Creciente eficacia en el aislamiento del terrorismo y problemas de seguridad aún sin resolver

El teniente general Ibáñez Freire, hasta entonces capitán general de Cataluña, fue el primero de los dos ministros del Interior de la legislatura que ahora se agota. La situación del orden público registraba en esas fechas una de los peores momentos de la transición, como consecuencia de la actividad terrorista de ETA, de los GRAPO y de la extrema derecha, junto con los altos índices de delincuencia ciudadana. En las grandes ciudades había llegado a calar la impresión, alimentada en los círculos añorantes del anterior régimen, de que era realmente peligroso transitar por las calles. Un hombre de actitudes torpes no parecía ser el más adecuado para afrontar esa situación, pero su condición de militar y su supuesto conocimiento del País Vasco, -Ibáñez Freire es natural de Vitoria- debió pesar en el ánimo de Adolfo Suárez para atribuirle tan altas responsabilidades.La presencia de un militar al frente del Orden Público podía tener efectos tranquilizadores en un Ejército extraordinariamente sensibilizado por la actividad terrorista. Sus primeras declaraciones vinieron a confirmar que la impresión de que el nombramiento había sido debido más a razones políticas que a imperativos de mayor eficacia. "Perseguiremos a los terroristas hasta el centro de la tierra", manifestó el recién nombrado ministro. Esta frase venía a dar la clave del signo de su política: aplicación de medidas exclusivamente policiales.

El titular del Ministerio del Interior minusvaloró la importancia que para la lucha contra ETA tiene su aislamiento social. El 3 de mayo de 1979, Abc publicó unas declaraciones suyas en las que decía: "Yo bramé cuando se erigieron las ikastolas, porque sabía que iban a crear en la juventud vasca una mentalidad antiespañola, de país ocupado y oprimido. Y así ha sido: esta nueva generación vasca está animada de un fervor casi mesiánico; ellos creen que van a redimir a su patria frente al opresor". Un posterior mentís parcial a estas declaraciones no consiguió acallar la indignación que produjeron en el País Vasco.

La mala preparación técnica, política y psicológica de las fuerzas de Orden Público para hacer frente a las ofensivas terroristas de diverso signo se puso de relieve en diversas ocasiones y afectó no sólo a los policías y guardias civiles, sino también a los mandos. Una prueba de ello fue la actitud del director general de la Guardia Civil, Pedro Fontenla, en relación con el intento de cambio en el marco institucional de dicho cuerpo. Sus declaraciones en tomo a la ley de Criterios Básicos de la Defensa y la Organización Militar (calificó el texto aprobado por el Congreso de golpe bajo a la Guardia Civil porque limitaba su carácter militar y afirmó que haría todo lo posible por conseguir que el Senado lo rechazase) motivaron su destitución en abril de 1980, cuando llevaba diez meses en el cargo. Igualmente queda para la anécdota el hecho de que Ibáñez Freire llevara al Ministerio, como jefe de su gabinete, a su propio hijo.

Cuando el 3 de mayo de 1980 se resolvió la crisis del Gobierno con el cambio de Ibáñez Freire por Juan José Rosón, la situación en lo referente a terrorismo y seguridad ciudadana no había variado en absoluto respecto a la existente un año antes. La situación que heredó Rosón puede resumirse en el balance del año 80, que presentaba 368 acciones terroristas, con 118 muertos y 136 heridos. A golpes de ETA correspondieron 237 acciones, 91 muertos y 92 heridos. A los GRAPO, 35 acciones, seis muertos y dos heridos. Los índices de delincuencia común eran igualmente altísimos.

Un eterno futurible

Durante la mencionada crisis, Suárez ofreció el cargo al general de división José Antonio Sáenz de Santa María, inspector jefe de la Policía Nacional y delegado especial del Gobierno en el País Vasco, y también a Salvador Sánchez Terán, entonces ministro de Transportes. Ninguno de los dos aceptó. El nombramiento recayó finalmente sobre Juan José Rosón, en aquella fecha gobernador civil de Madrid, quien llevaba camino de convertirse en el eterno futurible para el cargo. Juan José Rosón había sido jefe de Adolfo Suárez en Televisión Española, y según algunas versiones, ciertas desavenencias producidas en aquella época dificultaban su acceso a la cartera del Interior. Quienes alabaron el nombramiento destacaban especialmente su firmeza para combatir el terrorismo de extrema derecha en Madrid, tarea en la que estuvo bien apoyado por el jefe superior de Policía de la capital, Francisco de Asís Pastor.

