Directivos de ENUSA informan en Salamanca sobre la planta nuclear de Juzbado

«Muy mal tenemos que haber informado para que exista esta oposición al proyecto de la fábrica de combustibles nucleares de Juzbado», afirmó Manuel Isla, director general de la Empresa Nacional del Uranio, SA (ENUSA), durante una sesión informativa celebrada ayer en Salamanca, a la, que acudieron representantes de los partidos políticos CD, UCD, PSOE y PCE, miembros de la Diputación y del Ayuntamiento de Salamanca y medios informativos, y que estuvo presidida por el propio presidente de la sociedad, Juan Basabe, a quien acompañaban una decena de altos cargos de, la misma.El directivo de ENUSA trató de ahuyentar el temor existente en tornó a los riesgos de la fábrica de Juzbado -inferiores a los de una central nuclear, según dejaron entrever, pese a sus cautelas, los directivos de la sociedad-, para concluir que dicha factoría constituía una aportación a la expansión industrial de Salamanca. La planta generará quinientos puestos de trabajo. La inversión prevista hasta 1985 es de 3.500 millones de pesetas, y el ahorro en divisas por las importaciones de los elementos combustibles que se producirán en Juzbado alcanzará 20.000 millones de pesetas desde la puesta en funcionamiento de la fábrica hasta 1987.

En la sesión informativa se manifestó muy clara la oposición al proyecto, aunque no a la energía nuclear, por parte del PCE, en tanto que CD y PSOE no intervinieron en la polémica, y UCD pidió dos aclaraciones insignificantes. Los. representantes comunistas adujeron razonesde índole regional y provincial desde una perspectiva política, económica y social. Salamanca es la provincia con mayor producción de energía eléctrica y no precisa nuevas instalaciones que pongan en peligro incluso su actual riqueza. Por ello, el PCE pidió que las instalaciones nucleares se efectúen en las zonas que precisen esa energía, y no en la deprimida «Lusitania interior», Castilla-León y Extremadura. Pero, según uno de los representantes comunistas, «la solidaridad interregional no existe en España, ni se dan los pasos necesarios para imponerla».