Transportes, Turismo y Comunicaciones

LA SIEMPRE pendiente reforma administrativa ha encajado más bien por azar que por necesidad los variados asuntos del transporte, las comunicaciones y el turismo en un mismo departamento que nació sin edificio propio. Asimismo, durante la última legislatura este ministerio acordeón ha sido refugio de políticos sin empleo definido, y la responsabilidad de su dirección se ha encargado por ajuste de cuentas internas del partido antes que por la competencia técnica e idoneidad para el cargo de los tres ministros que han pasado por esta poltrona. A casi ministro por año, el departamento ha sido gestionado por Salvador Sánchez Terán, José Luis Alvarez y Luis Gámir.Los tres ministros prometieron en sus respectivas tomas de posesión y en los balances de su gestión un poco más de lo mismo: acercar las tarifas políticas de los servicios públicos al coste real, lo que se ha traducido en sucesivas subidas en el precio de los trenes, autobuses, metro, aviones, teléfonos, correos, etcétera; cumplir al máximo con las inversiones de su voluminoso presupuesto, que se ha más que duplicado en la legislatura; apaciguar, no sin ciertos rasgos de impotencia, a sus gremios de pilotos., camioneros, marinos mercantes, carteros, ferroviarios, etcétera, durante sus persistentes huelgas; y, finalmente, encargar gruesos libros blancos y/o planes cuatrienales para el transporte, para las comunicaciones, para la Telefónica o para el turismo, a falta de cuatro ideas básicas que fijaran en una simple cuartilla las opciones claras del departamento.

La tónica de los tres ministros ha sido administrar sus gastos por la fuerza de la inercia más que adoptar las iniciativas clarificadoras que precisa la prácticamente inexistente política de transportes, de turismo o de comunicaciones. A estas alturas resulta difícil descifrar, a través del estudio de los discursos y de los recursos, cuáles son las prioridades en materia de trenes, carreteras, mar o aire y qué combinación podría ser la más adecuada para los intereses generales de la comunidad. La relación carretera/ferrocarril sigue siendo en España con 85/15, y contra la tendencia europea, bastante más favorable a los camioneros que a la Renfe, lo que, unido al escaso control del peso por eje de los camiones, contribuye a deteriorar los firmes de nuestra red viaria.

Tampoco se conocen las prioridades en materia de telecomunicaciones, cuyo estudio realiza en parte la comisión redactora del Plan Electrónico Nacional y los grupos privados que parecen controlar la Compañía Telefónica más que su mayoritario dueño, que es el propio Estado. Un sector como el de las telecomunicaciones, que tiene necesarias interconexiones con el Ministerio de Industria y el INI y una importancia descomunal en el futuro tecnológico de España, no puede estar sólo en manos de una Telefónica que recibe escaso control público, a diferencia de lo que ocurre en los países europeos.

Y el turismo, como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda, acabó en 1980, nadie sabe por qué, en el Ministerio de Transportes. Afortunadamente, los turistas siguen llegando a España a pesar del descuido que nuestros gobernantes muestran por este sector en continua expansión, que ha compensado una parte de la crisis y fue clave de nuestro crecimiento económico durante los años sesenta.

Durante el primer año de esta legislatura, el número de visitantes descendió en un millón, lo que produjo un apreciable susto nacional en plena segunda crisis energética. Sin embargo, a partir del año siguiente, el turismo volvió a resurgir con cifras récord, superando los cuarenta millones de entradas anuales, y permitiendo a los ministros del ramo, que esperan a los extrajeros Como a las aves migratorias, campañas triunfalistas raramente apoyadas por iniciativas sensatas e imaginativas que aprovecharan mejor este regalo aparentemente irreversible de la vida moderna.

Este desordenado ministerio, que podría haber jugado un papel más decisivo en ahorro energético y en creación de empleo, no sólo es voluminoso por su presupuesto de inversiones, que este año roza los 300.000 millones de pesetas, y por su enorme plantilla de funcionarios, actividades, dependencias y conflictos, sino también, desgraciadamente, por el número y la gravedad de los accidentes que, durante la legislatura que termina, han sembrado de muertos y heridos las vías del ferrocarril, las carreteras y los aeropuertos, y que nos aproximan más a los países tercermundistas que a los desarrollados en materia de seguridad en el transporte.