Armas para evitar la invasión turística

Una sola persona puede destruir la estrategia conjunta de todo un vecindario en contra de los pisos turísticos. Pasa a diario. Se convoca a los propietarios a una reunión. El orden del día de la cita recoge una votación para decidir si se veta o no la presencia de pisos turísticos en el edificio. Y con que un solo vecino apoye su instalación, salta por los aires el consenso del resto: la ley de la propiedad horizontal exige unanimidad para vetar este tipo de usos, lo que permite que un solo individuo secuestre la voluntad de la mayoría. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a modificar la norma para fortalecer los consensos vecinales.

“Yo compré mi casa hace 30 años”, recuerda con un punto de nostalgia Saturnino Vera, portavoz de la asociación vecinal Cavas (La Latina). “Levantamos y rehabilitamos el barrio. Dedicábamos uno de nuestros dos sueldos a pagar la hipoteca e ir arreglando poco a poco el edificio: la electricidad, el patio, la cubierta... de una casa de 1860, que estaba en un estado bastante ruinoso”, describe. “Ahora todo está rehabilitado, también la fachada. Ocurre en todo el barrio. Y no ha sido porque vengan los turistas”, argumenta, recordando que un solo voto impidió que se vetaran los pisos turísticos en su bloque. “Ahora, cuando está todo arreglado, vienen y cogen los pisos a mansalva”, protesta.

“Yo vivo en el barrio de Chueca, y en los estatutos tenemos una condición de partida, que se pueden poner en el edificio despachos u oficinas, pero que para cualquier otro cambio de uso hay que tener la aprobación de la comunidad”, repasa Paco Pardinas, que vive en un edificio de 1.900 y colabora en la asociación vecinal. “Hace tres años, un propietario decidió empezar con los pisos turísticos, no pidió autorización, y empezó a ejercer la actividad. Convocamos la junta de propietarios, el resto de propietarios votaron en contra de la autorización, y a pesar de todo él siguió ejerciendo la actividad y además nos demandó”, añade. “El primer juicio lo ha ganado la comunidad, pero ellos han recurrido. Y ahora el proceso puede durar años”, continúa. Y lamenta: “Mientras tanto, ya hay un segundo piso turístico”.

Para evitar que ese tipo de problemas se enquiste, el Gobierno planea una modificación de la ley de propiedad horizontal, rebajando la exigencia de unanimidad a que se logre una mayoría de tres quintos en contra de permitir la actividad en el bloque. Así lo anunció esta semana la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, que dijo contar con la complicidad de todas las Comunidades Autónomas.

Pulso institucional

“Es un tema que hay que abordar, pero sorprende que no hayan recabado antes informes jurídicos”, matizan desde el Gobierno de la Comunidad de Marid, que prepara un decreto para intentar regular las viviendas turísticas en la región.

El texto regional prevé un aumento de los inspectores, y plantea limitar ese tipo de apartamentos a un máximo del 75% de la totalidad de los existentes de un inmueble —que sería el 50% en aquellos edificios con un único propietario—.

Ese decreto establecerá un marco para toda la región, sin impedir que cada Ayuntamiento establezca medidas aún más restrictivas. De hecho, el de la capital ha presentado alegaciones frente a la propuesta de la Comunidad de permitir el alquiler de habitaciones para uso turístico, el ratio de ocupación (persona por metro cuadrado) y el de viviendas de uso turístico con respecto al número de total de viviendas de un bloque.