España reclama a EE UU que se lleve las tierras contaminadas con plutonio por el accidente de Palomares

El Gobierno español ha sacado del cajón donde llevaba años olvidado el compromiso político que Madrid y Washington suscribieron en octubre de 2015 para trasladar al desierto de Nevada las tierras contaminadas que dejó como legado en la pedanía almeriense de Palomares el mayor accidente nuclear de la Guerra Fría, el 17 de enero de 1966, hace ahora 57 años. Ese día, un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135 del Ejército de Estados Unidos colisionaron durante una operación de repostaje en vuelo y dejaron caer cuatro bombas termonucleares; dos fueron recuperadas intactas, pero otras dos dispersaron su carga de plutonio y contaminaron la zona, aunque sin llegar a detonar.

Tras el accidente, EE UU puso en marcha una operación Broken Arrow (Flecha Rota en inglés), el nombre que reciben los accidentes con armas nucleares. Cientos de soldados estadounidenses y un puñado de operarios de la Junta de Energía Nuclear (JEN) de España se encargaron de la limpieza de la zona y de recuperar los artefactos. Apenas dos meses después del siniestro, la dictadura franquista dio por resuelto el asunto con el famoso baño en la playa de Manuel Fraga y con los certificados e indemnizaciones que el régimen y el ejército de EE UU repartieron a los vecinos de Palomares y Villaricos (otra de las pedanías afectadas). En esos documentos se les aseguraba que sus terrenos estaban descontaminados. Se emitieron cerca de 900 certificados y el ejército estadounidense se llevó 4.810 bidones —de 242 litros cada uno— llenos de tierras y residuos radiactivos. Pero atrás se dejaron más desechos enterrados en zanjas y un rastro de contaminación que aún perdura en varias parcelas, que ocupan unas 40 hectáreas de superficie y que fueron valladas en 2007, cuando se descubrieron los altos niveles de radiación. En total, se trata de 50.000 metros cúbicos de tierras contaminadas con medio kilo de plutonio y que hacen que el estigma radiactivo perdure en Cuevas de Almanzora, el municipio almeriense al que pertenecen Palomares y Villaricos, más de medio siglo después.

“El problema no es la limpieza de la zona, sino dónde se llevan luego las tierras contaminadas”, explica por teléfono el alcalde de Cuevas de Almanzora, Antonio Fernández (PSOE), que muestra su frustración por ver cómo cada 17 de enero vuelve el “estigma de la contaminación de Palomares”. El plan de descontaminación elaborado en 2010 pasaba por compactar y filtrar la tierra afectada para dejarla en unos 6.000 metros cúbicos, a los que habría que buscar un destino, ya que en España no existe ninguna instalación para su almacenamiento. En 2015, se llegó a un acuerdo político (sin ninguna vinculación jurídica) por el que España se encargaría de la limpieza y EE UU se quedaría con las tierras radiactivas. Pero ese memorándum nunca se desarrolló y la contaminación perdura en Palomares.

Ahora, tras analizar detalladamente el expediente, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha presentado a Estados Unidos la petición oficial para que se proceda a la retirada de las tierras, aseguran a EL PAÍS fuentes diplomáticas. La petición se presentó hace unos meses ante la Secretaría de Estado, que la ha trasladado al Departamento de Energía de la Administración del demócrata Joe Biden. Aún no hay respuesta de Washington, aseguran las mismas fuentes, pero la acogida inicial “ha sido positiva”. El reloj corre en contra, ya que quedan solo unos meses para que acabe la legislatura, pero las fuentes consultadas se muestran optimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo en plazo, puesto que las relaciones bilaterales “están en su mejor momento de los últimos años”.

