La Diputación Permanente del Congreso, ante el último golpe

LA SESION celebrada ayer por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados dedicó el primer punto del orden del día a escuchar la información del Gobierno, presentada por el titular de la cartera de Defensa, Alberto Oliart, acerca de la última intentona golpista proyectada para el 27 de octubre, víspera de las elecciones legislativas. Su desarrollo, en ausencia inexplicable del presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, no constituye precisamente un estímulo valioso que contribuya al necesario prestigio de las instituciones en un momento en que se hallan bajo amenazas tan poderosas y persistentes. Como resumió el líder socialista Felipe González a los periodistas, la utilidad de la reunión no ha sido mucha en lo que se refiere al esclarecimiento de los hechos. Tampoco la Diputación Permanente acordó declaración institucional alguna ni debatió proyectos de resolución o mociones. Todo quedó en un diálogo que recordaba demasiado al llamado método Ollendorf.

El ministro de Defensa pareció pendiente más bien de un auditorio muy lejano del salón de sesiones del Congreso. Resultaba extravagante la insistencia y detenimiento con que aclaraba la forma en que se habían llevado a cabo las detenciones de los encartados. Minuciosamente explicó cómo se encomendó la misión al general Bendala y la forma en que se le advirtió que instruyera a cada uno de los detenidos de los derechos constitucionales que le asistían para negarse a prestar declaración salvo en presencia de su abogado y otros detalles y garantías procesales. Un diputado comentaba tras esta exposición que si algún día se viera en ese trance le gustaría ser tratado con el mismo rigor demostrado con los procesados del 27-O que proyectaban nada menos que un golpe de Estado.

Las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios llevaron hasta la sala las preocupaciones de la opinión pública, pero no consiguieron arrancar ni un adarme de información adicional. El ministro invocó las obligaciones derivadas de la ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código de Justicia Militar acerca del secreto del sumario y la necesidad de no entorpecer las investigaciones en curso para reservarse la respuesta a las numerosas preguntas que le fueron formuladas. Algunos intervenientes, como Javier Moscoso, del Partido de Acción Democrática, y Marcos Vizcaya, del Partido Nacionalista Vasco, acotaron de manera más estricta las obligaciones del citado secreto, que, en su opinión, no afecta en este caso al ministro, que ha tenido conocimiento del asunto por otras vías ajenas a la instrucción judicial. En apoyo de sus tesis adujeron la práctica observada en otros casos, como el de la colza, pero todo fue en vano.

Nadie regateó al ministro su felicitación por el servicio prestado en esta ocasión por el CESID, pero hubo una coincidencia unánime en considerar escandaloso el régimen de prisión observado con los condenados en primera instancia en el proceso del 23-F. Otras muchas advertencias se escucharon durante la sesión recriminando al titular de Defensa su política de paños calientes y falta de energía, a la que se atribuyó la persistencia de la denominada constante golpista. Tampoco el líder de la oposición socialista, que huyó hasta de la apariencia de confrontación, pudo obtener alguna respuesta concreta a las concisas preguntas que formuló y que quedaron flotando en el aire. En definitiva, una convicción se impuso al finalizar las tres horas y media de debate: el Gobierno sigue emplazado a demostrar con más detenciones y detalles la realidad de un intento de tal magnitud fijado a veinte días vista o se abrirá camino cualquier explicación tendente a causar efecto sobre las urnas.

Y una última observación sobre el turno consumido por el líder de Alianza Popular, Manuel Fraga, quien llegó a afirmar sobre el problema del golpismo "que no basta condenarlo, hay que procurar entenderlo. "No conozco ningún país del mundo en que el sistema militar sea insensible a los problemas que afectan a la ruptura de la integridad territorial, al grave hundimiento del orden público y al asesinato de generales". La respuesta vino de parte del propio ministro del Interior, Juan José Rosón, para asegurar que en otra ocasión dramática se buscó un pretexto en el terrorismo, en cuyo combate se ha mejorado notablemente, y que ahora el planteamiento es mucho mas lineal: se trata de destruir el Estado constitucional y no se buscan argucias de ninguna índole. En las propias filas militares, gravemente amenazadas por los golpistas, como destacaron algunos de los portavoces en sus palabras, no han dejado de producir malestar esas llamadas a entender de Fraga, porque es ajeno y ofensivo al espíritu castrense cualquier petición de indulgencia, así como disimular o reducir la exigencia con la que corresponde juzgar a los ejércitos. Quienes piensan congraciarse con la gran familia militar sobre esas bases yerran de medio a medio.