Moià: de una deuda titánica a la recuperación

En la panadería de Conchita, una vecina de Moià (Moianès) que vive en el mismo edificio de su negocio y que a su edad —no se pregunta— todavía despacha con brío a los clientes habituales, hay un horno muy antiguo que funciona con manivela. “Esto es de hace muchos años, hemos visto todo lo que ha pasado en el pueblo”, explica orgullosa. “Antes, el pan que sobraba, lo dábamos a los cerdos, en el sótano, donde ahora mi marido mira la tele”, detalla. En esa parte de la casa, una placa con una inscripción —“El bon català, de les pedres en fa pa”— resume sin saberlo los últimos años de Moià: el que fue uno de los municipios más endeudados de España, con un 395% de deuda sobre su PIB, conseguirá en 2019 y tras dolorosos ajustes situarse en el 100%.

“¿Todavía estamos con la deuda? Esto no se acaba nunca”, lamenta Conchita, que culpa a la administración de la dramática situación a la que llegó el pueblo: “Se compraba y se compraba y ni se pensaba en cómo se iba a pagar”. La gran pelota que formó la deuda llegó a ser desesperante para este municipio de poco más de 6.000 habitantes. Después de 28 años de gobierno convergente en la alcaldía, el actual alcalde, Dionís Guiteras, militante de ERC de la época en que el independentismo era minoritario, ganó las elecciones en 2011 y se encontró con una administración en situación de quiebra técnica. El titular de entonces era apocalíptico: “A partir de agosto no podremos ni enterrar a los muertos”, contaba en ese momento. Con un presupuesto anual de unos 7 millones de euros, la deuda que arrastraba el municipio tras años de pésima gestión ascendía a unos 25,5 millones de euros, y la tesorería estaba vacía. Empezar a pagarla implicaba dejar de abonar nóminas, sufrir por no tener que cortar la luz de las calles, y replantear todos los servicios, desde la policía local y la escuela de música hasta el cementerio.

Las principales medidas que impulsó Guiteras: decir a proveedores y entidades bancarias que no cobrarían, y despedir al 40% de los empleados públicos. La policía local, por ejemplo, pasó de 15 agentes a 7. La escuela de música se cerró, y todavía permanece clausurada. El Consistorio replanteó todo su funcionamiento y todos los gastos pasaron a estar completamente controlados, además de mantener altos los impuestos. Y el Estado intervino las cuentas: con el plan de proveedores del Ministerio de Hacienda de 2012, al momento se pagaron las facturas que se debían, a cambio de perdonar los intereses de demora. Además, los tipos de interés bajos contribuyeron a que el viento fuese de popa en la reducción de la deuda. El plazo de pagos a proveedores ha pasado de los 2 o 3 años a los 13 días, lo que hace más baratas las facturas. Así, el Ayuntamiento, que desde 2012 ha cerrado todos los años en superávit, ha pasado de una deuda del 395% al 180% actual, y prevé que a mediados de 2019 se reduzca hasta el 100%. “Todavía será superior al 75%, que es el máximo que se permite para los Ayuntamientos, pero podremos decir que, en 8 años, hemos conseguido algo para lo que pensábamos que necesitaríamos 30”, afirma Guiteras en su despacho.

“No he podido hacer de político, he hecho de gestor, pero he aprendido mucho: la clave ha sido decir la verdad desde el minuto uno”, explica el alcalde, que se esforzó, desde el principio del plan de contención de gastos, en comunicar lo que hacía el Ayuntamiento mediante asambleas ciudadanas. “Hemos tenido que decir ‘no’ muchas veces, pero la gente lo ha aceptado. La población ha cambiado sus valores y la crisis nos ha hecho reflexionar a todos, sin la implicación ciudadana no lo hubiésemos conseguido”, dice.

Muchos consideran que, además de gestionar la deuda, se tienen que rendir cuentas con los responsables. La asociación Moià Deute lamenta que el alcalde actual no haya querido enfrentarse a los antiguos gobernantes y no haya llevado a los juzgados toda la deuda. Pero Guiteras lo ve diferente: “Era muy importante levantar las alfombras, pero sin ánimo de venganza y de manera aséptica. Lo que hemos visto sospechoso lo hemos llevado a la fiscalía, al Tribunal de Cuentas o a Anticorrupción”.

De la época del despilfarro, los dos símbolos más evidentes son, por un lado, el antiguo cuartel de la Guardia Civil de la entrada del pueblo, y por otro, la plaza del Centro de Atención Primaria. Por medio millón de euros, la empresa municipal Moià Futur, creada por el gobierno del antiguo alcalde, Josep Monràs, compró el cuartel, sobre el que proyectó un bloque de pisos sociales que costaba tres millones de euros. El resultado es que el cuartel todavía sigue en pie, lleno de hierbajos y pintadas, al lado de un cartel que anuncia los pisos sociales que nunca se pudieron pagar. El otro símbolo, la plaza donde se sitúa el CAP. No se ve, pero debajo de la plaza se abre un gran parquing que está inacabado y que costó cinco millones de euros.

“Estos son los dos símbolos más palpables, pero la deuda se incrementaba día a día, como una bola de nieve, solo con abrir el Ayuntamiento”, explica Guiteras. Entre las nóminas, las dietas abusivas (en las que se incluían las copas, el tabaco y los platos más caros) y la sobredimensión de la administración (cada mesa tenía su impresora con sus caros cartuchos de tinta, por ejemplo), hacía que, solo con tener el Consistorio en funcionamiento, se gastaban 3.000 euros al día, y al año 3.000 euros solo en cafés. El Ayuntamiento, además, acumulaba facturas sin pagar desde 2005, con los correspondientes intereses de demora. “Era la tormenta perfecta: un alcalde con actitud de cacique, unas administraciones que no vigilaban (ni la Generalitat ni el Estado advirtieron el crecimiento de la deuda) y una población a la que ya le iba bien”, explica Guiteras.

Hasta que, en el último mandato de Monràs, el Ayuntamiento subió el impuesto del IBI. “Cuando le tocaron el bolsillo, el pueblo empezó a reaccionar”, explica Jordi Crespiera, miembro de la plataforma Moià Deute, que ya había advertido de que el endeudamiento del municipio podía ser grave. Esta asociación se creó para llevar a los juzgados una deuda que Crespiera considera “ilegítima”: “Nada de lo que se pagó o lo que debemos ha repercutido en el bienestar de los vecinos”. El proceso judicial, todavía en fase de diligencias previas, esta semana ha llamado a declarar a los últimos testigos. La denuncia se centra en lo que Moià Deute considera adjudicaciones ilegales: obras que se licitaron sin dotación presupuestaria o ampliación de presupuesto para proyectos que se habían adjudicado a una empresa y que se volvían a adjudicar a la misma compañía sin concurso previo. También tienen bajo la lupa el vertido de residuos en el río de un polígono industrial, donde están las empresas de alimentación, muy influyentes en la comarca. “Solo queremos que se reconozca que esta deuda es, en buena parte, ilegítima, y que podamos sentar las bases para que no se repita en el futuro”.