La SER pretende comprar el paquete del 25% de acciones que tiene el Estado en la cadena.

La posibilidad de que el Gobierno venda a sus actuales propietarios la participación de un 25% que tiene en la cadena SER y en otras emisoras privadas ha vuelto en las últimas horas a ser considerada con especial atención en círculos políticos y empresariales. Fuentes oficiales de Presidencia del Gobierno y de la cadena SER han dicho, sin embargo, que no está prevista esta transferencia aunque el tema se comentó en un Consejo de Ministros celebrado hace tres meses.

En las últimas semanas se había barajado la posibilidad de que Presidencia del Gobierno vendiera al resto de los propietarios el paquete de acciones que el Estado posee desde 1976 sobre determinadas emisoras privadas, especialmente en la cadena SER. La transferencia se haría por un simple acto administrativo a través del Ministerio de Hacienda. Según fuentes cercanas a Presidencia el Gobierno desearían cerrar esta operación cuanto antes, ante el temor de que resultara vencedor en las próximas elecciones el PSOE. Este supuesto podría desembocar en una mayor operatividad de la representación estatal en estas emisoras. En la actualidad son tres los vocales en el consejo de Administración de la SER que representan el 25% de capital estatal.El consejero director general de la SER, Eugenio Fontán, ha explicado que no han existido negociaciones pero que "la SER desde hace mucho tiempo desearía recuperar esa parte del patrimonio cuya donación al Estado fue obligada. Sería lógico qué las acciones que tiene el Estado volvieran a sus antiguos propietarios".

Aunque fuentes oficiales de la cadena SER afirman que "no tienen la menor noticia- del tema de la inminente devolución de las acciones" otros sectores de esta cadena aseguran que existe un buen entendimiento, con el gobierno para la recuperación de acciones "aunque la SER lo lleva con el mayor sigilo posible". Por otra parte la SER desearía cuanto antes convertirse en una cadena completamente privada sobre todo cuando ya existen emisoras de reciente concesión que están totalmente en manos del sector privado y sobre las que no se impuso esta condición de ceder acciones al Estado.

Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate, presidente del Consejo de Administración de la cadena, señaló ayer a este periódico que la de la compra de acciones del Estado "era una posibilidad más", pensado en el contexto genérico de la creencia de que "el Estado no debe estar, en los medios de comunicación".

En la esfera de Presidencia del Gobierno, concretamente Joaquín Tena, director general de Régimen Jurídico de Radiodifusión y Televisión, ha dicho que no hay nada previsto sobre este tema "aunque se habló hace algún tiempo en el Consejo de Ministros". "Si se planteara habría gente partidaria de la transferencia y gente que no lo es". Para Joaquín Tena las cosas están así: "El Estado tiene esa participación del 25% y no se ha planteado si debe seguir teniéndola o no".

Un problema jurídico

La posible devolución de ese 25% del capital estatal a la radio privada, que no afecta sólo a la cadena SER sino también, entre otra emisoras a Radio Intercontinental de Madrid, Radio España de Madrid, Radio España de Barcelona, Radio Zaragoza y la COPE, plantea graves problemas jurídicos. Algunos especialistas incluso han llegado a calificar de "aberración jurídica" el intento de traspaso puesto que el -Gobierno sólo puede vender bienes de su patrimonio y en este caso de su participación en una empresa sólo cuando se trata de menos del 10%. Si se supera esta cifra la enajenación de este bien debe hacerse por una ley aprobada por el parlamento. La solución del tema se complica todavía más desde la perspectiva deque las emisoras de radio funcionan como concesiones de la Administración.La SER, la cadena de radio privada más importante de España -tiene en la actualidad 140 emisoras, contando las nuevas concesiones de FM y las emisoras asociadas-, ha funcionado como una concesión administrativa del Estado con una participación de este último de un 25 del capital. Sin embargo esta participación del Estado estaría ahora, según fuentes financieras de la Administración, por debajo incluso del 20% del valor real de esa participación puesto que en las ampliaciones de capital posteriores a 1976 no ha participado el Estado.

La SER nació en 1924 con el nombre de Unión Radio de la mano de varias empresas internacionales que comenzó a crecer junto a una sociedad de venta de radios y electrodomésticos. Desde entonces la SER atravesó dificultades especialmente en la dictadura de Prúno de Rivera'y en la guerra civil, durante la cual quedó completamente descapitalizada. Después de la guerra la SER sienta las bases de lo que es hoy bajo la presidencia de Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate y la dirección de Virgilio Ofiate. Son muchos los años en que la SER se mueve bajo la amenaza de la cancelación de concesiones.

Desde la postguerra la cadena SER se erigió en la cadena más potente del ámbito privado tanto por los ingresos por publicidad y consiguientes beneficios como por su cobertura y calidad de la información, ya que cubría el 98% del territorio nacional y fue la primera cadena privada en independizarse en 1977 de la obligada conexión con el parte de Radio Nacional.

Cuando en 1976, como consecuencia de una confusa política e statal en materia de radiodifusión, la SER, al igual que otras emisoras ya citadas fue obligada a entregar un 25% de sus- acciones a cambio de renovar las concesiones, miembros del actual consejo de administración como Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, Antonio Fontán, Emilio García Gómez y Mariano Gómez Mira se vieron obligados a ceder ese 25%.

En la actualidad el Estado está representado en el consejo de administración de la SER por los diputados de UCD en la anterior legislatura, Guillermo Medina, José Miguel Bravo de taguna y José Luis Castillo García. El capital privado de la SER está representado por Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, presidentedel consejo de administración; Mariano Gómez Mira y José Miguel Garrigues Walker, vicepresidentes; Eugenio Fontán, consejero director general; Ramón Varela, consejero secretario general y por los vocales Emilio García Gómez, Juan Fernando Gómez Hall, Virgilio Oftate, Raimond Carrasco, Santiago Foncillas y Antonio Fontán.