Brasil-79: democracia controlada / 1

Las tres confrontaciones electorales -para jefe de Estado, legislativas y gobernadores estatales- llevadas a cabo a lo largo de 1978 han coincidido en los resultados: el modelo tecnocráfico-desarrollista impuesto por decreto por los militares, tras el derrocamiento del presidente constitucional Goulart en 1964, ha dejado de funcionar en Brasil. Los estrechos esquemas políticos y la dirección económica no han solucionado los problemas estructurales de la nación y, de añadidura, la conducción militar se ha desgastado totalmente al cabo de catorce años de dictadura. Por otra parte, el cansancio y el malestar de todas las capas sociales ante el férreo monopolio militar se ha recrudecido en los últimos tiempos. El mundo de la empresa, la clase política y los trabajadores han levantado una voz única de disconformidad que, a su vez, se ve respaldada por la Iglesia católica y un sector de los uniformados. Esa oposición global aflora con un deseo concreto: los militares deben regresar a los cuarteles y los civiles recuperar la gestión pública. Pero la presión social existente no es desconocida por el presidente Geisel, quien, desde hace más de doce meses, está poniendo en práctica una serie de medidas encaminadas al restablecimiento de una democracia controlada, a la que no es ajena la presión norteamericana, muy decidida a la utilización de la doctrina Carter en todo el hemisferio. Como bien señaló el Financial Times, en su edición del 7 de diciembre de 1978, «una nueva era de libertad ha amanecido en Brasil». ¿En qué medida es cierto ese intento liberalizador auspiciado por Geisel y al que se une el presidente electo, Figueirido?A golpe de acta institucional

Efectivamente se puede constatar en Brasil tanto la fatiga de las estructuras, creadas a golpe de acta institucional a partir de 1964, como la repulsa general a las mismas. No en balde el modelo dictatorial impuesto se basó en la cerrazón nacional insuflada por el ideólogo del sistema, el general Goldbery, con sus tesis sobre la soberanía nacional recogidas en su libro Geopolítica del Brasil, y que lamentablemente fueron copiadas por los homónimos del continente. Pero la inflexible aplicación de esas tesis no fueron articuladas con el apoyo popular, en el que no encontró jamás eco, sino con las terroríficas intervenciones de la CIA, la DINA y el Escuadrón de la Muerte. Es decir, el modelo tecnocrático desarrollista de los militares quedó instrumentado mediante la débil cobertura jurídica de las actas institucionales y la represión ejercida por las fuerzas armadas, las fuerzas del orden y las descaradas y dramáticas acciones de los servicios paralelos.

¿Cuál ha sido el saldo del modelo institucionalizado por Castelo-Branco y sus compañeros de la Escuela de Guerra? Nada mejor para ello que recordar lo que apuntó Sándalo, obispo del este de Sao Paulo, a raíz de la última Conferencía del Episcopado Brasileño: «La situación de injusticia se mantiene con mecanismos de violencia institucionalizada...» «la dinámica de este proceso conduce a la multiplicación de la violación de los más elementales derechos humanos». La síntesis de las palabras del obispo Sándalo se puede hacer en dos planos, el político y el económico-social. Respecto del primero: en Brasil están prohibidos los partidos políticos, los sindicatos, la libertad de prensa y demás derechos humanos. En cuanto al segundo: el 5% de la población posee todo y el 95% vive en ignominiosa cautividad.

Comienza el calendario liberalizador

Por el momento, no existe acuerdo entre civiles y militares en relación al ritmo de la democratización. Los primeros, pretenden el total restablecimiento democrático para dentro de tres años, mientras que los segundos lo extienden a seis años. Ahora bien, a partir del primero de enero de 1979, Geisel ha habierto un poco más la mano y permitirá la creación de auténticos partidos políticos, ya que los dos existentes constituyen el más burdo exponente de una farsa de bipartidismo, pues ni el oficialista, ARENA, ni el de la oposición, MDB, representan a nadie, carecen de base popular y son un mero refugio de políticos en estado de cese.

A nadie se le oculta que la liberalización política acabará con los dos monigotes partidistas y sus hombres terminarán por encuadrarse en los partidos por nacer. La disolución del MDB y del ARENA -la voz de su amo, el divulgador de las ideas oficiales en lugar de ser generador de ellas- supone que ambas formaciones, propiciadas desde el poder militar, serán las perdedoras del intento liberalizador iniciado por el presidente Geisel al anunciar en septiembre de 1978 el fin del acta institucional número cinco, dictada en 1968, y a la aplicación del artículo 185 de la Constitución de 1969, en el que se recogía la inhabilitación política. Estas primeras medidas, sin embargo, ofrecen contradicciones importantes. De una parte, se restaura la independencia del poderjudicial, se restablece el habeas corpus y se eliminan los poderes excepcionales del jefe del Estado en materia de cerrar el Congreso. De otra, quedan en vigor unas cláusulas de salvaguardia que restringen la transferencia democrática: el estado de sitio y el de urgencia se atienen a lo dispuesto en el artículo 155 de la Carta Magna y continúa la negación de la libertad sindical. Por otra parte, se ha concedido una parcial libertad de prensa, en la que la prensa escrita queda aliviada de la censura, si bien la radio y la televisión permanecen bajo el control militar, es decir, se aplica la ley Falcao de 1976.