Ecuador multa a Metro de Madrid por los costes indirectos del proyecto del suburbano de Quito
La empresa pública se prepara para litigar tras ser sancionada con más de 1,2 millones
Metro de Madrid se prepara para litigar contra el Gobierno de Ecuador, que le acaba de imponer una sanción de 1,4 millones de dólares (1,2 de euros) por discrepancias en el diseño del proyecto del suburbano de Quito y en la justificación de los gastos indirectos generados por los consultores vinculados a la compañía pública madrileña. "Metro de Madrid y la fiscalizadora recibieron pagos injustificados por 1.690.138 de dólares [1,5 de euros]", según el análisis de la Administración ecuatoriana. Metro de Madrid discrepa y acaba de cerrar un contrato de 20.850 euros para litigar en los tribunales.
La motivación del contrato licitado por Metro para contar con asesoría jurídica en Ecuador no deja dudas sobre el problema que enfrenta a las dos partes: "Un supuesto incumplimiento en la categorización de los gastos indirectos de los contratos firmados con el Municipio de Quito en los años 2010 y 2011 para el diseño del metro de la ciudad". Tanto la empresa pública madrileña como la Administración ecuatoriana coinciden en qué facturas responden a esa definición: por ejemplo, las de las horas dedicadas por el personal de Metro a esa asesoría, o el material de oficina comprado para llevarla a cabo. Sin embargo, la historia de la colaboración entre Ecuador y la empresa pública madrileña es mucho más larga y compleja.
Las claves de la aventura americana
En octubre de 2009, el Ayuntamiento de Quito y la Comunidad de Madrid suscribieron un protocolo para el desarrollo del Metro de la capital ecuatoriana.
La empresa pública calculó que la obra costaría poco más de mil millones de dólares (casi 900 de euros). Todas las ofertas presentadas fueron superiores. La que se aceptó superó los 1.500 (1.300 de euros).
En octubre de 2019, Metro recibió una notificación por parte de Ecuador en la que reclaman 1,4 millones de dólares por errores en el cálculo de costes indirectos.
La primera línea de Metro
El 26 de octubre de 2010, Metro de Madrid firmó un contrato con el Municipio de Quito para asesorarle en la construcción del primer suburbano de Ecuador. El proyecto era, y es, faraónico: 23 kilómetros subterráneos con 15 estaciones para dar servicio a 400.000 viajeros diarios en una ciudad colapsada, y marcada por su topografía accidentada y por la alta concentración de su población. Un paraíso para tuneladoras como la Luz de América, que en Quito han batido en dos ocasiones el récord mundial de kilómetros perforados: 1.130 metros en 30 días, y luego 1.490 metros en igual plazo.
El reto de reducir a 34 minutos la hora y media que se tarda ahora en unir el sur y el norte de la ciudad colocó a los promotores frente a un desafío mayúsculo. Sin embargo, el Presupuesto calculado por la empresa pública madrileña para construir la infraestructura fue de poco más de 1.097 millones de dólares (apenas 900 de euros). Y ahí empezaron los problemas.
Hubo cuatro compañías interesadas, pero ninguna de ellas ofertó al mismo precio de referencia o por debajo. Todas las propuestas fueron al alza. Y la que finalmente ganó, presentada por el consorcio Acciona-Odebrecht, fue un 44,68% más alta, pese a ser la más modesta con 1.500 millones de dólares (1.300 de euros). El conjunto del proyecto y sus distintas fases se dispararon hasta los 2.009,82 millones de dólares (unos 1.830 de euros).
¿El problema? Las Administraciones ecuatorianas implicadas en la financiación del proyecto habían pedido los créditos necesarios para pagar la obra en función del cálculo de Metro, inferior al coste final.
Como el concurso siguió adelante, sin declararse desierto, la diferencia provocó "un problema para el propietario del Proyecto, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y su empresa ejecutora EP Metro de Quito", según una investigación abierta en 2016 por la Contraloría General del Estado de Ecuador (su Tribunal de Cuentas). "Se produjo una brecha respecto al financiamiento estudiado y conseguido para el proyecto y fue necesario conseguir nuevas fuentes de financiamiento y ampliar las ya obtenidas, a fin de continuar con el proyecto, cuyo presupuesto llega a los 2.009,82 millones (unos 1.830 millones de euros)".
"La consultora Metro de Madrid y la fiscalizadora recibieron pagos injustificados por USD 1.690.138 [1,5 de euros]", detallan ahora desde el organismo. "Los diseños no son óptimos constructivamente", siguen. Y rematan: "Hubo una ausencia de controles adecuados ocasionó que la entidad contratante desconozca si se justifican los valores pagados a los profesionales que participaron en las consultorías".
Trenes españoles
Metro de Madrid niega esa versión, y se ha preparado para litigar en los tribunales durante los cinco próximos años con tal de evitar una multa que considera injusta.
"La Comunidad de Madrid y la Alcadía de Quito llegaron a un acuerdo a través del cual, Metro de Madrid realizó diversas consultorías para asesorar a la Alcaldía en el diseño de la primera línea de Metro de la capital ecuatoriana", explican en la compañía pública. "La asesoría se realizó entre 2010 y 2013", siguen. "El 3 de octubre de 2019, Metro recibe una notificación por parte de la Contraloría del Estado de Ecuador en la que reclaman 1,3 millones de dólares a Metro por considerar que el suburbano madrileño habría imputado una serie de gastos “indirectos” que no corresponderían con lo firmado en esos contratos", añaden. "Por eso, Metro de Madrid ha decidido acudir a los tribunales porque ha cumplido escrupulosamente con todo lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron la licitación y fueron realizados por la Alcaldía de Quito. Esa misma circunstancia se reflejó en los correspondientes contratos, no habiendo imputado ningún gasto más allá de lo que se establecía en dichos pliegos".
Durante los dos últimos años, más de 4.000 trabajadores se han desempeñado en las tripas de Quito para terminar su metro. Los promotores han comprado en España 18 trenes con capacidad para 1.200 pasajeros cada uno. Pero las obras no han concluido. Y los problemas tampoco: Metro está dispuesto a litigar durante años.
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