La fiscalía mantiene la acusación para Juan José Cortés por un tiroteo

La fiscalía mantiene la acusación contra Juan José Cortés y sus familiares por su supuesta participación en los disparos registrados en septiembre de 2011 en la casa de su tío Antonio Fernández. El ministerio público —que pide para ellos siete años y ocho meses de prisión— les acusa de delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas de fuego y amenazas. El fiscal mantiene la acusación porque “hay pruebas objetivas” de la implicación de los acusados en los hechos, refiriéndose a la existencia de residuos de disparos en sus ropas y a la declaración de dos tíos de Cortés, quienes tras los hechos interpusieron una denuncia que después retiraron.  Las defensas de los implicados han coincidido en pedir la absolución. Solo Vicente Jiménez, cuñado de Cortés, ha reconocido ante el juez ser autor de los disparos.

En cuanto al padre de Mari Luz (la niña desaparecida en Huelva en enero de 2008 y hallada muerta meses después), el fiscal ve “factible” ubicarlo en el lugar a la hora que se produjeron los disparos. Varios testigos confirmaron que Cortés partió de Mairena del Aljarafe (Sevilla), donde grabó un programa de televisión, “a las 1.30 o 1.45 de esa noche” y la policía recibió la alerta a las 2.50. La letrada de Cortés, por su parte, argumenta que “no hay indicios suficientes para probar la más mínima participación” de su defendido en los hechos, ya que “no pudo estar en el sitio”

El fiscal asegura que se puede condenar a los procesados por tenencia ilícita de armas aunque no aparezcan. Además, el ministerio público insiste en la tentativa de homicidio porque los disparos “se efectuaron en las ventanas y no en la fachada”, así como en el delito de amenazas al quedar probado que Cortés mantuvo “una fuerte discusión” con Antonio Fernández y le amenazó con “quemarle la casa”. De igual modo, se opone a la petición de las defensas de la nulidad del procedimiento por supuesta vulneración de derechos fundamentales.

Las defensas de Cortés y de sus familiares han coincidido en pedir la absolución. La letrada de Cortés argumenta que “no hay indicios suficientes para probar la más mínima participación” de su defendido en los hechos, ya que “no pudo estar en el sitio”. En este sentido, insiste en que la justicia “no puede condenar por hipótesis, sino por hechos probados”.

En cuanto al análisis de las prendas que contenían residuos de plomo, la abogada de Cortés ha remarcado que esta prueba "se desvirtúa con el paso del tiempo, no son fiables si se recogen seis horas después de los hechos y, en este caso, se toman 18 horas más tarde y se analizan en noviembre". Sin embargo, el ministerio fiscal rechaza la probabilidad de que se contaminaran los tejidos al asegurar si la ropa hubiera llegado al laboratorio “junta, hubiera constado y no hay constancia de ello”. El fiscal mantiene que para que los residuos estén en las prendas “hay que estar en contacto con nube tóxica provocada por los disparos o en el lugar donde se realizan”.