La coordinación entre los distintos departamentos y la mejora de la imagen de las Fuerzas de Orden Público parecieron desde el principio los objetivos primarios de Juan José Rosón, que cuando acumuló la suficiente experiencia en el cargo nombró a Francisco Laína director general de la Seguridad del Estado, con categoría de secretario de Estado. Bajo su mando quedaron tanto el Cuerpo Superior de Policía y la Policía Nacional como la Guardia Civil. Por primera vez existía un mando unificado, al menos en teoría.

Se trató después de resolver los problemas que planteaban el terrorismo de los GRAPO y de la extrema derecha, y de centrar la lucha contra ETA en tres objetivos: aislamiento social, apoyo de Francia (para lo que se precisaba la colaboración del departamento de Exteriores) y eficacia en el combate directo contra los terroristas. Comandos incontrolados comenzaron a atacar a terroristas de ETA en su refugio francés, aunque el ministerio del Interior negó cualquier vinculación con estas actuaciones al margen de la ley.

En lo que a los GRAPO se refiere, Rosón se encontró con el problema derivado de la fuga, no suficientemente esclarecida, de cinco importantes dirigentes de este grupo de la cárcel de Zamora durante el mandato de su antecesor. Esta fuga permitió unas de las interminables reorganizaciones de los GRAPO, que entonces, como en otras ocasiones, se consideraban controlados. En la actualidad, el elemento más importante de los GRAPO que se encuentra en libertad es Juan Martín Luna, el único de los cinco fugados de Zamora que no ha sido apresado o muerto. Pero el grupo terrorista trata de rehacerse y el pasado miércoles consiguió un importante golpe de efecto, con la colocación simultánea de más de veinte bombas en trece ciudades españolas, acción que está muy en su línea estratégica de sembrar desestabilización en las fases clave del proceso democrático español. Y plantea, una vez más, la incógnita de saber cómo es posible la reaparición sistemática de un grupo terrorista al que se ha dado por desarticulado en varias ocasiones.

Tres importantes pasos atrás

Respecto al terrorismo de extrema derecha, en lo que va de año no se ha registrado ninguna acción importante de este signo. Tras la detención de los responsables de la bomba colocada en EL PAIS en octubre de 1978, y el de los revoltosos de este signo que provocaban frecuentes problemas en Valladolid, el terrorismo de extrema derecha "se da por extinguido", según fuentes del departamento de Interior.

Los casos de Arregui, de Almería y del bar Hendayais fueron tres serios tropiezos en la lucha por el aislamiento social de los terroristas, al tiempo que supusieron una justificación moral para la no colaboración de las autoridades francesas. El caso de Joseba Arregui, muerto el 13 de febrero de 1981 en manos de la policía, fue especialmente grave, ya que se produjo cuando más bajos eran los índices de respaldo popular a ETA, tras el asesinato de José María Ryan, ingeniero de Lemóniz. La investigación ordenada por Juan José Rosón para delimitar las responsabilidades (investigación que ha seguido adelante y que dio lugar el pasado viernes a la petición de tres meses de prisión para los inspectores Julián Marín y Juan Antonio Gil, por presuntos malos tratos al detenido) produjo fuertes traumas en la policía, con una cadena de dimisiones. El director general, José Manuel Blanco Benítez, dimitió del cargo y hoy ocupa un oscuro puesto de comisario en Huelva. Otros se echaron atrás de su decisión inicial, y uno de ellos, José Luis Fernández Dopico, es quien ocupa hoy el puesto dejado vacante por Blanco Benítez.

