Ruidos molestos, riñas y comercio ambulante: las infracciones que complican a los migrantes en Chile

El Senado de Chile discute un proyecto de ley misceláneo para modificar la actual normativa de migración y extranjería, promovido por el Gobierno de Gabriel Boric, que incorpora a los ruidos molestos, las riñas y el comercio ambulante, como causales de sanciones migratorias. La medida ha sido controvertida luego ser asociada con un motivo para la deportación, pero Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), aclara que no tendrán ese resultado. “Las faltas reiteradas a la convivencia no constituyen una causal de expulsión, sino de revocación o rechazo de permisos de residencia”, dijo en una conversación telefónica.

Recuerda que la ley migratoria vigente ya establece que se puede revocar permisos de residencia por el incumplimiento de obligaciones tributarias; así que en la propuesta debatida en el Congreso solo se agregarían nuevas causales. “Tendremos un fundamento más para eventualmente no otorgarles la residencia definitiva, sino otra temporal, por ejemplo; y en el caso de que tengan una temporal, según el tipo de falta, se le podrá revocar y dar una residencia más corta. Estas sanciones migratorias se aplican siempre con gradualidad y proporcionalidad”, señala Thayer.

En otros países de América Latina, las leyes migratorias permiten la expulsión de migrantes por razones vinculadas a la seguridad ciudadana e involucramiento en actividades ilícitas con casos graves o reiterados, pero las deportaciones no suelen estar dirigidas a personas que incurran en conductas menores.

En cambio, la iniciativa debatida en el Congreso establece que los extranjeros que se encuentran en situación irregular en Chile podrán ser expulsados, independientemente de si cometieron o no transgresiones a la convivencia. En el caso de los venezolanos esta medida se hace más compleja de llevar a cabo, dado que las relaciones bilaterales se encuentran congeladas después de que el presidente Boric consideró que el chavismo cometió un fraude electoral para perpetuar en el poder a Nicolás Maduro durante los comicios del 28 de julio. Sobre esto, Thayer indica que una orden de expulsión, o las sanciones migratorias, no caducan: “Permanecerá vigente hasta que se materialice”.

Chile acoge 1,6 millones migrantes, de los cuales cerca de un 33% son venezolanos, el principal grupo de extranjeros en el país. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) apuntan a que un 6,6% de toda la población extranjera residente (107.223 personas) se encuentran en situación irregular, una cifra calculada con base en las prórrogas de turismo vencidas junto con los registros de informes policiales (denuncias y autodenuncias por ingresos irregulares) que no tienen registro de solicitudes de permisos de residencia. Según datos del Sermig, en lo que va de año se han registrado 635 expulsiones administrativas, una cifra superior a las materializadas desde 2018.

Para Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, la revocación de permisos de residencia por infracciones reiteradas a la convivencia, como los ruidos molestos, puede implicar indirectamente que el afectado, al quedar en situación migratoria irregular en Chile, sea objeto de expulsión. “Además de los problemas de irregularidad migratoria que puede generar este tipo de medidas, es que se está tratando de resolver con sanciones migratorias un asunto que responde a un choque cultural que requieren de medidas que apunten al mejoramiento de la convivencia. Es una medida que puede sonar efectiva y que se hace cargo del problema, pero es muy posible que no lo resuelva y genere otro problema más: mayor irregularidad y exclusión social”, precisa.

Cuando se revoca la residencia en Chile, el Estado puede emitir una orden de abandono en contra del extranjero debido a que no cuenta con un permiso de residencia. Si no sale por sus propios medios, el siguiente paso es una orden de expulsión. “Dejaremos a personas irregulares, con orden de expulsión, que no se podrán deportar, dado que el Estado no tiene esa capacidad. Si lo que busca este proyecto es disminuir la irregularidad migratoria, con medidas como estas las aumentará”, asegura Ramaciotti.

La abogada Gabriela Hilliger, jefa jurídica del Servicio Jesuita Migrante (SJM), hay que considerar que el Estado chileno tiene dificultades para ejecutar deportaciones: “El problema no son la emisión de órdenes de expulsión, hay muchas emitidas. El desafío de Chile está en cómo se ejecutan esas órdenes y eso está relacionado con acuerdos bilaterales y otros asuntos. Seguir ampliando el universo de personas que pueden ser expulsadas no ayudará en nada, sino que solo dará una sensación de caos”.

El proyecto de ley misceláneo es discutido con suma urgencia en el Congreso. El 26 de noviembre, el texto ya superó su primer trámite legislativo, luego de que tanto el oficialismo como la oposición le dieron luz verde en la Cámara de Diputados. Se espera que, en el Senado, mayoritariamente de derecha, también obtenga un amplio respaldo.