El juez decreta el ingreso en prisión de tres directivos de la inmobiliaria Promocisa, acusados de estafa continuada

José María Gil Sáez, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, ha dictado auto de procesamiento por supuesta falsedad y delito continuado de estafa contra cuatro directivos de la inmobiliaria Promoción y ha dispuesto también el ingreso en prisión sin fianza de tres de ellos: Luis Béjar Motalvo, presidente del consejo de administración; Saturnino Divasson Cilvetti, accionista de la empresa; y Luis Jiménez Redondo. Los dos primeros quedaron recluidos ayer en la cárcel de Carabanchel. El paradero de Jiménez, domiciliado en Alcudia (Valencia), era desconocido al cerrar, esta edición.

Además, el juez estableció que Josefa Polo Santamarina, accionista también procesada, quede en libertad bajo fianza de dos millones de pesetas, al igual que José Arias González, director regional del Banco Central, contra el que ha dictado auto de procesamiento por un presunto delito de falsedad en documento público. En el marco de estas decisiones, el juez ha decretado la presentación de una fianza de 2.000 millones a pagar por Promocisa y de otros 78 millones al Banco Central.Manuel Matamoros, abogado de las aproximadamente 2.300 familias que forman la Asociación de Afectados de Promocisa, expresó ayer la satisfacción que ha supuesto para sus defendidos la noticia sobre las decisiones del juez.

El juez que lleva el caso procedió con sumó sigilo, tal vez para evitar la hipotética desaparición de los procesados. Incluso el abogado de los supuestos estafados se enteró de las detenciones después de practicadas (se produjeron a las seis de la mañana de ayer).

Gran escándalo inmobiliario

Mientras continúa el proceso judicial, la asociación de afectados está en negociaciones con el Gobierno socialista. Según lo tratado hasta ahora, se estudia la posibilidad de que el Gobierno devuelva a los afectados los aproximadamente 6.500 millones de pesetas que entregaron a Promocisa, más el 6% de interés. Las 2.300 viviendas contratadas serían concluidas por una sociedad promovida por la Administración y posteriormente puestas a la venta.

El caso Promocisa ha sido calificado como uno de los grandes escándalos inmobiliarios de la democracia española. Los 2.300 compradores de pisos de la citada inmobiliaria se quedaron sin las correspondientes viviendas que Promocisa debía haber construido en el parque, Estoril (Móstoles), parque La Coruña (Villalba) y parque Cataluña (Torrejón de Ardoz), a pesar de que, en total, habían entregado a la empresa unos 2.900 millones en efectivo y 2.500 en letras. Las primeras investigaciones de los afectados permitieron vislumbrar la magnitud de lo ocurrido. Las cantidades a cuenta, según una ley de 1968 -dictada, precisamente, para evitar que se repitiera lo sucedido en otro gran escándalo anterior, el de Nueva Esperanza-, deben ser ingresadas por la empresa en cuentas bancarias especiales; los bancos que las reciban deben velar, a su vez, por que el dinero depositado no se emplee más que en las obras de construcción de las viviendas, lo que supuestamente no ocurrió y ha causado el procesamiento de José Arias; y Promocisa debía haber firmado pólizas de seguros para garantizar a los compradores la devolución de las cantidades, más un interés del 6%, en caso de que, por cualquier motivo, los pisos no les fueran entregados.

Sin embargo, Promocisa, inmersa en un proceso arriesgado de expansión, utilizó las cantidades entregadas por los compradores para la adquisición de solares destinados a otras futuras promociones. De esta forma, llegó un momento en tuvo que paralizar las obras por falta de liquidez, al margen de dejar deudas con otros acreedores por valor de 2.000 millones de pesetas. La querella por presunta estafa fue presentada el 15 de junio de 1981. Desde entonces, los afectados han efectuado constantemente manifestaciones y encierros, y pidieron durante este tiempo, el apoyo del Gobierno y la agilización de los trámites. Finalmente, dos años después, se han producido los primeros encarcelamientos, a la espera todavía del juicio definitivo por esta presunta estafa.