El mar Menor será el primer ecosistema de Europa con derechos propios

El Congreso de los Diputados ha aprobado iniciar la tramitación de una ley para que el mar Menor y toda su cuenca tengan personalidad jurídica, con lo que será el primer ecosistema de toda Europa con derechos propios, como si fuera una persona o una empresa. Todos los grupos, excepto Vox, han dicho sí a convertir en proposición de ley la iniciativa legislativa popular (ILP) avalada por más de 600.000 firmas y comenzar así su tramitación parlamentaria. La iniciativa defiende un “cambio radical” en el paradigma aplicado hasta ahora, de forma que la naturaleza, en este caso el mar Menor, pasa de ser tratada como “un objeto al servicio de la humanidad” a ser “un sujeto de derechos”, “de ser un esclavo a ser un ciudadano”, explica la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia Teresa Vicente, una de las impulsoras de esta medida y encargada de presentarla a los diputados el pasado 15 de marzo.

La proposición de ley se tramitará por la vía de urgencia para acelerar su aprobación definitiva, que podría estar lista en verano. Acortar los plazos es vital para un ecosistema en estado crítico en el que, a los continuos vertidos de nitratos a través de las ramblas de El Albujón y Miranda, se han sumado los de fosfatos provocados por los arrastres de las lluvias que han caído en la zona en las últimas semanas y que han generado “el caldo de cultivo perfecto” para que se produzca un nuevo episodio de anoxia (falta de oxígeno). Se podrían volver a repetir mortandades masivas de peces como las que se registraron en octubre de 2019 y agosto de 2021, alerta Pedro Macanás, jurista experto en medio ambiente e investigador, junto con Teresa Vicente, de la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Universidad de Murcia.

Un antes y un después

Ambos coinciden en que con esta futura ley la naturaleza ya no será un objeto a explotar, sino un sujeto que forma parte de la vida. También supondrá un antes y un después en la forma de defenderla, porque al convertirse en un sujeto de derecho, cualquier ciudadano podrá denunciar ante los tribunales de lo contencioso administrativo―sin tener que acudir a la vía penal― agresiones como, por ejemplo, un desarrollo urbanístico o una nueva explotación agraria, que viole un derecho del mar Menor y lo ponga en peligro. “Cuando la ley esté en vigor podrás ir al contencioso y pedir una paralización como medida cautelar sin necesidad de estar afectado de forma directa”, señala Eduardo Salazar, abogado ambientalista. En este momento, solo las ONG pueden ejercer esa acción popular y “se trata de abrirla a la ciudadanía”, añade.

Es una vía que complementa toda la legislación ambiental que ya existe, pero que en este caso como en otros ecosistemas “no ha funcionado”, por lo que es imprescindible “buscar alternativas” como esta, que conllevarán a largo plazo un “cambio legal total”, puntualiza Vicente. Pone el ejemplo de los menores para quienes, tras reconocerse sus derechos, se han adaptado los juzgados y procesos judiciales, la forma de atenderlos, se han creado juzgados especializados y recursos orientados especialmente a esa población. El mismo caso que con las mujeres víctimas de violencia machista. “Siempre que alguien que no tenía derechos los ha adquirido, ha tenido que haber un gran cambio, y esta vez ocurrirá igual, será una revolución que va a limitar el actual modelo de desarrollo económico que está destrozando el planeta. Será una modificación que va a costar mucho tiempo, pero lo que hoy ha ocurrido en el Congreso planta las bases de un cambio que será no solo para la región de Murcia ni para España, sino para el mundo entero”, sentencia la profesora de la UMU.

El vital impulso ciudadano

No en vano, ella ya ha presentado en varios países el contenido de la ILP, y el 20 de abril lo hará en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde ha sido invitada a explicarla. Acudirá acompañada por Mario Cervera, el alcalde del municipio de Los Alcázares, una localidad de unos 16.000 habitantes a orillas de la mayor laguna salada de Europa ―un pequeño mar salado con una extensión de 170 kilómetros cuadrados y muy poca profundidad— que apoyó este proyecto desde el principio. La petición fue elevada a la Asamblea Regional de Murcia, pero el parlamento autonómico consideró que no era el órgano competente para abrir ese debate, lo que dio pie a poner en marcha una recogida de firmas, dificultada por la pandemia, que concluyó el 27 de enero de 2022 con la entrega en el Congreso de más 615.000 apoyos y el inicio del trámite parlamentario.

Para Cervera, el tiempo que se podría haber ganado tramitando esta ley directamente en la Cámara regional ha quedado compensado porque la ILP ha supuesto la creación de un amplio movimiento social “unido e ilusionado”. Además, se ha abierto la posibilidad de elevar la iniciativa a nivel nacional e incluso internacional, por lo que la lucha por recuperar el mar Menor no acaba con la tramitación legal, sino que “mañana hay que seguir luchando y así se hará”.

Un esfuerzo titánico

El movimiento ciudadano ha sido clave en este capítulo en la defensa de la albufera litoral y la amplia movilización para la recogida de firmas se ha mantenido con concentraciones, manifestaciones y todo tipo de iniciativas. Medio centenar de representantes de plataformas ciudadanas se han desplazado este martes a Madrid para seguir en directo el debate. Isabel Rubio, del grupo de coordinación de la plataforma Pacto por el Mar Menor, quería estar una jornada así en el Congreso y dar fe de “un paso muy importante en la evolución de la humanidad”, el de “dar derechos a los ecosistemas”. La ley, insiste, dará a la ciudadanía la posibilidad de denunciar “cualquier agresión que sufra el ecosistema”, lo que sin duda hará que el “esfuerzo titánico” de los dos últimos años para impulsar la IPL haya merecido la pena y suponga “un antes y un después en su futuro”.

Desde la tribuna de invitados han escuchado los razonamientos de los grupos políticos. El socialista Juan Luis Soto Burillo ha recordado que se propone “un cambio en la forma de pensar y actuar, una convivencia pacífica de igual a igual entre el ser humano y la naturaleza”, además de criticar la actuación del Gobierno del PP en Murcia. Un argumento que rechaza el representante Vox, Luis Gestoso de Miguel, que ha tachado al proyecto de “delirante” que busca “criminalizar a los agricultores”, a los que considera los menos culpables de la situación del mar Menor. Su intervención ha sido criticada por representantes de otros grupos políticos, como Juan Ignacio López-Bas, de Ciudadanos, que le ha recordado que con esta iniciativa se busca no dejar solo en manos de la Administración la defensa de la laguna, ofreciendo herramientas a los ciudadanos.

Desde Podemos, el diputado Javier Sánchez se ha mostrado muy crítico también con Vox, al que ha acusado de ser “mayordomos del agronegocio” y ha lamentado los ataques personales que la ultraderecha está haciendo contra Teresa Vicente. Para el coordinador autonómico del partido en Murcia, el movimiento social generado es el resultado “de años de degradación del Mar Menor ante unos responsables políticos que no escucharon las alarmas lanzadas por los colectivos vecinales y ecologistas” . Juan Luis Pedreño, del PP, ha señalado que algunos grupos utilizarán la iniciativa como un “instrumento político al servicio de sus ideologías”, como “acabamos de comprobar en las intervenciones del grupo socialista y Vox”.

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