Detenido un empresario afín a CDC que logró contratos millonarios en Lloret
El juez decreta libertad con cargos para el secretario y el interventor municipales arrestados por el amaño de adjudicaciones
La Fiscalía Anticorrupción ordenó ayer el registro del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Selva) y la detención del secretario y el interventor municipales —Rafael García y Carles Arbó— por el presunto amaño de concursos públicos para favorecer a la empresa GBI Serveis, propiedad de Gustavo Buesa, exsocio de Jordi Pujol Ferrusola. Buesa ganó adjudicaciones relacionadas con la gestión de basuras por valor de 80 millones bajo el mandato de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), a quien hizo cuantiosas donaciones.
Los dos detenidos quedaron en libertad con cargos horas después y fueron citados a declarar en el juzgado de instrucción 2 de Blanes el 21 de julio. Buesa, que estaba en Ibiza en el momento de los registros, voló a Girona. Se presentó voluntariamente ante la Guardia Civil, junto a su abogado Carles Monguilod, y acabó también detenido. Los agentes registraron la sede de GBI en Lloret y la casa de Buesa, que continua arrestado y está previsto que hoy a las 10.30 declare ante la Guardia Civil, en Girona.
En total, los agentes realizaron cuatro entradas y registros, bloquearon diversas cuentas corrientes y embargaron bienes del grupo GBI. La bautizada como operación Trueno rastrea indicios de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias, entre otros. Según una nota difundida ayer por Anticorrupción, los contratos de recogida de basuras de Lloret se adjudicaron “en connivencia con autoridades y funcionarios” del Consistorio. Buesa está imputado también por la Audiencia Nacional en la causa que investiga los negocios de Jordi Pujol Ferrusola.
Un contrato de 80 millones
Los registros de ayer tienen su origen en el caso Clotilde, que indagó los privilegios que el exalcalde de Lloret Xavier Crespo (Convergència) ofreció a un empresario ruso. Crespo acabó siendo condenado a nueve años de inhabilitación por aceptar sobornos. Durante la instrucción judicial también salió a la luz el trato de favor de Crespo con Buesa. En abril de 2011, el pleno del Ayuntamiento de Lloret aprobó la concesión del servicio de basuras al grupo GBI con votos de CiU, PP y PSC.El contrato preveía una prórroga de dos años. El equipo de Gobierno, sin embargo, la prolongó hasta diez años y lo tramitó de urgencia a solo un mes de las elecciones.
El contrato supuso 80 millones de euros para GBI (ocho millones anuales durante diez años) e incluía la recogida y selección de residuos, pero también la limpieza de las playas y las calles de la ciudad. Al declarar como imputado por esos hechos, Crespo defendió la "legalidad" del contrato, pero admitió que conocía a Buesa "desde muchos años antes de ser alcalde". Se da la circunstancia de que un hijo de Crespo trabajó un par de veranos en las oficinas de GBI en Platja d'Aro. El interventor que fiscalizó y que fue ayer detenido también tenía a algunos familiares trabajando para la empresa de Buesa, según constató entonces la investigación.
Paralelamente, un informe de la Agencia Tributaria del año pasado ya señaló irregularidades en las adjudicaciones a Buesa, que se hizo con un contrato para un centro de tratamiento de residuos en Lloret en 2008, por 29,3 millones sin tener ninguna experiencia previa, y compitiendo contra otra oferta más barata y sólida, de Sufi. La Guardia Civil ya señaló entonces que Buesa era uno de los donantes de Convergència a través de la fundación Catdem.
En concreto, el informe de la Agencia Tributaria confirma que GBI declaró aportaciones por 550.000 euros entre 2007 y 2010 a tres fundaciones vinculadas a Convergència Democràtica de Catalunya y a Uniò Democràtica. Además, señala en las conclusiones de su informe que familiares del secretario y del interventor del Ayuntamiento de Lloret mantenían relaciones económicas con las empresas de Buesa.
El alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat (CDC), aseguró ayer estar tranquilo ante el registro que la Guardia Civil, y opinó que hay "mucha figuración" en el operativo. Preguntado por su relación con el empresario Gustavo Buesa, presuntamente relacionado con la trama, dijo que es un empresario de Lloret al que ha visto alguna vez, y apuntó: "Cuando se firmó este contrato, yo no estaba en el ayuntamiento".
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