Cinco exalcaldes de Córdoba piden la titularidad pública de la Mezquita

Los cinco alcaldes de izquierda de la democracia en Córdoba (Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez, Rosa Aguilar y Andrés Ocaña) han firmado una carta en la que expresan su “profunda preocupación por la inscripción a nombre de la Iglesia Católica de la Mezquita-Catedral, Patrimonio Mundial por la Unesco y bien de incalculable valor histórico y emocional para Córdoba”. Los regidores instan “a las Administraciones competentes a que actúen con urgencia y determinación para impedir una gestión lesiva de los valores fundamentales” del monumento. “Reclamamos, por lo tanto, la restitución de la legalidad constitucional y la titularidad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba, así como la devolución al dominio común de todos los bienes del patrimonio histórico inmatriculados indebidamente por la Iglesia”, defienden.

La misiva de los alcaldes de Izquierda Unida —Trigo y Aguilar pertenecen hoy al PSOE— no la han firmado los alcaldes populares Rafael Merino y el actual primer edil, José Antonio Nieto. “Conocemos cuál es la postura del PP en esta materia, siempre defendiendo las tesis de la Iglesia, y no creímos necesario que pasaran por el trance de tener que negarse a firmarla”, señala Herminio Trigo.

El escrito que se conoce este miércoles ha sido en buena medida iniciativa de Trigo y de Pérez, dos exalcaldes que no han ocultado en público su disconformidad por cómo estaba actuando el Cabildo y la Diócesis de Córdoba en los últimos años, especialmente desde que se generalizaron las inmatriculaciones —altas en el registro de la propiedad— de bienes públicos como propios. El caso de la Mezquita de Córdoba es el más llamativo, pero hay más. El caso del Triunfo del San Rafael y la plaza que lo acoge es especialmente paradigmático, para ellos, ya que “en el momento de su inmatriculación constaba como bien público y existe información histórica suficiente en los archivos municipales para que el Ayuntamiento reclame su titularidad e impida su apropiación por parte de la Iglesia”.

En esta línea, los exalcaldes quieren “poner de manifiesto que no es la Administración legalmente instituida quien debe demostrar que un bien es de dominio público sino justamente al contrario: son los particulares que reclamen su titularidad los que deben acreditarlo fehacientemente”. Para los cinco alcaldes, el registro de la Mezquita, “monumento de dimensión universal”, así como de otros “cientos de inmuebles de dominio público, se ha ejecutado a través de una ley de dudosa constitucionalidad que otorga a la Iglesia el privilegio de inmatricular edificios y fincas sin necesidad de acreditar título de propiedad, actuando como una Administración pública y sus diocesanos como notarios”.

El Consistorio reconoció hace unos meses que debe repasar su inventario patrimonial y comprobar si ha sido inmatriculado por la Iglesia. Para aclarar de una vez la situación, los cinco exalcaldes exigen “que se difundan la totalidad de los bienes inscritos por la Iglesia, muchos de los cuales han sido construidos y sostenidos secularmente con fondos públicos y, por tanto, pertenecen a la ciudadanía”. Y, además, demandan al Ayuntamiento y al resto de Administraciones “que velen por los intereses inalienables de la ciudad y que defiendan el patrimonio histórico a través de todos los instrumentos administrativos y legales de que dispongan”.

¿Por qué enviar ahora la carta? “Hemos decidido hacerlo por responsabilidad. La carta es un compendio de las opiniones que hemos ido expresando por separado cada uno de nosotros y creemos que era necesaria hacerla pública”, sostiene Herminio Trigo, que sucedió a Anguita en el cargo. “Manuel y yo escribimos un borrador, se lo mostramos a los compañeros, lo repasaron y lo firmaron”, prosigue. Todos ellos ocuparon puestos de poder y de máxima responsabilidad municipal en una ciudad cuyo Cabildo hace ya dos décadas que comenzó a dar señales de inquietud por el hecho de que apareciese el término mezquita en las indicaciones urbanas. “Bajo mi mandato convoqué un pleno municipal en 1994 para que el Ayuntamiento aprobase el nombre oficial del monumento: Mezquita-Catedral. Y así se votó por unanimidad, con el apoyo del PP”, recuerda Trigo.