Novedades fiscales para 1982

En el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1982, junto a numerosas prórrogas de medidas aprobadas en el anterior con efectos exclusivos para el ejercicio que ahora finaliza, que no comentaremos por considerarlas ya conocidas por nuestros lectores, se contienen también, en efecto, diversas novedades que, en relación con la tributación a nivel estatal, afectan esencialmente a los dos impuestos sobre la renta -personas físicas y sociedades- y a la imposición indirecta.Renta de personas físicas: cuatro novedades

Con referencia al impuesto personal sobre la renta, cuatro son las novedades que con distinto signo -tres favorables y una gravosa- ocuparán al sufrido contribuyente, con vigencia exclusiva para el ejercicio 1982, de aprobarse la ley en los términos propuestos: la elevación de la escala de gravamen, el nuevo aumento de las deducciones familiares, el establecimiento de una nueva deducción en la cuota en razón de los rendimientos netos del trabajo personal computados y la posibilidad de deducción por inversiones en función de una cuenta fiscal de ahorro.

Comenzando por la parte agradable del proyecto, se contempla un nuevo incremento para 1982 de las deducciones de la cuota por circunstancias familiares, que pasarían a ser de 14.500 pesetas por matrimonio, 12.000 pesetas por hijo, 10.000 pesetas por cada ascendiente que conviva con el contribuyente y no tenga rentas superiores a 100.000 pesetas anuales, 9.000 pesetas por cada miembro de la unidad familiar con edad igual o superior a setenta años o, por último, 32.000 pesetas adicionales por cada hijo o miembro de la unidad familiar invidente, gran mutilado o gran inválido, físico o psíquico, congénito o sobrevenido. En definitiva, las nuevas cifras propuestas suponen un aumento de 2.000 pesetas en cada caso respecto de las vigentes en 1981.

Deducción por rendimientos de trabajo personal

Otra medida esperanzadora para quienes vivimos primordialmente de remuneraciones salariales es la propuesta de deducción en la cuota del 1% de los rendimientos netos del trabajo personal. Es de advertir que no debe confundirse esta propuesta con la medida ya incorporada al nuevo reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en su artículo 45-1.i, según la cual, para determinar precisamente esos rendimientos netos del trabajo, han de minorarse los rendimientos íntegros en el 1% de los mismos, entre otros gastos necesarios, en concepto de gastos de tal índole de difícil justificación.

Aunque la fundamentación técnica de esta propuesta -naturalmente recomendable en un plano de equidad- se centró en la escasa discriminación que de las rentas según su origen se hace en el impuesto sobre el patrimonio, en nuestra opinión la razón esencial que movió a la Administración a recomendar esta nueva deducción en la cuota fue la de paliar siquiera un poco la desproporción existente en la contribución de las rentas del trabajo respecto al total de las declaradas en el impuesto, ya que, tomando como fuente al propio Ministerio de Hacienda, tal porcentaje supuso en 1979 casi el 85% del total.

La "cuenta fiscal de ahorro"

Una tercera disposición, igualmente favorable, consiste en que la imposición a plazo fijo no inferior a tres años en una cuenta especial denominada cuenta fiscal de ahorro, abierta en bancos y cajas de ahorro, se admita como inversión a efectos de la deducción del 15% de la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas (porcentaje al que, por cierto, se unifica en 1982 toda deducción por inversiones).

De esta forma, las modalidades de colocación de capitales a largo plazo avanzan en su equiparación fiscal, dando así una mayor libertad de elección a los inversores, que no se ven constreñidas a realizarla en valores mobiliarios o en vivienda propia, que antes eran las primordialmente aptas para disfrutar de la indicada deducción del 15%. Por ello, parece acertada la medida comentada, por cuanto, al eliminar la discriminación fiscal señalada, dota de mayor transparencia al proceso de elección de la inversión que cada ahorrador considere más adecuada a su situación y necesidades.

En esta línea, para que las imposiciones a plazo puedan gozar de la ventaja fiscal ya citada deberán cumplir dos requisitos que afectan tanto a su disponibilidad como a su cuantía.

