La Audiencia confirma los procesamientos de cinco directivos de la inmobiliaria Promocisa

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado los procesamientos por presuntos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil de Saturnino Divasson Cilbetti, Luis Constantino Jiménez Redondo, Luis Béjar Montalvo, Josefa Polo Santamaría y José María Arias González, directivos de Promociones y Construcciones Residenciales SA (Promocisa).El Tribunal ha concedido la libertad provisional bajo fianza de dos millones de pesetas a Divasson y Béjar, que estaban desde hacía un año en prisión preventiva, y para Luis Constantino Jiménez, que se encuentra en el extranjero. Los otros dos procesados ya estaban en libertad provisional.

Según el auto dictado por la Audiencia Provincial, "del conjunto de actuaciones testimoniadas y elevadas a este Tribunal se deducen indicios racionales de que los procesados Josefa Polo, Luis Béjar, Luis Constantino Jiménez y Saturnino Divasson consiguieron de los prejudicados la entrega de unas cantidades de dinero, a cambio de una contraprestación futura -la construcción y entrega de una vivienda-, que aquellos simularon era posible y viable, cuando en realidad no lo era, dada la situación de crisis que atravesaba Promocisa". "Mientras los compradores fueron haciendo sus prestaciones de pago de los plazos pactados del precio", añade el auto, "los procesados no cumplieron los suyos de terminar las viviendas en el plazo convenido. Muchas están sin empezar y otras sólo en parte ejecutadas".

Según el tribunal, no han sido desvirtuados los indicios apreciados por el juez instructor de que los dueños y representantes de Promocisa faltaron a la verdad en muchos contratos de venta de pisos y en las pólizas de seguro concertadas para garantizar la devolución de las cantidades anticipadas por los compradores. Los directivos de Promocisa hicieron constar que esas sumas se ingresaban, en cuentas bancarias especiales, lo que no era cierto en muchos casos, lo que contribuyó a la defraudación de los compradores.

Las actuaciones de los procesados podrían constituir un delito continuado de estafa, al que corresponde una pena de 6 a 12 años de prisión, y otro, también continuado de falsedad documental, para el que la pena oscila entre 6 meses y 6 años.