Fiscal especial en Estados Unidos para los escándalos políticos

Cuando están a punto de cumplirse los dos años de la dimisión del presidente Nixon, a consecuencia del escándalo Watergate, el Senado de los Estados Unidos aprobó una ley por la que se crea un fiscal especial que tendrá jurisdicción para investigar acusaciones contra el presidente, los ministros del Gobierno y otros altos funcionarios de la Administración.La ley, aprobada en la tarde del miércoles, obtuvo 91 votos a favor y 5 en contra. Antes de que entre en vigor, deberá ser aprobada por la Cámara de Representantes y firmada por el presidente Ford. Ayer, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Mike Mansfield, apremió a los representantes para que aprueben la ley lo antes posible, con el fin de que pueda estar vigente antes de que finalice el presente año.

El proyecto de ley fue presentado por el senador Sam Ervin, jr., demócrata por Carolina del Norte, hace dieciocho meses. En un principio, la Administración Ford se negó a apoyar el texto de la ley, pero hace unos días el presidente propuso una solución de compromiso, que consiste en dar al fiscal especial un puesto permanente en el Departamento de Justicia.

El fiscal especial será nombrado por el presidente por un período de tres años y el nombramiento deberá ser refrendado por el Senado. La misión del fiscal será investigar las acusaciones contra el presidente, el vicepresidente, el director del FBI, los miembros del Gobierno, el alto staff de la Casa Blanca y otros altos funcionarios, entre los que se incluyen jueces y miembros del Congreso.

El motivo de la creación de este cargo de fiscal especial fue la comprobación" a raíz del escándalo Watergate, de que el presidente y otros altos funcionarios podían quedar inmunes a cualquier investigación sobre ellos, ya que tenían jurisdicción sobre toda la maquinaria de investigación federal, incluido el FBI y el Departamento de Justicia.

Al existir un cargo permanente de fiscal especial, que no pueda ser cesado salvo por comisión de delitos, los legisladores buscan una garantía de que no se produzcan nuevos escándalos como el de Watergate y que, en caso de producirse, serán investigados y perseguidos por el fiscal especial.

Los cinco senadores que votaron en contra del proyecto son republicanos y basaron su oposición a la ley en que « ataca a la vida privada» y es anticonstitucional. Los restantes senadores republicanos votaron, junto con la mayoría demócrata, a favor del proyecto de ley.