El Consorcio de Residuos recurrirá el fallo de los créditos de la incineradora

El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) está decidido a continuar adelante con su cruzada judicial contra la incineradora de Zubieta. Tiene previsto recurrir la sentencia que desestima la demanda que presentó este organismo contra las dos entidades bancarias con las que se suscribieron los créditos swaps para financiar la polémica planta de combustión. El fallo judicial da validez a esos productos financieros, lo que obliga a GHK a continuar pagando 670.000 euros mensuales por una infraestructura que no se está construyendo tras la decisión de Bildu de paralizar las obras a mediados de 2013.

Los servicios jurídicos contratados por GHK están “preparando el recurso” contra dicha sentencia al considerar “ilógico” el argumento empleado por el juez para rechazar la demanda, aseguró ayer a este diario un portavoz de GHK, quien añadió: “Hay base para recurrir y vamos a dar ese paso. Los abogados lo están estudiando y en unos días anunciaremos la decisión firme de recurrir”. El consorcio tiene 20 días desde el pasado miércoles, fecha en la que le fue notificada la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de San Sebastián, para impugnarla ante la Audiencia de Gipuzkoa.

Los abogados de GHK preparan la impugnación ante la Audiencia

La resolución judicial, contraria a los intereses de GHK, mantiene vivos los contratos de cobertura de interés swaps suscritos con los créditos para financiar la incineradora. Estos créditos fueron contratados con La Caixa y Banco Santander por los anteriores gestores del consorcio, cuando estaba en manos del PNV. Con Bildu al frente de la Diputación guipuzcoana y del consorcio, sus responsables acudieron a los tribunales para anular dichos swaps por su carácter “especulativo” y posteriormente acordaron con las constructoras adjudicatarias poner fin a las obras de la incineradora, un acuerdo que se resolvió con el pago de una indemnización de 8,9 millones a las empresas.

Como adelantó EL PAÍS este domingo, la decisión de paralizar la incineradora se adoptó pese a que la gerente económico y el letrado de GHK avisaron de los riesgos económicos que implicaba esa determinación. En este sentido, el PNV considera que los actuales responsables del consorcio podrían haber incurrido en sendos delitos de “prevaricación y malversación de fondos públicos” por haber decidido poner fin a la planta de combustión “a sabiendas del perjuicio económico que está ocasionando”. Además, esta formación va a solicitar la comparecencia urgente del diputado de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, quien hasta la fecha no se ha pronunciado sobre el fallo judicial: “Está desaparecido. No da la cara ni asume las consecuencias políticas de este grave problema”, afirmó un representante del PNV.