Condenado por abortos ilegales un médico absuelto hace tres años

De la absolución a la condena. De la libertad a la perspectiva del ingreso en prisión. La Audiencia de Barcelona ha notificado este mediodía al doctor Carlos Morín que ha sido condenado a un año y medio de cárcel. El ginecólogo, de origen peruano, fue absuelto por esos mismos hechos hace tres años, pero el Tribunal Supremo obligó a repetir el juicio. En esta nueva sentencia, los magistrados han condenado a Morín a una pena leve (inferior a los dos años) por 11 delitos de abortos ilegales.

La Audiencia de Barcelona considera ahora que Morín "es autor mediato" de esos delitos porque "sabía que con la actividad diseñada y organizada por él (exclusivamente) en las clínicas" iban a producirse interrupciones del embarazo "sin cumplir con los requisitos" de uno de los tres supuestos para los que la ley de 1985 (aplicable al caso de Morín) despenalizaba el aborto. Se trata del "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada". Pese a que las mujeres que abortaron afirmaron que fueron atendidas por profesionales, la sentencia considera que los test "estándar" que rellenaban no eran suficientes para determinar ese grado de riesgo.

La sentencia también condena a otro de los acusados, Pascual Javier Ramón, a la misma pena, mientras que mantiene la absolución para el resto de los acusados, incluidos ginecólogos y anestesistas, porque actuaron bajo "error de prohibición". Ramón, el otro condenado, es el psiquiatra que firmó "en los impresos que pretenden tener los efectos de un dictamen" y que, según la sentencia, "son falsos o simulados". "El psiquiatra firmante sabe que la firma del dictamen y su posterior inclusión en la historia clínica llevarán a la práctica de una interrupción de embarazo fuera de los casos permitidos por la ley". La sentencia tampoco es firme y puede ser recurrida, de nuevo, ante el Tribunal Supremo.

La nueva sentencia pone fin (por ahora) a un periplo de más de una década. El caso nació en 2006 fruto de un reportaje de la televisión pública danesa. La entidad ultracatólica E-Cristians llevó ese trabajo al juzgado y, un año más tarde, la Guardia Civil detuvo a Morín y registró sus clínicas en Barcelona: Ginemedex, TCB y Barnamedic. Las mujeres que abortaron allí llegaron a ser citadas como imputada ante el juzgado de instrucción, aunque finalmente declararon como testigos en el juicio oral.

En 2013, la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona absolvió a Morín y al resto de acusados al considerar que no hubo delito en las interrupciones voluntarias del embarazo que se practicaron en sus clínicas. Los abortos se practicaron “con el consentimiento y a petición expresa de las mujeres embarazadas”, en “centros homologados” y con “personal titulado”, recogía esa sentencia, que reprochaba, eso sí, "cierto descontrol administrativo" en las empresas del doctor peruano. Morín celebró el triunfo y denunció haber sido un "cabeza de turco".

La Fiscalía y el resto de acusaciones presentes en el caso Morín(E-Cristians, Alternativa Española, Fundación Tomás Moro y el Colegio de Médicos de Barcelona) recurrieron la absolución. Y el Tribunal Supremo, apenas nueve meses después, anuló la sentencia y obligó a repetir el juicio. Por dos razones. La primera es una prueba que la Audiencia de Barcelona declaró nula y que el Supremo cree que debió haberse practicado: el testimonio de las dos periodistas danesas que elaboraron el reportaje. La segunda razón es un mero formalismo: Morín se acogió a su derecho a no declarar y los magistrados no permitieron que la fiscalía leyera las preguntas que había preparado. El Supremo cree, en cambio, que esas cuestiones debieron formularse en voz alta para evidenciar, como pretendía la fiscalía, contradicciones con lo declarado en fase de instrucción.

En peor estado de salud, Morín volvió a ocupar el banquillo de los acusados en una nueva vista (con un nuevo tribunal) celebrada el pasado mes de enero y que se prolongó dos meses. El ginecólogo volvía a enfrentarse a la posibilidad de ir a la cárcel por practicar abortos ilegales. Pese a que los abogados de la defensa pidieron que se eximiera a las mujeres de volver a declarar, pero la Audiencia de Barcelona se opuso.