El conflicto de Tarabusi

El conflicto de la empresa vizcaína Tarabusi, SA, dedicada a la fabricación de accesorios de automóviles, ha entrado en vías de negociación, aunque hasta el momento no hay ninguna respuesta positiva que impida una mayor radicalización del problema.1.200 trabajadores, de una plantilla de 1.325, están despedidos según comunicación verbal efectuada el 20 de mayo por el secretario del jurado, aunque muchos de ellos no han recibido todavía la carta de despido.

El conflicto arranca de una petición de los trabajadores para negociar un convenio de empresa que sustituya al provincial del Metal por el que se vienen rigiendo. Aunque el delegado de Trabajo informó favorablemente al respecto, la dirección se negó a discutir el asunto y argumentó que esto iba en contra de sus tradiciones cuando Sindicatos le ordenó que nombrara a sus representantes para discutir el convenio. Para esa fecha se habla dado ya el visto bueno a la comisión deliberadora elegida por los trabajadores.

Tres días antes de que se iniciara el paro, los enlaces notificaron a la dirección que el conflicto sería inevitable si no aceptaban la negociación del convenio de empresa, a lo que se les contestó que sólo el director general, Hugo Tarabusi, tenía atribuciones para decidir sobre el tema. El señor Tarabusi se encontraba en ese momento en su finca de Los Llanos de la Esperanza, recién adquirida a El Cordobés, y se personó en la fábrica pasados 10 días.

Para esa fecha se había iniciado ya la cadena de paros y suspensiones de empleo, y sueldo, hasta el despido de 1.200 trabajadores, casi la totalidad de la plantilla, con efecto desde el 22 de mayo.

Es este el primer conflicto grave que padece la empresa Tarabusi, SA en sus 40 años largos de funcintamiento dentro de esquemas familiares. Hasta el momento había utilizado la mano dura frente al más leve problema, aplicando por otra parte primas discrecionales de buen comportamiento.

A lo largo de la incubación de este primer conflicto serio, la dirección se ha limitado a ofrecer una revisión semestral de acuerdo con el aumento del costo de vida y una paga de 4.000 pesetas al final de año en el caso de no producirse nuevas huelgas. El propio hecho de no enviar a todos las cartas de despido y las investigaciones policiales practicadas cerca de algunos miembros del jurado se interpretan como un nuevo intento de división.

Ante la negativa de los obreros a admitir fórmulas intermedias, la dirección manifestó ayer a los trabajadores su oferta de negociar un convenio de empresa que entraría en vigor el próximo año. Por su parte, los enlaces han solicitado para este año un aumento lineal de 3.000 pesetas sobre sus haberes actuales y la disponibilidad de 4 horas abonables al mes para celebrar asambleas.

La dirección empresarial contestará hoy a estas peticiones. Mientras tanto, una representación del capital minoritario, que no pertenece a la familia Tarabusi, se ha ofrecido como mediador en el conflicto, por entender que todas las peticiones de los trabajadores son negociables.»