y un atestado de la Guardia Civil sobre la agencia Idea, pagadora de los expedientes.

Los interventores califican el mecanismo de pago en los ERE a través de las transferencias de financiación, una herramienta habitual en todas las Administraciones públicas, de “inadecuado” e “improcedente”. La clave está en si las “graves irregularidades” de esa década superan el ámbito del Derecho Administrativo y por su gravedad conciernen al ámbito penal, al convertirse en delito. Mientras que la Junta defiende que el visto bueno dado por Hacienda año tras año estaba amparado por la Ley de Presupuestos que aprobaba el Parlamento andaluz, Alaya estima que hubo delito, y que sus responsables deben responder por malversación y prevaricación.

Los interventores reprochan a Griñán (consejero entre 2004 y 2009), Álvarez (1994-2004) y la diputada Carmen Martínez Aguayo (2009-2012) su inacción. “No consta que el consejero de Economía y Hacienda (…) haya adoptado las medidas necesarias para evitar dichas irregularidades (…) Tampoco consta que haya dado cuenta al Consejo de Gobierno de los informes emitidos por la Intervención General de la Junta que, por su interés y repercusión, deban ser destacados”. Los interventores del Ejecutivo autónomo alertaron hasta en 15 informes y de manera verbal a la cúpula de Hacienda sobre el sistema opaco de dar las ayudas.

“La aplicación de los fondos recibidos vía transferencia de financiación al pago de estas ayudas fue improcedente”, censuran los interventores, que estiman que el destino de estas transferencias está limitado por ley para “cobertura de pérdidas” de la agencia Idea (pagadora de las ayudas). Los peritos destacan “la carencia absoluta del procedimiento legal establecido” en el mecanismo de pago de los expedientes, subvencionados casi en su totalidad por la Junta con el consiguiente ahorro para las empresas.

La censura hacia los dirigentes atañe asimismo al ex interventor general Manuel Gómez, ya imputado en la causa. Los técnicos de Hacienda censuran que Gómez no emitiera el informe de actuación que habría alertado del menoscabo de fondos públicos. “En nuestra opinión, era de aplicación la obligatoriedad legal de la Intervención de emitir el correspondiente informe de actuación”, subrayan. Mientras, Gómez ha alegado que no estaba en su mano dicha alerta ya que el órgano que auditaba era la agencia Idea y no la Consejería de Empleo que retenía los expedientes.

El informe contraviene la tesis del procedimiento que defiende la Junta, y que se apoya en la inclusión del fondo en la Ley de Presupuestos. “Frente a dicha pretensión [del Gobierno andaluz], hay que tener en cuenta que la documentación anexa citada [donde se detallaba la partida 331L] en ningún caso forma parte integrante de la Ley de Presupuestos (…) Por esta razón, los documentos que puedan ser mencionados en la misma en ningún caso adquieren fuerza de ley”, rebaten los técnicos. Y de paso, exculpa de responsabilidad a los diputados que aprobaron las leyes de Presupuesto, al igual que ya estableció en un auto la juez Alaya. “Es obvio que el legislador andaluz no pretendió que, a través del uso de las transferencias de financiación a Idea, se vulneraran las normas de concesión de subvenciones”.

El minucioso estudio tiene conclusiones coincidentes con los auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuyo informe se entregó al Parlamento. Las salvedades radican en la amplitud del informe, que analiza en profundidad 56 ERE que abarcan un gasto de 544 millones (el 73% del fondo) y además amplía el periodo investigado al 2000, ya que considera que el programa 22E coincide en esencia con la partida 31L iniciada en 2001.