El pulso de los repartidores de prensa afecta a los quioscos
El paro no autorizado de distribución de prensa en la capital alcanza su sexta jornada
El pulso entre los repartidores de prensa y la empresa Boyacá está afectando desde el pasado viernes a la distribución de periódicos y revistas en Madrid. Desde entonces, los quioscos de la capital están teniendo problemas para recibir la prensa diaria. La mayoría de los 240 autónomos que prestan sus servicios para la empresa distribuidora DIMA (filial del Grupo Boyacá) ha participado en los paros. Los autónomos piden que la compañía negocie la renovación de su contrato, que termina el 30 de agosto. La empresa denuncia agresiones, amenazas y piquetes por parte de los distribuidores. Los quiosqueros lamentan las pérdidas ocasionadas por el conflicto y critican actos de violencia por parte de los repartidores.
Este martes a media mañana muchos quioscos de la capital no tenían periódicos. Solo les quedaban ejemplares de revistas que salieron la semana anterior y de algunas publicaciones mensuales. Los paros comenzaron en la madrugada del jueves al viernes, cuando los repartidores descargaron toda la mercancía “ante la negativa de la empresa a negociar”. Desde entonces se reúnen todas las mañanas en la nave de carga de Torrejón de Ardoz.
“La empresa ha impuesto el despido del 50% en la plantilla, que son unas 130 personas, y bajar el sueldo un 50% a los restantes”, explica un portavoz del sindicato CNT. “Nosotros lo único que queremos es hablar con la compañía. Llevamos un año intentando negociar y ellos no quieren, no nos ha quedado más remedio que cesar el servicio y negarnos a repartir”, explica Julián Moreno, uno de los distribuidores que está en huelga.
Boyacá asegura que los autónomos dejaron de prestar el servicio de reparto sin avisar con el objetivo de “coaccionar a la empresa distribuidora para imponer la firma de nuevos contratos en condiciones privilegiadas”. “Iniciado el reparto con medios alternativos por parte de la empresa en la madrugada del sábado se produjeron persecuciones de vehículos, amenazas, agresiones, bloqueos, golpes y otros actos para impedir el reparto de la prensa”, denuncian. Mientras los autónomos defienden que solo se han dedicado a realizar “piquetes informativos” para los conductores de los camiones de reparto y los quiosqueros. “En cualquier huelga siempre hay tensión, pero no hay violencia, es una manera de desacreditar a los compañeros”, explica un portavoz de CNT.
Boyacá argumenta que ha avisado a los ruteros con suficiente antelación. “Los contratos contemplan indemnizaciones de 90.000 euros por resolución anticipada y sin indemnización si llegan a término”, explican en un comunicado. Boyacá sostiene que las condiciones económicas de los repartidores “son privilegiadas y fuera del mercado”, ya que algunos vienen de la concatenación de contratos desde hace más de 30 años. “No son acordes a la nueva situación que vive el sector de la prensa y revistas que lleva más de 10 años con caídas de ventas continuadas y que ha obligado a los propios editores a llevar a cabo profundos procesos de reestructuración”, sostienen.
Los repartidores tienen una retribución de 4.500 euros mensuales por 15 días de servicio nocturno en rutas de Madrid y un máximo de cuatro horas por cada una de las jornadas. Sin embargo, los repartidores justifican que son falsos autónomos porque la empresa les hace las facturas y las rutas, y explican que con el sueldo tienen que hacer frente a muchos gastos. “Pagamos cuota de autónomos, Seguridad Social, el vehículo, la gasolina… y si hay alguna avería tenemos que hacernos cargo nosotros. Al final el sueldo se queda en menos de la mitad”, afirma Moreno, que lleva 25 años en el negocio.
“Somos conscientes de que hay que bajar los sueldos y que se tiene que ir gente. Pero necesitamos una negociación por parte de Boyacá y no una imposición”, comentan. Fuentes de CNT explican que hay “unos 75 trabajadores” que quieren irse de la empresa de manera voluntaria. La empresa prefiere no hacer comentarios y se remite al último comunicado.
Los quioscos, afectados
“¿Hoy tampoco hay periódico?”. Esta es la frase que durante los últimos cinco días han estado escuchando de sus clientes los quiosqueros de Madrid. La Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid ha denunciado que ha habido violencia por parte de los repartidores y se queja de que se encuentran en medio de un conflicto que no tiene que ver con ellos.
“La prensa es el 75% de las ventas diarias de nuestros establecimientos, nos están llevando a la ruina”, denuncian fuentes de la asociación, que explican que la policía ha habilitado comisarías cercanas a los barrios para que puedan ir a recoger los periódicos. “Seguimos abriendo aunque sea para vender pipas. Nos están hundiendo y la gente está muy rebotada, no pueden bloquear así el derecho a la información de la población”, concluyen.
En los quioscos de la Gran Vía el problema es menor, ya que la mayoría pueden sobrevivir gracias al turismo. “La prensa supone el 40% de nuestras ventas. Vendemos muchas botellas de agua, tiques para los tours por la ciudad, tabaco y chicles”, comenta un quiosquero de la avenida. En cinco minutos se han acercado diez clientes a su puesto, ocho de ellos turistas. “El cliente del quiosco habitual es un cliente muy fiel. Todos los días pasan a preguntarme si ya tenemos prensa y yo no tengo nada que ofrecerles”, comenta el mismo trabajador.
Sin embargo, los quioscos que se encuentran más alejados de las calles principales no tienen la misma suerte. “Si no tienes prensa espantas a los clientes, no compran nada más”, se queja otro quiosquero, que explica que los primeros días le preguntaban si tenía periódicos y ya no se acercan a mirar. “La empresa no nos ha comentado nada de la situación, solo se han acercado los repartidores. Es un insulto al trabajo de muchos años”, critica.
La Asociación de Medios de Información (AMI), a la que pertenece EL PAÍS, expresó ayer en un comunicado su más “contundente rechazo hacia los paros”, condenó de forma enérgica la violencia ejercida por los repartidores para impedir la distribución a los puntos de venta y lamentó el grave perjuicio que genera tanto al sector como a la sociedad civil.
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