La demanda coincide con las negociaciones para ampliar de cuatro a seis los destructores de la Navy destacados en la base naval de Rota (Cádiz). El Consejo de Ministros autorizó el 17 de enero a los departamentos de Exteriores y Defensa a pactar un anexo al segundo protocolo de enmienda del convenio vigente para dar cobertura legal a la llegada de los dos nuevos buques, con 600 tripulantes en total, en 2024 y 2025. Aunque aún no se ha firmado el acuerdo, las fuentes consultadas aseguran que este asunto no tiene relación con la limpieza de Palomares y que España no lo plantea como un toma y daca.

Las negociaciones entre EE UU y España para buscar una salida al problema de Palomares se iniciaron bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando un estudio del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas —el Ciemat, heredero de la antigua JEN— detectó la contaminación en la zona y se decidió vallar las parcelas afectadas. Pero Washington se resistía a sentar un precedente que pudiera abrir la puerta a reclamaciones de otros países. Hasta que el 19 de octubre de 2015, con motivo de su primera visita a Madrid, el entonces secretario de Estado estadounidense, John Kerry, suscribió un acuerdo con su homólogo español, José Manuel García-Margallo, del PP. Según la declaración conjunta, los dos países se comprometían a retirar “tan pronto como sea posible” las tierras tóxicas de Palomares y depositarlas “en un emplazamiento adecuado en Estados Unidos”. Se trataba, según dijo Margallo, de “reparar el error” cometido medio siglo antes, para lo que Estados Unidos estaba dispuesto a “asumir sus responsabilidades y cumplir su papel”, en palabras de Kerry, que ocho años después vuelve a estar en el Gobierno de EE UU como enviado especial para el cambio climático del presidente Joe Biden.

Aquella declaración de intenciones debía plasmarse en un acuerdo vinculante jurídicamente, en forma de tratado internacional, que detallara qué parte de la tarea correspondía asumir a cada país y cómo se financiaría. El plan incluía compactar la tierra contaminada, envasarla en contenedores, trasladarlos por carretera desde Palomares al puerto de Cartagena; y, una vez allí, por vía marítima hasta Estados Unidos, para acabar depositados en el denominado Sitio de Seguridad Nacional del desierto de Nevada, a unos 130 kilómetros al noroeste de Las Vegas. En total, la operación llevaría entre 12 y 24 meses y su coste se estimaba en 640 millones de euros, incluidos unos carísimos seguros.

El tratado no se firmó nunca. Dos meses después de la declaración política, se celebraron elecciones generales en España, de las que salió un Parlamento fragmentado que obligó a repetir los comicios en junio de 2016. Cuando se constituyó el nuevo Gobierno presidido por Rajoy, el 4 de noviembre de ese año, solo faltaban cuatro días para que Donald Trump se impusiera a Hillary Clinton en la pugna por la Casa Blanca y pusiera fin a la Administración demócrata con la que España había pactado la limpieza de Palomares.

La inestabilidad política no fue, sin embargo, la única causa de que este expediente acabara en un cajón. Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo del PP desistió de llevar adelante la operación por el alto coste de la parte que tenía que asumir España (compactado, envasado y transporte), estimada en unos 200 millones. Cuando el Gobierno socialista ha desempolvado el proyecto, aducen las mismas fuentes, ese ha sido el primer reproche del lado americano. El periodo preelectoral que vive España (con elecciones generales en diciembre) y, en menor medida, Estados Unidos (con presidenciales en noviembre de 2024) no ayuda a que el proyecto llegue a buen término. Pero, si se pierde esta ocasión, aducen fuentes gubernamentales, no se sabe cuándo podrá haber otra.

Expropiaciones en Palomares

Cuando Biden ganó las elecciones a finales de 2020, las esperanzas de que se pudiera retomar este asunto con la salida de Trump volvieron. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores sostuvo entonces que mantenía “la voluntad” de lograr “avanzar en la resolución de la cuestión de Palomares”. Pero este tema no ha aparecido en la agenda oficial de las relaciones bilaterales hasta ahora, con la petición formal que España ha realizado hace unos meses a EE UU.

