El Parlamento vasco aprobó ayer un programa de medidas contra el desempleo

La Cámara vasca aprobó en la sesión plenaria que celebró ayer en Vitoria una proposición no de ley de medidas contra el paro. Todos los grupos, incluido el Partido Nacionalista Vasco, reconocieron las limitaciones de las mencionadas medidas, dada la ausencia de competencias y la no elaboración de los presupuestos generales de la comunidad autónoma.

Sin embargo, los partidos de la oposición, que vieron sus quince enmiendas parciales derrotadas por el partido mayoritario, reconocieron que la proposición no de ley contempla aspectos importantes de lucha contra el paro.Previamente a este tema, el Partido Socialista de Euskadi había retirado su proposición de ley sobre servicios sociales después de que el consejero de Sanidad, Javier Aguirre, se comprometiera -en nombre del Gobierno vasco- a elaborar una ley en la que se respetase la filosofía del preámbulo del texto de la proposición socialista, así como a discutir la iniciativa en forma de ponencia en la comisión correspondiente. El Partido Nacionalista Vasco, que en principio se había opuesto a la toma en consideración de la mencionada proposición de ley, reconoció su identificación con la exposición de motivos de los socialistas y aceptó la necesidad de una ley reguladora de servicios sociales. En la justificación de motivos, el grupo parlamentario de socialistas vascos hacía especial hincapié en que una verdadera política de servicios sociales debe estar orientada hacia la creación de un sistema público integrado de servicios cuya finalidad esencial sea contribuir al bienestar de todos los ciudadanos y a la prevención y supresión de la marginación. El texto contemplaba la financiación de un sistema de servicios sociales con fondos públicos.

La proposición no de ley de medidas contra el paro fue aprobada con los votos del partido mayoritario, que rechazó sistemáticamente las quince enmiendas presentadas por la oposición.

La proposición no de ley aprobada contempla que el Gobierno vasco se comprometa a establecer un sistema de incentivos para mantener los puestos de trabajo y estimular la inversión generadora del empleo, definiendo las prioridades sectoriales para la estimulación selectiva de la demanda. El Gobierno también considerará la inversión pública como objetivo prioritario en los presupuestos de la comunidad autónoma para 1981 y establecerá posibles ayudas de carácter complementario a los esfuerzos de las partes implicadas en las empresas en crisis de carácter coyuntural y ejecutará los procesos de reestructuración pertinentes en aquellos sectores o empresas que, de acuerdo con el Estatuto, estén sometidos a procesos a nivel estatal.