La fiscalía pide imputar al alcalde de Alicante por despedir a la cuñada del portavoz del PP

La fiscalía ha pedido a los juzgados que imputen al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSPV-PSOE), y al concejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez, por despedir a la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, empleada de la corporación, según han confirmado este jueves fuentes de la institución. El ministerio público considera en su denuncia que esa decisión puede constituir un delito de prevaricación al responder a una suerte de vendetta personal contra el líder de la oposición.

Echávarri ya está imputado judicialmente junto a dos de sus asesores por un supuesto fraccionamiento en la adjudicación de 25 contratos de la Concejalía de Comercio por un importe cercano a los 190.000 euros. Tanto un técnico como el interventor municipal expresaron sus reparos a la tramitación de esas facturas como contratos menores y el ayuntamiento acordó anular los expedientes.

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Esa marcha atrás no disuadió al PP de llevar el caso a los tribunales, ante la posibilidad de que se hubiera cometido una prevaricación administrativa. Solo unos días después de que Barcala presentara la denuncia en fiscalía, la Concejalía de Recursos Humanos comunicó a Catalina Rodríguez, cuñada del portavoz popular, su cese fulminante como trabajadora interina.

Echávarri admitió en Facebook que la denuncia del líder de la oposición podía haber “acelerado” su decisión. Pero defendió la legalidad de la misma y la enmarcó en la amplia reestructuración de personal que pretende acometer esta legislatura para liquidar los puestos de interinos supuestamente creados por los anteriores gobiernos del PP para enchufar a familiares, militantes y amigos.

Tanto Guanyar (coalición de Izquierda Unida y Podemos) como Compromís, socios de gobierno de los socialistas, se desmarcaron del despido y permitieron con sus votos que el pleno forzara al alcalde a recular. La cuñada de Barcala fue readmitida a los pocos días, pero la fiscalía ya había abierto una investigación penal a raíz de la denuncia de dos dirigentes vecinales.

Esta mañana, tras conocer que el ministerio público ha remitido el caso a los juzgados, la Alcaldía ha emitido un comunicado donde asegura que la situación “jurídico-procesal” del primer edil “no varía”, pues esa decisión resultaba previsible. Según esa nota de prensa, esta novedad tampoco debe afectar al acuerdo que alcanzaron hace unos días Compromís y socialistas para refundar el pacto de gobierno.

No opinan lo mismo fuentes de Compromís consultadas por este diario. La situación del alcalde ya fue calificada de “insostenible” por la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra (Compromís), y la nueva denuncia deja herido de muerte el gobierno tripartito que permitió a la izquierda arrebatar la Alcaldía de Alicante al PP después de dos décadas de gobiernos populares con mayoría absoluta.

Guanyar ya ha anunciado que dejará el equipo de gobierno el próximo 15 de noviembre si el alcalde no dimite. Compromís hará lo propio si el PSOE no cumple con su compromiso por escrito de relevar a Echávarri en el caso de que su situación legal se vea agravada por una segunda imputación, la que reclama ahora la fiscalía, o un auto de procesamiento en el caso Comercio. Por ahora, da por “congelado” el acuerdo para la refundación del pacto de gobierno y suspende la reunión que debía celebrar esta tarde con los socialistas.

La fiscalía cree que el despido de Catalina Rodríguez pudo ser legal. A su juicio, la supuesta prevaricación estribaría en el agravio comparativo que supuso para ella con respecto a otros interinos que estaban en una “situación similar” y a los que el ayuntamiento mantuvo en sus puestos, según las fuentes consultadas. Trabajadores que fueron contratados inicialmente para ejercer unas funciones concretas y actualmente desempeñaban otras.

Así se desprende de un informe elaborado por la Concejalía de Cultura, dirigida por el concejal Daniel Simón (Guanyar), que ha resultado clave en la decisión del teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, José Llor, encargado de las pesquisas. La denuncia incluye también la publicación de Facebook donde Echávarri asumía el despido como una decisión propia y reconocía que la denuncia presentada por Barcala lo había “acelerado”.