Los nuevos testigos del ‘caso Nóos’ no aportan datos relevantes al juez Castro

Los patronos de la fundación Turismo Valencia Convention Bureau, reconocieron ayer ante el juez del caso Nóos, José Castro, que las tres ediciones de los Valencia Summit —jornadas organizadas por el instituto de Iñaki Urdangarin y financiadas al 50% por la fundación y la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA)— fueron buenas para la promoción de la ciudad pero manifestaron que nadie les informó de que debían someterse a la ley de contratos públicos, explicó a la salida del juzgado la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete. Los testigos explicaron que el proyecto llegó al patronato, les pareció bien, se ajustaba al presupuesto y por eso dieron su conformidad. Les preguntaron si conocían si había concurso público para darle la organización de estos eventos a Urdangarin y alguno de ellos contestó que los patronos no son los responsables de las normas administrativas. La organización de los Valencia Summit costaron a las arcas públicas valencianas algo más de tres millones de euros.

Según López Negrete, “ha quedado acreditado que la mayor parte de los ingresos de la fundación provenían del Ayuntamiento de Valencia y, por tanto, la adjudicación debía someterse a la legislación de contratos”.

Castro se ha desplazado dos días a Valencia —ayer y hoy— para tomar declaración a 15 testigos relacionados con la fundación municipal que encomendó la organización de estos eventos a Urdangarin. A su llegada declaró que el proceso entra en su recta final: “Tengo tanto interés como el que más en terminar la instrucción, pero respetando las pautas y las pausas”. A preguntas de qué esperaba de esta tanda de declaraciones, el magistrado contestó con un lacónico “no mucho”.

La primera testigo en declarar fue la hoy diputada nacional del PP y entonces miembro del patronato en calidad de directora general de Feria Valencia, Belén Juste. Fuentes jurídicas destacaron que la parlamentaria respondió a muchos de las cuestiones con un “no recuerdo”. A la salida del juzgado, Juste declinó hacer valoraciones.

Las preguntas se centraron en su mayoría en cómo se adjudicó el contrato. Relacionados con CACSA y la Generalitat, responsables también de la adjudicación de los contratos al Instituto Nóos, hay cinco personas imputadas en la conocida como rama valenciana del caso. Son los excargos de la Generalitat Luis Lobón, José Manuel Aguilar y Jorge Vela, a los que se les imputa los supuestos delitos de prevaricación, fraude y malversación. De hecho, las declaraciones de estos dos días se producen a petición de Lobón. Completan la lista la exdirectivas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) Elisa Maldonado y Ángeles Mallent.

Hoy continúan las declaraciones en la Ciudad de la Justicia. Está prevista la comparecencia del expresidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) Rafael Ferrando, la del exresponsables de Feria Valencia Alberto Catalá y la de la concejal de Cultura de Valencia, María Irene Beneyto, entre otros.

Castro confirmó además que el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, volverá a contestar el próximo martes, 15 de abril, para contestar a las repreguntas de las partes ante un secretario judicial de Valencia.

El político responderá a las preguntas del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia y a la del defensor de Urdangarín. “Será igual que antes, pero ante un secretario judicial de Valencia”, afirmó Castro antes de entrar ayer a los juzgados valencianos.

En su primera declaración, el expresidente defendió la legalidad de los convenios con Nóos, pero se desmarcó de cualquier decisión sobre su gestación. Camps aseguró que “nunca” habló con Urdangarin de unos acuerdos por los que Nóos se embolsó 3,6 millones de euros de la Generalitat y una fundación municipal de Valencia a cambio de los Summit y de unos Juegos Europeos que no se realizaron.