Respecto al caso Almería, saldado con la muerte de tres jóvenes que fueron confundidos con tres etarras, produjo un efecto terriblemente negativo en lo que se refiere a la colaboración ciudadana. El hecho de que la confusión naciera del informe de una persona que creyó reconocer en las tres víctimas del trágico error a tres etarras cuyas fotos publicó la Prensa se convirtió en un gran freno para que otros ciudadanos se decidieran a facilitar informaciones de este tipo.

Por lo demás, la aparición pública de Juan José Rosón para explicar el trágico error, dando por buena la versión del teniente coronel Castillo Quero, fue uno de los puntos más oscuros de su gestión. Algunas fuentes próximas al ministro justificaron su actitud en aquellos días como un sacrificio personal para aplacar cierto nerviosismo entre la Guardia Civil, que consideraba los ataques al responsable del suceso como ataques al cuerpo.

En el caso del bar Hendayais, en Francia, tres individuos atentaron contra la vida de un etarra (no le alcanzaron y sí mataron a dos ciudadanos franceses) y cruzaron violentamente la frontera perseguidos por la policía del país vecino. Detenidos en España, fueron después puestos en libertad. Desde entonces no ha habido aclaración de aquellos sucesos. El Ministerio sostuvo que los tres individuos en cuestión no fueron los autores del atentado, sino las víctimas frustradas del mismo, y en cualquier caso se negó desde entonces a facilitar información sobre el. suceso. A partir del escándalo que supuso este hecho fue decreciendo la actividad de estas bandas armadas.

Evidentemente, ninguno ¿te estos tres casos contribuyó en nada a restar respaldo popular a los terroristas y mucho menos a convencer a Francia de que colaborase en la lucha contra ellos. Todavía el pasado día 15 un editorial de Le Monde hacía referencia al caso Arregui como un argumento contrario a la concesión de extradiciones.

En el tercer frente, el que podríamos conocer como combate puro contra los terroristas, Juan José Rosón decidió la discutida promoción de Manuel Ballesteros al cargo de director del Mando Unico de la Lucha Contraterrorista, creado en marzo de 1981 como el definitivo intento de coordinar a todas las fuerzas en lucha contra el terrorismo. Manuel Ballesteros, comisario general de Información, era un hombre relacionado por muchos con la lucha sucia contra ETA, y su nombramiento fue muy impopular en principio debido a su pasado junto a hombres como el denostado supercomisario Conesa. Cuantas veces se criticaba la permanencia al frente de la lucha antiterrorista de hombres con un pasado represor, los hombres de Rosón respondían que eran los más eficaces.

El gabinete de imagen del Ministerio y el lugarteniente del propio Ballesteros, Joaquín de Domingo Martorell, jefe de la Brigada Central de Información, han hecho un esfuerzo por conseguir que la impresión general cambiara. De ser un hombre acostumbrado a moverse en los oscuros despachos de la DSE, Manuel Ballesteros pasó de la noche a la mañana a los frecuentes almuerzos con los periodistas y a los viajes en busca de contactos e intercambios con los servicios secretos de otros países, y sus actividades fueron noticia frecuente en la Prensa. Su estrategia de ataque directo a los elementos menos importantes de. ETA (comandos de apoyo, información e infraestructura), dio lugar a numerosas detenciones, que crearon un vacío operativo en la estructura del grupo terrorista, principalmente en lo que se refiere a los comandos legales, y obligó a intervenir a los elementos más importantes, los liberados o ilegales, que tienen su base en Francia, no sólo para las acciones de máxima envergadura, como venia ocurriendo antes, sino para mantener un ritmo de acoso al Estado en agresiones de menor importancia.

Las negociaciones

Pero lo que más decisivamente marca la línea de la lucha de Rosón contra el terrorismo de ETA es su opción por otras vías, aparte de las policiales. En el libro de registro de entradas del Ministerio del Interior aparecen decenas de veces los nombres de Juan María Bandrés o Mario Onaindía. A través de estos dos dirigentes de Euskadiko Ezkerra, el ministro ha tratado de resolver el problema de la reintegración en la sociedad de los terroristas.

