Carmena quiere entrar en el Johnny y mediar en el conflicto

El Ayuntamiento de Madrid realizará sendos informes de salubridad y seguridad en relación al estado actual del colegio mayor San Juan Evangelista, conocido como el Johnny. Ese ha sido uno de los compromisos que la alcaldesa, Manuela Carmena, ha adquirido tras reunirse con representantes de la Fundación San Juan Evangelista, formada por exalumnos del colegio mayor. Actualmente, en él viven unas 250 personas de manera ilegal: inmigrantes, gentes sin hogar y algunos simpatizantes del movimiento okupa.

“Se ha comprometido a prestar una especial atención al tema e incluso a mediar entre todos los actores de este conflicto para llegar a buen término”, cuenta Eduardo Santana, portavoz de la Fundación y presente en la reunión, a la que también acudió el concejal de Seguridad, Salud y Emergencias, Javier Barbero.

El Johnny cerró sus puertas hace un año por el conflicto entre Unicaja, adjudicataria de su gestión, y la Complutense, propietaria del terreno sobre el que se erige el colegio mayor. Ambas instituciones llevan años de demandas mutuas en relación al espacio. Tras su cierre y abandono parcial, en el edificio se fue instalando gente, que de manera ilegal viven en él. Una situación que al rector de la Complutense, Carlos Andradas, le parece un polvorín: “Puede pasar algo grave. Este verano ha habido reyertas, una explosión de gas y fiestas salvajes”.

A los excolegiales, organizados a través de la Fundación, también les preocupa el estado del colegio mayor. “Me consta que hay grupos violentos y bastante descontrol”, añade Santana, que regularmente accede al centro para ver su estado. El Ayuntamiento, aunque no tiene competencias directas, dijo que iba a actuar “de manera inminente” y Carmena se comprometió a mediar entre las partes para encontrar una solución. 

“Nos ha pedido prudencia porque es un tema muy complejo. Además del problema de las personas allí instaladas, hay intereses de Unicaja y un conflicto con la propietaria del suelo [la Complutense]”, cuenta Santana. Desde la Fundación añaden que la entidad financiera tiene expedientes abiertos por Urbanismo desde el 2002 por unas obras que debían hacerse en el recinto y que la caja no realizó: “13 años de burocracia es una vergüenza. Y mira cómo está el colegio ahora”, concluye Santana.