Un juez especial sustituye a Gómez Chaparro en la instrucción del sumario de Atocha

Tras el escándalo desatado por la fuga de Fernando Lerdo de Tejada, uno de los procesados en el sumario por la matanza de la calle de Atocha, de la cárcel de Ciudad Real, mientras disfrutaba de un permiso de varios días durante la pasada Semana Santa, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó ayer sustraer la instrucción de dicho sumario de la competencia del juez Rafael Gómez Chaparro, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1. Para continuar la instrucción del sumario ha sido nombrado juez especial el magistrado Alfonso Barcala, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

El juez Gómez Chaparro, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, uno de los tres que dependen de la Audiencia Nacional, ha venido instruyendo desde hace dos años el sumario por la matanza de Atocha bajo las protestas de los abogados de la acusación particular de que obstruía presuntamente la investigación de los hechos y dificultaba la práctica de aquellas diligencias que podrían conducir al conocimiento de los instigadores del atentado y de los encubridores de los presuntos asesinos.La retirada del sumario de la calle de Atocha de las manos del juez Gómez Chaparro se produjo a última hora de la mañana de ayer, poco después de que los abogados de la acusación particular, que actúan en defensa de los supervivientes del atentado y de los familiares de las víctimas, hubieran entregado al presidnete del Tribunal Supremo, Angel Escudero del Corral, un duro escrito solicitando la adopción de medidas conducentes a poner al frente de la instrucción del sumario al señor Chaparro.

Estos mismos abogados, en rueda de prensa convocada por la tarde, acusaron públicamente al juez Gómez Chaparro de ser el causante de la lentitud con que se viene instruyendo el sumario de Atocha y de ser el obstáculo que ha impedido a la acusación particular llegar hasta los cómplices y encubridores de la matanza.

La decisión de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional de sustraer el sumario de Atocha de la competencia del juez Gómez Chaparro fue hecha pública mediante la siguiente nota: «Vistos el párrafo segundo del artículo tres del real decreto-ley 1/1977, de 4 de enero, y el artículo 304 de la ley de Enjuciamiento Criminal, y en atención a las circunstancias que concurren en el sumario 13/1977, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acuerda encomendar la instrucción de la causa mencionada al ilustrísimo juez central de instrucción número 3.»

El real decreto-ley al que hace referencia la nota de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional es el de creación de la Audiencia Nacional, y el párrafo segundo de su artículo 3 establece que «la distribución de los asuntos entre los juzgados se hará por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, atendiendo a la mayor homogeneidad de las materias atribuidas a cada uno de ellos».

En virtud de ello, el sumario por la matanza de Atocha ha sido encomendado al juez Alfonso Barcala, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, al que se le ha venido encomendando hasta ahora la investigación de los llamados delitos monetarios. Por su parte, el artículo 304 de la ley de Enjuiciamiento Criminal hace referencia a la facultad de las salas de gobierno de las Audiencias y del Tribunal Supremo para designarjueces instructores especiales cuando las causas versen sobre delitos cuyas extraordinarias circunstancias motivaren fundadamente el nombramiento de aquéllos «para la más acertada investigación o para la más segura comprobación de los hechos».

En el escrito entregado ayer por la mañana por los abogados de la acusación particular al presidente del Tribunal Supremo se resumen algunas de las imputaciones contra el juez Gómez Chaparro, que, posteriormente, en conferencia de prensa celebrada por la tarde, dichos abogados ampliarían ante los periodistas. Entre ellas destacan las siguientes: negativa a la práctica de diligencias posteriormente estimadas por la Audiencia Nacional y practicadas después con gran retraso y de forma defectuosa, cuando ya hablan perdido eficacia investigadora, falta de notificación de práctica de diligencias a la acusación particular, impidiendo la intervención de ésta; actitud desconsiderada hacia los abogados de la acusación particular e inobservancia de las normas procesales que garantizan la obligada incomunicación entre los testigos. A este respecto, se cita el hecho de que Juan García Carrés, antiguo dirigente del sindicato vertical, tras prestar declaración en el sumario de Atocha, fue conducido del brazo por el juez Gómez Chaparro hasta la salita donde esperaba, también para declarar en dicho sumario, el dirigente falangista Raimundo Fernández-Cuesta.

En la conferencia de prensa de los abogados de la acusación particular, celebrada en el despacho del letrado Jaime Miralles, estuvieron presentes, además de éste, los letrados José María Mohedano, Jaime Sartorius, Cristina Almeída y José Luis Núñez Casal. El portavoz fue Jaime Miralles, quien manifestó que se había enterado de la fuga de Lerdo de Tejada por unos periodistas que le llamaron a casa. «A pesar de estar el día anterior toda la manana y parte de la tarde en la Audiencia Nacional, el señor Gómez Chaparro no nos ha comunicado nada», señaló el señor Miralles.

En una exposición inicial, el señor Miralles manifestó que en el escrito que habían dirigido al presid nte del Tribunal Supremo solicitan, en primer término, que se realice una completa depuración de las responsabilidades que hayan podido derivarse de los hechos . «Reunidos los abogados de las acusaciones particulares -añadió el señor Miralles-, hemos llegado a la conclusión de que el poder judicial actual, rotundamente independiente, puesto que estamos en un Estado de Derecho, nos merece sobrada confianza y plena fe. No hemos querido ser nosotros mismos quienes instemos una actuación respecto a la conducta del juez, y hemos preferido, y así lo hemos hecho, poner todo esto en conocimiento del presidente del Tribunal Supremo, para que sea la cabeza del poder judicial quien, con su superior criterio, decida lo que estime más procedente en garantía de la justicia».

El letrado José María Mohedano manifestó que «la causa del retraso en la conclusión del sumario han sido los obstáculos permanentes puestos por el juez Gómez Chaparro a la práctica de diligencias», mientras que el letrado Jaime Sartorius declaró: «Tenemos certeza de haber llegado a los autores materiales de la matanza, pero las dificultades puestas por el juez nos han impedido llegar a conocer quiénes eran los cómplices y los encubridores.»

Los abogados expusieron algunos detalles de los permisos concedidos a los procesados recluidos en la cárcel de Ciudad Real. «Hay órdenes de salida, pero no de entrada», manifestaron. Francisco Albadalejo, principal encausado, obtuvo permiso de dos días para asistir a la boda de una hija, y permaneció en casa en Navidades después de haber dirigido al juez un escrito, explicando que sus hijos tenían vacaciones y deseaba estar junto a ellos en esas fechas, de tan marcado carácter religioso. Por su parte, Fernández Cerrá salió varias veces de la cárcel para ser asistido en un hospital de una dolencia de estómago y para arreglarse la dentadura.