El Gobierno, tras 13 horas de reunión, no pudo liquidar todos los temas pendientes

El Consejo de Ministros, en su última reunión, que tuvo una duración extraordinaria -trece horas-, aprobó un voluminoso paquete de medidas, resolviendo parcialmente el atasco legislativo pendiente de ser resuelto antes del verano. Entre estas medidas destacan varias que afectan a los ministerios de Justicia -en especial, sobre cancelación de antecedentes penales-, Obras Públicas -se aprobaron inversiones por 17.000 millones de pesetas-, Educación y Economía; en este último Departamento se dió el primer paso hacia la reprivatización de Rumasa. Sin embargo, el volumen de temas qne el Gobierno desea tener resueltos antes del otoño forzó la convocatoria de un nuevo Consejo, el día 3 de agosto, en Madrid, anterior al que, el día 4, tendrá lugar en Palma de Mallorca bajo la presidencia del Rey.

El Ministerio de Justicia, uno de los más activos en los ocho meses de Gobierno socialista, presentó al Consejo un real decreto, que fue aprobado, sobre cancelación de antecedentes penales, consecuencia del desarrollo de la reciente reforma del Código Penal (este Ministerio tiene pendiente aún la elaboración de un nuevo Código, que sustituya por completo al ahora vigente). La cancelación se producirá de oficio cuando se cumplan los requisitos y plazos establecidos en el Código Penal y también en los casos de faltas menores contra la propiedad y supuestos análogos.

Suben la tasas universitarias

Igualmente, se envió a las Cortes el proyecto de Ley Orgánica reguladora del procedimiento de habeas corpus, largamente detenido por divergencias entre los ministerios de Justicia e Interior. El procedimiento de habeas corpus supone que toda persona legalmente detenida o internada en cualquier establecimiento, y cuya detención se prolongue más de lo legalmente autorizado o se mantenga en condiciones ilegales, puede solicitar del juez que decrete la ilegalidad de la detención y la ponga en libertad. El procedimiento se puede iniciar no sólo por el detenido, sino también por sus parientes o por el propio juez competente.También dentro del área de Justicia, se aprobó un proyecto modificando el artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ordena la conservación de efectos que pueden constituir prueba de delitos; ahora, algunos de tales efectos, susceptibles de ser peligrosos, pueden ser destruídos.

En Educación, fueron aprobados dos importantes reales decretos: uno de ellos regula el sistema de becas y otras ayudas al estudio, tratando, según se afirma en la explicación de motivos, de "erradicar la desigualdad de oportunidades en materia educativa": para la concesión de las becas se establece una fórmula matemática que permitirá cuantificar y ordenar informáticamente las solicitudes, ajustándolas a los créditos presupuestarios disponibles. El otro real decreto aumenta las tasas universitarias en un 15,5% para las carreras no experimentales, y en un 16,6% para las experimentales. Ello significa que la matrícula en una Facultad no experimental costará unas 25.000 pesetas de media, y unas 38.000 pesetas en las experimentales. El pago de las nueva matrículas se podrá realizar de forma fraccionada: la primera parte al formalizar la inscripción y el resto en diciembre.