Las negociaciones tuvieron su origen cuando, a raíz del 23-F, ETApm decidió una tregua en la lucha armada a fin de no ser utilizada como pretexto para nuevos intentos golpistas. Al cabo de un año de conversaciones, se llegó a buena disposición de ánimo para negociar la situación de unos cincuenta exiliados y veinte presos. La negociación era difícil y se hacía preciso llevarla con habilidad, porque las tensiones que provocaba por uno y otro lado eran enormes. Herri Batasuna explotó lo más posible la expresión terroristas arrepentidos, la misma que se utiliza para los de las Brigadas Rojas italianas, que reciben el indulto a cambio de información. De esta manera, se asocia a quienes se beneficien de estas medidas con la figura del chivato.

Pero a pesar de las dificultades, la negociación ha seguido adelante, y tras provocar la escisión de ETApm en las VII y VIII asambleas (los primeros decididos a dejar las armas, y los segundos partidarios de seguir la lucha, pero ya con la sola intención de forzar estas negociaciones) comenzó a alumbrarse un principio de solución definitiva para la rama político militar de ETA. En cualquier caso, la opción por esta vía ha sido considerada en muchos sectores como el gran acierto político de Rosón y le ha merecido los elogios de las más altas instancias del PNV en la reciente celebración del Alderdi Eguna.

En el extremo contrario quedan, como ya queda dicho, los tres errores claves durante la gestión (Arregui, Almería y bar Hendayais) y el costo en detenciones que supone la táctica seguida por Manuel Ballesteros, con la consiguiente carga de denuncias por presuntos malos tratos a detenidos.

No obstante, el acontecimiento más importante de esta etapa ha sido el 23-F. La actuación de Francisco Laína -hombre muy próximo a Suárez- durante aquella noche puede considerarse de capital importancia. En su despacho se centralizaron las operaciones de defensa del Estado. Tomó contacto con los gobernadores civiles para tener conocimiento de la situación fuera de Madrid y convocó la junta de subsecretarios, que produjo un efecto moral importante en la población. Frente a eso, se presenta como un fracaso de los servicios de información de la Guardia Civil el hecho de que el golpe no fuese detectado. El golpe sorprendió al general de brigada Antonio Rodríguez Toquero, entonces jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil y hoy responsable del CRISDE, de safari en Suráfrica.

En el capítulo de desaciertos de Francisco Laína se encuentra el haber admitido la injerencia en su departamento del presidente de la Compañía Telefónica Nacional de España, Sánchez Terán, que impuso la confección de un comunicado conjunto entre el ministerio del Interior y la Telefónica para desmentir una información aparecida en EL PAIS en la que se afirmaba que se había retrasado la puesta en práctica de las medidas de seguridad aprobadas para la protección del edificio de la telefónica de Ríos Rosas, que sufrió uno de los más espectaculares atentados de ETA. Pese al mentís, el aplazamiento fue reconocido días después ante el Congreso de los diputados por el propio ministro.

Policía y Guardia Civil

Un saldo positivo de este periodo de tiempo es el cambio de imagen de la policía, iniciado ya desde la época de Martín Villa con el cambio de uniforme de la Policía Nacional, un cuerpo que hoy es visto por los ciudadanos de toda España de una manera distinta a como lo era, pocos años atrás. La gestión al frente de este cuerpo de Sáenz de Santa María, uno de los principales pilares en que ha podido apoyarse Rosón, primero, y de Alcalá Galiano, después, ha sido eficaz en esta línea. Las intervenciones de los GEO en el rescate del doctor Iglesias y de los rehenes del Banco Central de Barcelona dejaron la impresión de que existe una policía eficaz y moderna, si bien en el segundo de los casos las contradictorias informaciones sobre los asaltantes empañaron el éxito policial.