En agosto, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, visitó Cuevas de Almanzora y sostuvo que el Ejecutivo estaba “trabajando en el ámbito económico y diplomático para darle una solución” al problema de Palomares. Se reunió también con el alcalde. “Nos dijo que la negociación avanzaba, pero no nos quiso dar detalles de nada”, asegura el regidor socialista, que todavía se muestra optimista con lograr que se descontamine la zona.

Bolaños también mencionó en su visita el proceso de expropiación que se ha iniciado de 44 parcelas —que suman 34,2 hectáreas— en Cuevas de Almanzora y Vera, en las que se detectó contaminación hace más de tres lustros. Las actividades están restringidas en esos terrenos, que son los que se deberían limpiar para llevar luego los residuos radiactivos a EE UU. Hasta ahora, se pagaba un alquiler a los propietarios, varios de ellos promotoras inmobiliarias, explican fuentes del Ciemat. Pero en 2021 se decidió abrir un proceso de expropiación que sigue sin concluirse. La Subdelegación del Gobierno en Almería sostiene que solo en seis de las parcelas los propietarios han aceptado el precio fijado por la Administración, con lo que el resto de casos podrían acabar en los juzgados. Fuentes del Ciemat sostienen que se ha dado el paso de expropiar tras un informe de la Abogacía del Estado en el que se desaconseja seguir prorrogando la ocupación de los terrenos a través de la fórmula de los alquileres.

El regidor de Cuevas ―que pide al Estado que ofrezca un “precio razonable” a los propietarios afectados— considera que la expropiación favorecerá la limpieza. “Será más fácil hacer la descontaminación si las parcelas son ya propiedad del Estado”, sostiene. José Ignacio Domínguez, abogado especialista en medio ambiente y experto en Palomares, se muestra, sin embargo, pesimista: “Si las expropian es que no tienen intención de limpiar la zona y luego devolver los terrenos descontaminados”.

Limbo legal

Ante la falta de avances diplomáticos en los últimos años, la organización Ecologistas en Acción, de la mano de Domínguez, llevó el caso a la Audiencia Nacional en 2017 para intentar forzar la limpieza. Pero, tras cuatro años de proceso judicial, la Audiencia descartó obligar al Estado a descontaminar Palomares, una decisión refrendada recientemente por el Tribunal Supremo. Domínguez acusa al Gobierno de escudarse en Estados Unidos. En su opinión, se podría acometer la limpieza y guardar en contenedores los 6.000 metros cúbicos de tierras radiactivas resultantes a la espera de una solución definitiva.

Al margen de la voluntad política, el caso de Palomares está envuelto en una neblina legal. Las zonas contaminadas por radiactividad continúan en España en un limbo normativo en el que no existe un reconocimiento oficial para esas áreas, lo que ha derivado en varias advertencias y la apertura de un expediente de la Comisión Europea. Hace un año, el Gobierno dio un primer paso para solventar esta situación al modificar la Ley de Energía Nuclear, de 1964, para incluir la definición de “suelo o terreno contaminado radiológicamente” y de “suelo o terreno con restricciones de uso” por estar afectado por este tipo de polución. Sin embargo, para que se pueda acabar con el vacío legal, el Gobierno debe aprobar un reglamento a través de un real decreto de suelos contaminados. Se debe hacer en colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y fuentes de este organismo supervisor —heredero también de la JEN— sostienen que los trabajos están muy retrasados y dudan de que pueda estar aprobado este año, y más teniendo en cuenta las próximas elecciones generales previstas para finales de este 2023. A pesar de ello, la elaboración de ese real decreto figura en el plan normativo de La Moncloa para este año.

Mientras tanto, este limbo legal continúa. El CSN reconoció en 2018 que tiene constancia de seis zonas —entre las que está Palomares— que están contaminadas por radiación. Pero admitía que no puede haber un reconocimiento oficial como tales hasta que no esté aprobado ese real decreto. Con esa norma, además, se deben establecer las acciones a seguir cuando un terreno se declara contaminado por radiación y las limitaciones de usos.

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