1. En efecto, durante el plazo mínimo de tres años, los saldos de las imposiciones a plazo serán indisponibles, excepto cuando se trate de disposiciones por actos o hechos involuntarios -que se determinarán reglamentariamente, si bien parece que se considerarán como tales la quiebra, la suspensión de pagos, el embargo y el fallecimiento, entre otros de fuerza mayor-, o para la adquisición de valores mobiliarios con cotización calificada en bolsa, en cuyo caso no gozarán de nueva deducción estas últimas adquisiciones. Como la imposición total deducible puede realizarse en varias veces durante. 1982, para evitar complicaciones de cálculo parece que el criterio de la Administración será considerar el inicio del plazo de los tres años en la fecha del devengo del impuesto, es decir, el 31 de diciembre de 1982.

La disposición en todo o en parte de los saldos de estas imposiciones a plazo antes de transcurrir tres años determinará la pérdida del beneficio fiscal disfrutado (salvo que sean de aplicación las excepciones reseñadas), realizándose la corrección oportuna en el período impositivo en que tal disposición se produzca, sin perjuicio de los intereses de demora y sanciones que procedan.

2. En cuanto a su cuantía, la imposición a plazo se mueve entre dos límites absolutos y uno relativo.

Por una parte, no puede exceder de la cantidad absoluta de 500.000 pesetas al año ni ser inferior a 100.000 pesetas en el mismo período.

Por otra parte, no podrá exceder, conjuntamente con la inversión de valores mobiliarios con cotización calificada en bolsa, del 25% de la base imponible del sujeto pasivo o unidad familiar que se acoja al incentivo.

Admitida la limitación de las inversiones al 25% de la base imponible, resultan más difíciles de entender los límites absolutos de 500.000 y 100.000 pesetas aludidos, que no parecen justificables. Más aún: en lo que se refiere al límite inferior (100.000 pesetas) puede calificarse de injusto, en cuanto que discrimina claramente contra los ahorradores modestos incluidos en los estratos más bajos de renta, que no podrán beneficiarse de la ventaja fiscal cuando no alcancen imposiciones anuales de ese montante. Seria, quizá, oportuno que el Senado tuviese en cuenta esa circunstancia y adoptara las medidas pertinentes para corregir la situación.

Igualmente convendría, en nuestra opinión, que el Senado reconsiderara o aclarara la enmienda introducida en el C9ngreso de que, en caso de incumplimiento de los requisitos de la cuenta, "de la deuda tributaria responderá, solidariamente la entidad financiera depositaria", porque, ¿cómo puede ésta controlar los actos individuales de sus impositores o fiscalizar sus declaraciones del impuesto sobre la renta?

Elevación de la tarifa

Con todo, las tres medidas favorables reseñadas tan sólo palian la previsible incidencia negativa que se derivará en 1982 de la elevación de la escala propuesta, de forma que el efecto derivado del aumento de tipos nominales se adicionará al resultante del incremento de los tipos efectivos a consecuencia de la inflación.

Además de la variación en los tipos nominales de cada tramo en algo más de un 5% (no en cinco puntos, sino en un 5% del porcentaje anteriormente vigente), la inflación, en efecto, modifica al alza los tipos efectivos resultantes de aplicar una tarifa progresiva a bases impositivas crecientes en pesetas corrientes, pero constantes en términos reales. Esta fue precisamente la razón que impulsó a la Administración a reducir en la anterior ley de Presupuestos la tarifa que es de aplicación en este año.

A título de ejemplo, en el gráfico adjunto se recogen los tipos efectivos correspondientes a un contribuyente casado y con dos hijos, cuyas fuentes de renta respondan a la estructura indicada por el Ministerio de Hacienda en el análisis de los resultados del impuesto en 1979 y suponiendo unas tasas de inflación del 14,5% y 14%, en 1981 y 1982, respectivamente. Del examen del gráfico se desprenden, esencialmente, las consideraciones siguientes:

- En primer lugar, la inflación ha producido un incremento de los tipos efectivos del impuesto (de forma gradual e ininterrumpida desde 1979.

- En segundo término, tal aumento es relativamente menor para las familias de rentas más modestas, debido a que los incrementos de las deducciones en la cuota por matrimonio e hijos, al consistir en una cantidad fija, benefician en mayor medida a este colectivo de contribuyentes.

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