En lo que se refiere al Cuerpo Superior de Policía, el nombra miento de Fernández Dopico como director general de la Policía, cargo que aglutina el mando sobre el Cuerpo Superior de Policía y la Policía Nacional, pareció responder a un criterio puramente profesional. El nombramiento para este puesto de uno de los hombres que participaron en el plante del caso Arregui mereció fuertes críticas de la oposición, aunque accediera al cargo con el apoyo de los dos sindicatos de la policía. Una de sus primeras actuaciones en público fue su trabajo como coordinador de las fuerzas que cercaron el Banco Central de Barcelona y resultó un desastre por las continuas intromisiones de otros mandos. De los asaltantes se dijo sucesivamente que eran guardias civiles golpistas, miembros de la extrema derecha, anarquistas y finalmente, delincuentes comunes.

En cualquier caso, en este periodo se ha mejorado el nivel de estudios de la policía y se ha comenzado a desmontar el dominio de determinados grupos. Vale como ejemplo la separación de José Antonio Fernández Pacheco, Billy el Niño, de las Unidades Antiterroristas. Billy el Niño ha abandonado la policía y trabaja como jefe de seguridad de una empresa fabricante de camiones. Las convulsiones internas del cuerpo, con dos sindicatos de líneas distintas (la USP, minoritaria y progresista, y el SPS, mayoritario y conservador) son, sin embargo, reflejos de que la situación aún no está plenamente resuelta.

Otra de las notas que han caracterizado la ejecutoria de Rosón ha sido su especial tratamiento a la Guardia Civil. Rosón ha intentado atraerse en lo posible a este cuerpo, cuya integración en el Ministerio del Interior no era bien vista por muchos de sus mandos, que siempre han preferido relacionarse con el Ejército. Rosón ha detraído dinero de otras partidas para incrementar notablemente la de inversiones y, dentro de ésta, se ha volcado en mejorar las condiciones de vida de la Guardia Civil, con construcción y mejora de casas-cuarteles. Para la Guardia Civil se han comprado en este tiempo cinco casas, se han construido 184 y se han realizado importantes reformas en 52. En una ocasión en que sobró dinero de una partida se compraron dos centenares de televisores en color para enviarlos a puestos de la Guardia Civil.

Actuando con tacto y mostrándose menos enérgico que con los otros cuerpos, Rosón ha intentado un avance en este terreno, aunque fuera a costa de su discutida aparición pública con ocasión del caso Almería. Cabe recordar que dio un viva a la Constitución en el acto de entrega del fajín a Aramburu Topete en la escuela de Valdemoro, y que ha conseguido reunir en muchas entregas de banderas por toda la geografía española a jefes locales de la Guardia Civil con alcaldes pertenecientes a partidos de izquierdas. Pero, pese a la indudable colaboración que en este terreno le ha ofrecido Aramburu Topete, la imagen de la Guardia Civil no es muy distinta que al comienzo de su gestión.

El saldo final en el apartado de orden público es el descenso de los índices de delincuencia ciudadana, alarmantes pocos años atrás, así como en los de acciones terroristas. La situación hoy, pese a distar mucho de la ideal, es mejor que tres años atrás. En su debe están, aparte de los puntos oscuros de su gestión ya citados, dos periodos de abandono del ministerio, con ocasiones del congreso de UCD en Palma y de la elección como jefe de la UCD de Madrid de Miguel Doménech, en cuya campaña participó.

La creación de la Dirección General de Protección Civil es otro legado de esta etapa. El Mundial de Fútbol, el accidente del DC-10 de Málaga, los incendios forestales y las ayudas a las zonas más afectadas por la sequía han sido los campos de operación de este departamento, cuya tarea no ha recibido críticas. Tampoco ha presentado problemas el funcionamiento de la Dirección General de Tráfico, que ha llevado a cabo con normalidad sus planes de seguridad vial. Política Interior ha hecho frente a doce consultas electorales de carácter autonómico, al nombramiento de delegados gubernativos en las comunidades autónomas y a la adecuación de las funciones de los gobernadores civiles a la administración periférica propia de un Estado autonómico.

Y quedan como medidas polémicas la modificación de la ley de concesión y prórroga de estancia para ciudadanos extranjeros, de carácter restrictivo, y las normas sobre el juego de abril de este año, destinadas a frenar la invasión de establecimientos públicos por parte de las máquinas tragaperras.