La ‘marea’ se lleva a Lasquetty

La mañana política madrileña se levantó ayer con una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazando un recurso de la Comunidad y de las concesionarias de seis hospitales públicos contra la paralización del proceso privatizador. Fue la puntilla final al proyecto del Gobierno regional que más rechazo encontró entre los ciudadanos desde que Ignacio González preside la Comunidad de Madrid. Con los tribunales y la calle a la contra, el barón popular reconoció la derrota. La dimisión del consejero de Sanidad, Javier Lasquetty, celebrada por decenas de personas anoche en la Puerta del Sol, fue el epitafio al conflictivo intento de privatizar la gestión de media decena de hospitales de la red pública. Con el proceso cada vez más enquistado, hacía meses que se esperaba su adiós, fuera en el formato que fuera (cese o dimisión), según fuentes del PP autonómico.

El eterno aspirante, nuevo consejero

Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, el elegido para sustituir a Javier Fernández-Lasquetty, es más que el eterno portavoz de Sanidad del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Diputado regional desde 1987 —desde la segunda legislatura, por lo que lleva ocho en el hemiciclo—, es el eterno aspirante a la cartera de Sanidad. Hoy, cuando jure su cargo en la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol, cumplirá un viejo objetivo: ser el consejero de Sanidad y, por tanto, responsable del 45% del presupuesto de la Comunidad.

A eso aspiraba Rodríguez desde que, según fuentes cercanas, Alberto Ruiz-Gallardón se lo prometió cuando el actual ministro de Justicia era el presidente madrileño (1995-2003). “Será un gran sustituto [consejero de Sanidad], trabaja en el Gregorio Marañón y conoce la sanidad madrileña”, le definió ayer Lasquetty. El gurú de FAES, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, cede de esta forma la silla a un médico.

Nacido el 21 de octubre de 1943, Rodríguez es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía, médico especialista en medicina interna y nefrología y catedrático de Patología General por la Universidad Complutense, donde es vicedecano de la Facultad de Medicina. Su currículo también recoge su responsabilidad como jefe de la unidad de hipertensión del Marañón. Compagina su actividad con la Asamblea.

“Es el idóneo para lidiar con una etapa tan convulsa”, sostienen desde el PP regional. Miembro de la Junta del PP de Madrid y de las Comisiones Regional y Nacional del PP, Rodríguez ha sido además consejero de Telemadrid de 1995 a 2001.

Desde el momento en que fueron anunciados a finales de octubre de 2012, los planes de privatización se le atragantaron al Ejecutivo autonómico. El inicio de las protestas en el hospital de la Princesa, que se convirtió en un emblema de la oposición al proyecto sanitario de González en pleno barrio de Salamanca, territorio PP, fue el primer síntoma de la pérdida de control en que derivó la propuesta de externalización de la gestión hospitalaria. El protagonismo en la marea blanca del sindicato Afem, formado por médicos, muchos de ellos también votantes del Partido Popular, confirmó que el proceso se le terminó de ir de las manos al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hasta que optó por renunciar ayer. “No estamos en el momento de hacer programas electorales, lo dejamos sin efecto”, dijo ayer González, que no descartó hacerlo en un futuro.

El dirigente, que llevaba casi ocho meses esperando que los jueces diesen luz verde a su proyecto de externalizar los seis hospitales afectados —Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda) y del Tajo (Aranjuez)—, terminó por renunciar a ellos tras conocer la resolución judicial contraria de la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, que ratificó la suspensión de la externalización hospitalaria. Entre las razones esgrimidas destaca que más de un millón de madrileños y más de 5.000 profesionales del sector podrían sufrir “perjuicios irreparables”. O que, dada la “dimensión extraordinaria” del proceso, podría no tener vuelta atrás una vez ejecutado. Y eso que las cifras nunca estuvieron claras: Lasquetty habló a finales de diciembre de 2012 de un ahorro anual de 200 millones (la sanidad madrileña contará en 2014 con 6.980 millones, el 45% de los 17.060 millones presupuestados), que poco después pasaron a ser 169. El pasado octubre, González revisó la cifra: el ahorro sería de 130 millones. Finalmente no lo habrá. Como tampoco recortes, al menos según González, que sufrió un nuevo revés, cuyas consecuencias políticas habrá que ver, tras el fiasco del megacomplejo de casinos de Eurovegas.

El paso atrás de la Comunidad fue recibido con alborozo por la oposición, que de principio a fin se ha mostrado contraria al proceso. “Han perdido en los tribunales y en las calles porque no tenían razón, la razón la tenía la sociedad madrileña”, valoró Tomás Gómez. El secretario general del PSM advirtió que no confía en que sea la paralización sea definitiva: “No creemos que el PP tire la toalla para siempre ni que vaya a renunciar a sus ansias privatización porque está en su ADN”.

“Estamos ante una victoria de las movilizaciones y de la marea blanca, que ha forzado al Gobierno a dar marcha atrás”, expresó el coordinador general de IU, Eddy Sánchez, que reclamó una auditoría “que permita conocer el alcance del daño ocasionado a la sanidad pública”. Para Sánchez la dimisión de Lasquetty “no es suficiente”. “Hay que depurar responsabilidades, la cúpula de la sanidad madrileña de la última década sigue imputada por las privatizaciones ya realizadas”, recordó, en alusión a Manuel Lamela y Juan José Güemes, predecesores de Lasquetty e imputados por cohecho y prevaricación.

“A la vista del enorme malestar social en todos los estamentos de la sociedad madrileña, desde los médicos hasta los ciudadanos, el Gobierno regional no ha tenido más remedio que dejar sin efecto esta medida”, observó el portavoz de UPyD, Luis de Velasco.