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La Unión de Policías pide la dimisión del director general

La Unión Sindical de Policías (USP) presentó ayer al ministro del Interior un escrito en el que pide la dimisión del director general de Policía y la creación de una comisión investigadora de los expedientes disciplinarios incoados a policías, entre otros puntos. Por la tarde, la USP hizo su primera aparición pública legal con una rueda de prensa mantenida por su comisión gestora provisional en la Escuela General de Policía, sita en la calle de Miguel Angel, de Madrid.La comisión manifestó la intención de mantener frecuentes contactos con la prensa, «como medida correctora del tradicional ostracismo de la policía y como muestra de que ésta debe estar al servicio de la sociedad».

Señalaron que su origen se remonta al movimiento corporativista de los años 1976-1977. «En un principio nos sirvió la asociación profesional, pero vimos que su campo de actuación no era suficientemente amplio. Nosotros estimamos que hay sustanciales diferencias con un sindicato, que es lo que seremos, que verdaderamente incida en la realidad social para perfeccionarla, así como en el cuerpo de trabajadores que componemos.»

El escrito presentado ayer al ministro del Interior recoge cinco puntos: la petición de dimisión del señor Sainz se basa en estimar una «mala gestión en los niveles profesional, político, administrativo y, específicamente, en lo concerniente a terrorismo»; en cuanto a la investigación de expedientes incoados, consideran que «el procedimiento sigue siendo inquisitorio, ya que el representante de la Administración es juez, defensor y fiscal, y se considera extremadamente alta la cifra de expedientes -muy superior a otros ministerios-, con una media anual de quinientos para un cuerpo de 9.000 funcionarios», y piden que se suprima esta jurisdicción especial y se someta a los funcionarios a la magistratura ordinaria.

La USP acusa de inquisitorial el procedimiento de incoación de expedientes disciplinarios

El tercer punto del escrito solicita «la apertura de una investigación sobre la conducta de una autoridad de Las Palmas que pudiera dar lugar a sanción judicial o administrativa por hechos relacionados con la problemática de la adicción a las drogas, si bien el motivo de la solicitud no radica en la emisión de un juicio de valor por nuestra parte sobre dicho consumo, sino por el hecho de que determinadas parcelas sociales son perseguidas por ello, mientras a otras se les tolera».A este respecto aclararon que si el consumo es despenalizado por el Código Penal también debe serlo por la ley de Peligrosidad y Rehabilitación. «Debe ser tema de Sanidad, no de la policía, que debe quedar para la lucha contra el tráfico, si bien la USP, como policías, cumplirán la ley en vigor.» En declaración a una pregunta, precisaron: «Pasamos de si el porro debe o no ser legalizado porque tenemos problemas más importantes.»

Un cuarto punto rechaza la ratificación de la Carta de Europa, hecha con la exclusión de los funcionarios públicos, por lo que se presentará una reclamación en el Congreso. Finalmente se pide al ministro que investigue sobre los pasquines expuestos en dependencias de DSE contra cuatro miembros de la USP por unas declaraciones a Cambio 16 y proceda sobre los autores.

La USP está promovida por 195 miembros. «Esperamos que, en un año, los afiliados alcancen el 30% de los funcionarios. Por razón de edad, la mayoría son progresistas en un sentido amplio.» Se define como demócrata, progresista y abierta a todas las ideologías, así como independiente y sin intención, por el momento, de federarse con otros sindicatos, «aunque sí mantener buenas relaciones». Para su gestación «se han mantenido contactos con todos los partidos demócratas, a excepción de UCD, que no quiso recibirnos». De cara al congreso constituyente se preparan diversas ponencias «que se realizarán con consultas a las asociaciones vecinales, partidos, centrales sindicales y entidades sociales y culturales».

Diversas presiones para evitar la legalización

Entre las presiones que la USP ha sufrido para evitar su legalización destacaron: expedientes encubiertos, amenazas veladas, traslados y denuncias judiciales. «En la actualidad hay seis funcionarios de Barcelona que tienen denuncia en el juzgado número catorce porque uno de los boletines informativos se hizo sin el pie de imprenta: un comisario de Granada ha sido trasladado nueve veces a sitios donde no hay instituto de enseñanza, sabiendo que tiene hijos estudiantes; otro comisario de Barcelona ha recorrido, en traslados mesuales, las veintiuna comisarías barcelonesas, y todos conocemos el reciente caso del comisario de Alcobendas, entre otros.»

«Para la legalización hemos tenido que quitar de los estatutos el derecho expreso a la huelga. Pero en el congreso, que será soberano, se planteará la remodelación y dejarlos según nuestro verdadero espíritu.»

Entre las ponencias que abordará el congreso figurarán: 1.ª Sobre terrorismo, entendido globalmente en base a criterios sobre su principal origen político. 2.ª Reorganización policial, con más atención a competencias que a espacios geográficos y fundamental estudio de la policía de distrito, verdaderamente integrada en éste. 3.ª Servicios de inteligencia con propuesta de desligarlos de la policía y evitar posibles manipulaciones. 4.ª Ampliación del estudio sobre el proyecto de ley de seguridad ciudadana (véase EL PAÍS del 2-10-1979).

La comisión gestora señaló que la USP «denunciará las torturas de que tenga conocimiento». Y añadió que «sin ser partidarios de la depuración, que podría prestarse a lo subjetivo, sí lo seremos de la claridad». También apuntaron como uno de sus esfuerzos la defensa de los policías democráticos discriminados. «Todavía hay altos mandos que afirman que la policía no debe democratizarse, sino acatar órdenes. Y se da la circunstancia de que la mayoría: de los jefes superiores y muchos comisarios pertenecieron a la antigua Comisaría General de Investigación Social, hoy denominada sólo de Investigación.»

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