Otro 14 de abril

La concejal de Cultura, Mayrén Beneyto ha puesto al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, a los pies de los caballos al señalarle ante el juez Castro como el responsable de las decisiones sobre los contratos con Iñaki Urdangarin de la Fundación Valencia Convention Bureau (FVCB), dependiente del Ayuntamiento. No sería de extrañar que, a partir de esta declaración, el juez citara a Grau para que explicara cómo y porqué se adjudicaron los jugosos contratos al yerno del Rey. En 2012 Grau declaró ante Castro como testigo y entonces aseguró que fue el presidente Francisco Camps, quien se reunió con Urdangarin y que fue a través de la empresa de la Generalitat CACSA (Ciudad de las artes y las Ciencias). Sin embargo, Grau de quien depende institucionalmente es de la alcaldesa, Rita Barberá. La primera incógnita que plantearía una nueva citación de Grau es si actuará de parapeto de la alcaldesa, cuya responsabilidad política es indudable, o si bien volverá a desviar los balones hacia la Generalitat en la figura de Camps, que, no lo olvidemos, era también el presidente del PP valenciano. Camps, que aunque con el privilegio de hacerlo por escrito ya ha declarado ante Castro, volverá a tener que hacerlo porque, previsiblemente, a la luz de lo investigado por el juez y las declaraciones prestadas por los dirigentes de CACSA, aún tiene que aclarar algunas cuestiones.

Así las cosas, todo parece indicar que la sorda batalla que se está librando en estos momentos es como vulgarmente se dice “quién se come el marrón”, si los directivos de la fundación municipal por un lado y los de la empresa de la Generalitat por el otro, o bien los responsables políticos de ambas instituciones, Barberá y Camps, quienes, por lo demás, no se han dignado en dar unas mínimas explicaciones sobre el tema, la una en un pleno municipal y el otro en unas Cortes de las que todavía forma parte.

Probablemente el caso Urdangarin haya sido la fuente de los mayores problemas para la monarquía en España, aunque, sin embargo, no es su amenaza principal. Hoy el mayor problema para la institución monárquica española es el proceso independentista catalán, cuyo motor, además, está constituido por partidos abiertamente republicanos. En cualquier caso, no deja de ser curioso, que ayer, 14 de abril, haya sido un partido “formalmente republicano” como el PSOE el que haya lanzado una iniciativa para reformar la Constitución que permita buscar una salida al llamado problema catalán, que de no encontrarse, desembocaría directamente en la ruptura con España.

La iniciativa anunciada por Alfredo Pérez Rubalcaba se pondría en marcha, pasadas las europeas, el próximo mes de junio. Y el primer obstáculo que tendría que superar sería la cerrazón del Partido Popular, algo complicado teniendo en cuenta su forma de entender la mayoría absoluta y su voluntad de no darle protagonismo al PSOE, pero que probablemente pueda salvarse porque el propio Rey será el primer interesado en hacerlo. Con todo y con eso, el calendario es tan apretado que el primer peligro al que se enfrentan unos y otros es no llegar a tiempo. Si a eso unimos la dificultad de Mas para controlar el proceso asambleario que recorre todo el movimiento independentista, la tarea parece titánica.